Guerrero informó sobre 5to autobús, piden citar a exfiscal

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron este lunes, luego del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam, después del fiasco de su “verdad histórica”.

Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo karam fue informado al respecto.

“Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación, hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz.

En breve entrevista con los medios de comunicación, el Fiscal guerrerense se negó a abundar sobre las indagatorias “porque es un caso delicado”.

“Estoy por reunirme con la procuradora General de la República, todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo único que te podría decir por que ellos son los que llevan la investigación”, agregó.

Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso institucional con la verdad”.

Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas.

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“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.

También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia.

“Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de alta seguridad para los ‘más peligrosos’. Nada de esto ha resultado en un país más seguro ni menos impune”, expusieron.

Datos de la más reciente ENVIPE, publicados el 2 de septiembre pasado, muestran que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar están circunstancias directamente atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios encargados de la impartición de justicia, con 65.6 por ciento.

Por ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal demandó públicamente que las instituciones de justicia federal “reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos de las víctimas”.

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Además exigió “verdad, justicia y reparación”, pues expuso:

“Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”.

La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el ex Procurador Jesús Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del expediente de los 43 normalistas, puede ser investigado de oficio, sin necesidad de una denuncia.

El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.

“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.

Desde los peritos de la Procuraduría General de la República que sostuvieron la versión de la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero, hasta Murillo Karam pueden responder por el caso, afirmó.

La pena de encontrarse culpables de algún delito puede ser desde la separación del cargo, que en el caso de Murillo Karam ya no aplica, hasta las inhabilitación por una cantidad determinada de años para ser servidor público, explicó.

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“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos. Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera express”, planteó la abogada.

“Hoy la PGR tiene dos vías para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores”, afirmó.

En tanto, Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos devela que es altamente cuestionable el nivel de investigación criminal en México.

El abogado penalista afirmó que el impacto más inmediato de las recomendaciones del GIEI es político y mediático, ya que refuerza la falta de credibilidad en la investigación oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Ante esta realidad, la Procuradora Arely Gómez ordenó que se realizara un tercer peritaje para analizar si son fundadas las contradicciones entre lo descubierto por los expertos internacionales y lo informado por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero de este año, cuando anunció la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, el abogado penalista consideró que aunque el resultado del tercer peritaje confirme lo que hoy sólo son sospechas de la sociedad civil, será difícil que fincar responsabilidades a algún servidor o ex servidor público debido a que las recomendaciones del GIEI no tienen efectos jurídicos en los procesos penales que se encuentran en trámite y que la posición de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) persiste en que los 43 estudiantes sí fueron incinerados.

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“Es muy probable que de ese tercer peritaje podamos empezar a obtener conclusiones si nos mintieron o no nos mintieron. Pero ese tercer peritaje solamente tendrá una vinculación ética hacia la PGR y no una fuerza de prueba porque no estará siendo desahogado ante los jueces que ya llevan los procesos”, explicó Gabriel Regino.

Cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el ex Procurador Murillo Karam rinda cuentas por la posibilidad de haber anunciado la conclusión de una investigación basado en hechos que no ocurrieron, el penalista explicó que el tema de las responsabilidades van a fundamentarse, sólo si se comprueba que la información que Murillo Karam recibió era notoriamente contradictoria y que a pesar de ello las dio como validas.

“Estaríamos frente al delito de ejercicio indebido de ejercicio público, lo que le llevaría a la PGR a retirar los procesos penales que tiene en curso e iniciar una investigación penal contra Murillo Karam y aquellos que crearon esta verdad y a reconducir una investigación sobre que sucedió en estos hechos”.

Sin embargo, el especialista consideró poco probable que se puedan fincar responsabilidades al ex procurador, de quien se dice podría en poco tiempo formar parte del cuerpo diplomático de México como embajador en algún país europeo.

“Es difícil que el ex Procurador alcance una responsabilidad porque él es mero titular del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público que investigó ni mucho menos el que consignó. Su responsabilidad quedaría limitada al aspecto político y mediático”, afirmó.

El académico de la UNAM consideró que lo deseable es que un tercer organismo imparcial determine si hay o no contradicciones entre la investigación de la PGR y las observaciones del GIEI, “porque al final del día, la PGR –que pertenece al Ejecutivo federal–, es la única autoridad la que podrá definir si lo que está diciendo la investigación de expertos tiene o no tiene validez”.

Agregó que para poder concluir que la PGR falseó la conducción de la investigación, sería preciso que hubiese una determinación judicial que así lo confirmara.

No obstante, hasta ahora, todos los jueces que han recibido consignaciones por el caso Ayotzinapa han validado la teoría de la PGR. “No hay todavía una sentencia firme de un tribunal mexicano que diga ‘todo esto fue mentira’”.

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Sin embargo, sostuvo que sí existe la percepción en la opinión pública de que se ha mentido o por lo menos de que se desvío la investigación con el ánimo de limitarla a una sola línea de investigación debido a la presión mediática, la urgencia política y el panorama internacional.

El abogado penalista Gabriel Regino consideró que podría haber una trampa en la orden de realizar un nuevo peritaje sobre los hechos ocurrido en Iguala, Guerrero.

“Es decir puede haber los peritajes que usted quiera, pero mientras no se reproduzcan ante los jueces, los jueces no tienen por qué siquiera voltear a mirarlos”, destacó.

Para Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, cuando surge un hecho como el de Ayotzinapa y una reacción como la que tuvieron los tres órdenes de gobierno, lo natural es que la ciudadanía busque a responsables, no en un sentido moral sino penal. Sin embargo, en el caso del ex Procurador Jesús Murillo Karam no puede haber una imputación criminal porque finalmente la PGR tomó la investigación cuando ésta ya había sido iniciada en Guerrero.

“Las primeras diligencias, que son las más delicadas en una averiguación previa o investigación ministerial son las más importantes porque son las más vinculadas a la inmediatez y a las pruebas más puras, que van a dar inicio a una averiguación y una posible consignación y después ya poner las pruebas ante un Juez”, detalló el abogado.

Es decir que, ante un escenario donde la Procuraduría General de la República aceptara que hubo ocultamiento de hechos o mintió sobre el basurero de Cocula, Murillo Karam no podrá ser castigado penalmente a menos que se demuestre que el ex Procurador dio la orden o participó directamente en la alteración de la investigación. Si acaso, explicó el experto, podría recibir un castigo administrativo.

“Sólo podríamos ver a Murillo Karam en prisión si se demostrase que alteró con dolo o imprudencia la escena de los hechos, ahí sí surgiría una averiguación previa al proceso principal”, explicó Santa Rita Tamés, quien agregó que la propia Fiscalía local o autoridades federales –dependiendo del momento: antes o después que la PGR atrajera el caso– tendrían que determinar que hubo irregularidades.

Además, dijo, si se determina que hubo irregularidades en funcionarios de la PGR, antes que haya castigo penal a Jesús Murillo Karam se procederá contra sobprocuradores, fiscales, secretarios, peritos, agentes, policías, que son quienes integran la averiguación.

El jurista adelantó que si se descubren anomalías en la investigación de Ayotzinapa, antes que penales habrá castigo político debido al perfil del entonces Procurador Jesús Murillo Karam.