Deportados con discapacidades mentales podrán reabrir sus casos
Ciertos extranjeros que no tuvieron representación legal durante su proceso de deportación podrían pedir su regreso a Estados Unidos, según un acuerdo judicial
José Antonio Franco es el principal demandante en la acción legal que culminó con esta decisión. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Cientos de deportados con discapacidades mentales en los estados de Arizona, California y Washington podrían regresar al país a pelear de nuevo sus casos, esta vez con representación legal, según un acuerdo extrajudicial aprobado este viernes tras cinco años de litigio por grupos de derechos civiles contra el gobierno estadounidense.
Se trata de extranjeros deportados luego de enfrentar un proceso legal en el que tuvieron que defender ellos solos sus casos a pesar de ser víctimas de discapacidades mentales. En algunos casos, los migrantes con enfermedades mentales languidecieron por años, perdidos dentro de los centros de detención del sistema migratorio.
Hector Villagra, de la Unión de Libertades Civiles Americanas ACLU, dijo que la decisión fue una victoria para el proceso debido bajo la constitución de Estados Unidos. “Este acuerdo asegura que aquellos deportados en violación a las leyes estadounidenses, tengan una oportunidad de reabrir sus casos y quizá, regresar a este país”.
Según los abogados se trata de “cientos de personas” en tres estados del país, aunque no hay una cantidad precisa aún.
En abril de 2013 la jueza federal Dolly Gee de Los Angeles, ordenó al gobierno federal proporcionar asistencia legal adecuada a migrantes en proceso de deportación con problemas o discapacidades mentales que disminuyan su habilidad de entender el proceso o participar adecuadamente en el mismo.
Hasta ahora, el gobierno ha identificado a más de 900 personas afectadas por el acuerdo, pero los abogados indicaron que no es posible saber si todos calificarán o si hay más personas que no han sido identificadas, ya que se encuentran fuera del país.
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Antes de las decisiones en el caso Franco vs Holder, las leyes no requerían ningún tipo de asesoría legal o defensor público en casos de inmigración, sólo en casos de las cortes penales. Los procesos de inmigración son civiles y se realizan en tribunales diferentes a los de los casos penales.
José Antonio Franco es el principal demandante en la acción legal que culminó con esta decisión. El residente de Costa Mesa, de 32 años de edad y con la edad mental de un niño debido a una discapacidad cognitiva, pasó más de 5 años en 4 diferentes centros de detención del Sur de California, sin ir a corte o recibir una audiencia, hasta que un oficial de deportación se apiadó de su caso y llamó a la organización de asistencia legal Public Counsel.
José fue arrestado originalmente por estar en medio de una disputa de pandillas, convicto a un año de prisión y luego puesto a disposición de las autoridades migratorias.
La convicción criminal se llevó a cabo a pesar que su defensor público en el proceso criminal dijo que era discapacitado.
Posteriormente fue entregado a las autoridades de inmigración y un juez inicialmente falló que no estaba capacitado para participar o entender un proceso de deportación. Pero en vez de liberarlo a su familia –su mamá y 11 hermanos viven en diferentes ciudades de California- lo mantuvieron detenido en Santa Ana, Lancaster, San Pedro y San Diego.
En octubre de 2014 la misma jueza ordenó a las autoridades migratorias realizar pruebas de competencia mental durante los primeros 14 días a los detenidos bajo su custodia, para determinar si tienen alguna discapacidad y, de ser así, proporcionarles representación legal gratis.
