Piden cuatro años de cárcel para Rodrigo Rato, ex gerente del FMI

La fiscalía española busca condenar a los responsables del uso de tarjetas opacas, con las que se llegaron a pagar 15,25 millones de euros, entre 1999 y 2012, en bienes personales no declarados

La Fiscalía Anticorrupción española pide cuatro años y seis meses de prisión para el exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato por el uso de unas tarjetas de crédito opacas durante su etapa al frente de la entidad Caja Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción española pide cuatro años y seis meses de prisión para el exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato por el uso de unas tarjetas de crédito opacas durante su etapa al frente de la entidad Caja Madrid. Crédito: EFE

La Fiscalía Anticorrupción española pide cuatro años y seis meses de prisión para el exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato por el uso de unas tarjetas de crédito opacas durante su etapa al frente de la entidad Caja Madrid.

En su escrito de acusación, remitido hoy a la Audiencia Nacional, Anticorrupción además acusa a los otros 64 usuarios de las tarjetas de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica la atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.

Aparte de Rato, destaca la petición de seis años de cárcel para el también expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Con respecto a ambos, la Fiscalía pide, además de las penas de prisión, una indemnización de 9,3 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el período en que cada uno de ellos presidió la entidad.

Esta acusación llega después de que el 23 de diciembre del pasado año el juez instructor del caso, Fernando Andreu, diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas.

Andreu estimaba así “indicios fundados de criminalidad”, ya que éstas “no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales”.

El caso de las tarjetas de crédito opacas afectó a los principales partidos españoles (PP y PSOE), así como a sindicalistas y dirigentes empresariales, que estaban en los órganos de dirección de Caja Madrid, una entidad pública.

Caja Madrid era una entidad pública que, junto a otras seis con las que se fusionó, dio lugar en 2011 a Bankia, nacionalizada por el Estado al año siguiente por las cuantiosas pérdidas que acumuló.

Con esas tarjetas para gastos personales que no eran declarados al fisco decenas de dirigentes gastaron 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012.

En esta nota

España fraude-fiscal
Contenido Patrocinado
Enlaces patrocinados por Outbrain