Combatir el robo de salario será una batalla clave en 2016

Nueva York— El puñado de dólares que ganaría por una semana de trabajo serviría para pagar el alquiler de su habitación, en un apartamento en Staten Island, pero el robo de su salario obligó al jornalero Medardo Mendoza a enfrentar el desalojo.

“El empleador exigió un número de seguro social para pagarme”, contó el trabajador de la construcción. “El miedo nubló mis pensamientos. Me sentí culpable por no ser capaz de poner una cena digna en la mesa de mi familia”.

Mendoza, un inmigrante reciente de 29 años, admitió que desconoce sus derechos más fundamentales y las leyes laborales estadounidenses, situación que el contratista aprovechó para no pagarle.

“Cada dólar es un tesoro cuando lo único que tienes en los bolsillos es la fe de que ese día encontrarás un trabajo”, dijo Medardo. “No hay jornalero en las paradas de esta ciudad que no haya sido robado”.

El Centro del Inmigrante, en Staten Island, está en proceso de recuperar el salario robado de Mendoza y de otros trabajadores por día víctimas de empleadores inescrupulosos. El 65% de las reclamaciones de los jornaleros que recurren a la organización, están vinculadas a esa violación.

“Es un doble desfalco a la economía de los hogares latinos. Las esposas de los jornaleros, quienes se desempeñan como empleadas de casa, también sufren el robo de salario y la marginación”, dijo Jorge Torres, organizador comunitario de El Centro.

El activista afirmó que el 90% de los jornaleros que frecuentan las 30 paradas en el sector de Port Richmond han enfrentado, al menos una vez, la violación de sus derechos laborales y el robo de salario.

Torres agregó que la burocracia en los procesos de investigación y reclamación emprendidos por agencias de la Ciudad y del Estado, motiva a las organizaciones a intervenir en la recuperación de salarios robados, por medio de la negociación directa con los empleadores o protestas frente a los negocios que infringen la ley.

“Los abogados declinan representar a clientes que reclaman unos cientos de dólares en salarios robados, y las agencias tienden a priorizar los casos colectivos por encima de los individuales”, expresó Torres. “El desafío para 2016 será el mismo de la última década, que es presionar para endurecer las leyes que castigan el robo de salario y la negligencia patronal”.

En agosto, la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, designó $500,000 a distintos centros de trabajadores en los cinco condados para financiar sus labores comunitarias y de educación. El Centro del Inmigrante, New Immigrant Community Empowerment (NICE) y Bay Parkway Community Job Center son parte de los beneficiados.

Manuel Castro, presidente de NICE, dijo que los fondos son vitales para reforzar la organización de los jornaleros y trabajadoras domésticas de Queens.

“Las paradas son un referente para los inmigrantes recientes y los centros de trabajadores comúnmente reciben la primera llamada de auxilio en casos de robo de salario”, dijo Castro, quien calificó como histórica la inversión de la Ciudad.

Castro agregó que el robo de salario es el asunto que ocupará a la red de jornaleros y centro de trabajadores de Nueva York en 2016. El año venidero, NICE impulsará una campaña que regularizaría a los contratistas sin licencia.

“También pediremos a la Ciudad que considere las violaciones laborales y los juicios por robo de salario, como factores determinantes para negar las licencias o la renovación de éstas a los contratistas inescrupulosos”, explicó Castro. “Urge el endurecimiento de las leyes”.

Actualmente, unos 400 jornaleros y empleadas domésticas recurren a los servicios de NICE.

Ligia Guallpa, presidenta del Proyecto de Justicia Laboral (WJP), que organiza al Bay Parkway Community Job Center, dijo que es indispensable criminalizar y perseguir con mano dura el robo de salario.

“Este año es clave en nuestra campaña de cero tolerancia al robo de salario. El problema se ha vuelto una epidemia en Nueva York y en el país”, sentenció. “Los contratistas están evadiendo su responsabilidad de pago, pese a la persecución de las autoridades. El fallo de un juez o el arresto no es garantía de que el trabajador recuperará su dinero”.

Roberto Meneses, un jornalero de Woodside y miembro del Movimiento Independiente de Trabajadores, coincidió con Guallpa.

“Por demasiado tiempo hemos visto cómo el Departamento de Trabajo falla a favor de los jornaleros, pero los empleadores se declaran en quiebra o desaparecen con sus bienes, dejando a los trabajadores en el limbo”, sostuvo. “No hay una real persecución de los empleadores que quiebran la ley, en especial de aquellos que reinciden”.

Los jornaleros no afiliados a organizaciones, como Meneses, buscan que Nueva York impulse leyes similares a la pionera SB588 de California, que logra el pago retroactivo de los trabajadores cuando los empleadores evaden juicios estatales declarándose en quiebra y reabren sus negocios con prestanombres, o porque transfieren sus bienes a otras corporaciones.

Un estudio de 2013 del Centro Laboral de UCLA y de la National Employment Law Project encontró que sólo el 17% de los trabajadores que prevalecieron contra sus empleadores fueron capaces de recuperar cualquier pago retroactivo. En el 60% de los casos, los empleadores habían formado sociedades ficticias para evitar la responsabilidad.