Editorial: La tensión entre Apple y el gobierno es saludable
Los tribunbales serán los deban decir entre la defensa de la privacidad y el acceso a datos por seguridad pública
La disputa entre el gobierno federal y la empresa Apple es una batalla entre una entidad con poca credibilidad para usar discrecionalmente su poder y una compañía que protege su imagen para mantener un modelo rentable empresarial. En el medio de la pugna está el público, tironeado entre el derecho a mantener privada la información contenida en su iPhone y la seguridad pública que exige un mayor acceso a información por parte de las autoridades en una época de amenazas y atentados terroristas.
La discusión es sobre un teléfono iPhone 5C de Syed Rizwan Farook, uno de los autores de la matanza en San Bernardino. El FBI quiere saber el contenido de las últimas semanas para ver si hay otro terrorista y el motivo que causó el ataque en ese momento. Para eso recurrió a los tribunales, consiguiendo que un juez ordene a Apple un programa para abrir exclusivamente ese teléfono. El presidente de Apple, Tim Cook, se niega a obedecer la orden judicial, asegurando que eso perjudicará la privacidad de sus clientes que estarán expuestos a hackers y al espionaje del gobierno.
El gobierno hace tiempo que está frustrado por los avances de la tecnología de encriptación que dificulta sus investigaciones. Pero hay una desconfianza general sobre el acceso gubernamental después de la filtración del técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. La filtración también dejó mal parado a un sector privado que trabajó con las autoridades sin decirlo a sus clientes. Incluso Apple ya había trabajado con el FBI en abrir teléfonos en casos menos publicitados.
El problema de Apple con la petición del juez es la posibilidad de que “una puerta trasera” al iPhone mine su reputación y su modelo de crecimiento. Por ejemplo con el Apple Pay, un sistema de pago que almacena información financiera en el teléfono. A la empresa le viene bien mostrarse protejiendo la privacidad pública, pero una compañía que elude impuestos como Apple ya mostró que le interesa vender su producto y no el bienestar del estadounidense.
El gobierno vio que el caso de San Bernardino es ideal para resolver de una vez por todas su problema de acceso a datos. La disputa entre el gobierno más poderoso y la empresa más grande del mundo se resolverá por vía judicial o el Congreso. La discusión es saludable porque la obediencia ciega a los designios del gobierno deja un mal precedente.
