Armas y permisos: el negocio redondo alemán en México

Humberto Padgett

Nadie ha señalado que, durante décadas, Heckler and Koch ha licenciado al Ejército mexicano para la fabricación del rifle G-3. Y es con esta arma por delante con que soldados mexicanos han cometido 126 violaciones a los derechos humanos acreditadas. Únicamente de esta arma —la infantería mexicana emplea además una subametralladora y una pistola también de H&K—, el Ejército mexicano ha producido 179 mil 377 mil fusiles.

Los números hablan: al menos 89 mexicanos, entre estos 14 niños, murieron arbitrariamente a causa de las balas disparadas por efectivos del Ejército mexicano en comisiones oficiales. Así que esas muertes llevan las siglas de H&K.

¿Cómo y a cuánto asciende el horror que llega con un fusil G-3, una subametralladora MP-05 o una pistola P-7, las armas de cargo de la tropa mexicana y fabricadas en México bajo licencia de Heckler and Koch?

SinEmbargo analizó las 126 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su creación, en 1990, hasta el presente dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a las garantías cometidas por el Ejército mexicano en el ejercicio oficial de la fuerza.

Es con esas armas por delante que 10 personas permanecen en calidad de desconocidas, que 268 mexicanos sufrieron actos de tortura, que 32 hombres y mujeres fueron violados sexualmente por soldados y que miembros del Ejército perpetraron 401 detenciones ilegales.
El politólogo mexicano con residencia en Alemania Carlos A. Pérez Ricart obtuvo mediante una solicitud de transparencia hecha a la Secretaría de la Defensa Información sobre los orígenes del armamento adquirido por las fuerzas armadas mexicanas.

Descubrió que la SEDENA mantiene acuerdos comerciales con 28 empresas extranjeras: 10 de ellas son estadounidenses, tres españolas, tres checas, dos italianas, dos belgas y dos alemanas. El resto son brasileñas, uruguayas, turcas, israelís y canadienses. Las dos empresas alemanas reconocidas en el documento como importadoras de armamento ligero a México son Carl Walther y Heckler & Koch.

Pérez Ricart cerró la lente para observar de cerca H&K y encontró que, entre 2006 y 2008, esa empresa vendió a México entre ocho mil y diez mil fusiles HK G-36V, HK G-36KV y HK G-36C, todos subtipos del HK G-36 de referencia.

“Se trata de un caso de corrupción que involucra a funcionarios alemanes y mexicanos por igual pero que, mientras en Alemania ha merecido la atención de periodistas, investigadores, partidos políticos y la investigación de la Fiscalía de Stuttgart, en México apenas ha resultado en la sospechosa indiferencia de la clase política”, sostiene Pérez.

Pérez Ricart es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Libre de Berlín en el Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios: Movimientos, actores y representaciones de la globalización”.

“La ley alemana prohíbe la exportación de armas a regiones en conflicto o regiones en donde la eventual llegada de armas pudiera potenciar un conflicto interno. Las recomendaciones emitidas por la CNDH, así como los propios registros de inteligencia del gobierno alemán señalan que el caso mexicano cumple con ambos criterios. Claramente los permisos de exportación no debieron otorgarse”, dice Pérez Ricart

Alemania financia —con su mano izquierda— fundaciones políticas y organizaciones de derechos humanos; con la mano derecha exporta armas y permite a sus empresas formas de operación que jamás admitiría en su territorio. Actúa como potencia capitalista.

Wolf-Dieter Vogel es un periodista berlinés que ha dedicado cuatro años de su experiencia en entendimiento del negocio de las armas de su país con México.

Nunca le han permitido ingresar a la fábrica de H&K, pero también ha documentado las relaciones comerciales entre la marca y el Ejército mexicano y encuentra que el principal negocio de la armería alemana entre el Ejército mexicano es licencia que la primera ha vendido al segundo.

“Antes ocurrió la polémica entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Economía, porque algunos oficiales de alto nivel de Economía están en una relación muy cercana con la empresa Heckler and Koch. La exportación y los permisos fueron exactamente en 2006, cuando inició la guerra de Calderón”.

En noviembre de este año, el gobierno alemán emprendió acciones contra seis directivos de H&K por la venta de armas que terminaron en Guerrero y vinculadas a la represión de estudiantes de Ayotzinapa en que murieron dos muchachos el 12 de diciembre de 2011, evento precedente del que conllevó a la desaparición forzada de 43 alumnos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

También se acreditó la existencia de rifles G-36 en Chihuahua en manos de policías estatales.

Pero, sobre las licencias vendidas al Ejército mexicano para fabricar el G-3, nadie, ni en México o en Alemania, han dicho nada.