Joven preso en España tiene derecho a demandar a México

El caso del mexicano Gonzalo Contreras Rincón, preso en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, España, y sentenciado a nueve años de prisión por el delito de narcotráfico, podría tomar otro giro si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta el caso, lo investiga y descubre que hubo denegación de justicia y violación al debido proceso, coincidieron abogados expertos en Derecho Internacional consultados por SinEmbargo.

De reabrirse el proceso que enfrenta el joven originario de Querétaro y demostrarse su inocencia, además de recuperar su libertad podría demandar a los gobiernos de España y México, dijo Jazmín Sánchez Estrada, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especializada en Derecho Internacional, Privado y Público, Diplomático y Protocolo.

Al Gobierno de España podría demandarlo por sentenciarlo sin un debido proceso y al de México por abandonarlo a su suerte: “Ambos estados pueden ser sujetos de responsabilidad. Hay instancias a donde puede acudir y le harán la observación, en su caso a la [Secretaría] de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Si es el caso de que no se notificó en tiempo y forma al consulado mexicano, o si siendo notificada en tiempo y forma, la embajada consular de México no lo tomó con la debida seriedad”, dijo.

El caso de Gonzalo se presentará próximamente ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, debido a que se agotaron las instancias legales en España. Aún no hay fecha para la apelación, pero si la instancia investiga el caso, podría abrirse una esperanza para el joven.

Iliana Rincón Köster, madre de Gonzalo, indicó que a diferencia de la actuación de las autoridades mexicanas en el caso del ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien salió de una prisión española gracias a la movilización del Gobierno y de la diplomacia mexicana, por su hijo, de 29 años, no han movido un solo dedo para lograr su libertad.

“Me da una rabia terrible, porque comprueba que hay corrupción, impunidad y que en México las leyes, por más buenas que sean, no sirven de nada. Las influencias en México mueven al mundo, si no tienes influencias o conocidos en México puedes ser la persona más inocente y te sigues pudriendo en la cárcel”, dijo Iliana Rincón.

Gonzalo está preso desde octubre de 2012 y fue sentenciado en 2013 a nueve años de prisión por el delito de narcotráfico, también se le impuso una multa de 4 millones de euros.

Desde que fue aprehendido, la madre de Gonzalo ha esperado que las autoridades mexicanas vigilen el proceso de su hijo y lo ayuden a demostrar su inocencia. Pero ha sido en vano, dijo.

LA CARTA A EPN

Iliana Rincón aseguró que en octubre de 2015 envió una carta al Presidente Peña Nieto, con copia a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidiéndole ayuda para resolver el caso de su hijo.

La respuesta fue una misiva en donde le dijeron que conocían el caso y que lo llevaba la Oficina de Protección a Mexicanos en el Exterior.

La madre de Gonzalo le pidió al Gobierno de Peña Nieto ayuda, ya que en octubre de 2015 el joven esperaba la resolución de un recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional de España.

La petición concreta era que México verificara que el proceso se realizara conforme a derecho y no basado en prejuicios raciales.

“Pero no tuvimos ninguna ayuda. Ningún interés real. En el caso de mi hijo fue violado su derecho a la presunción de inocencia”, dijo la madre de Gonzalo.

Gonzalo “fue sentenciado por ser mexicano”, aseguró su madre. El joven vivía en España desde 2007. En ese país estudió Comercio Internacional y una maestría en Comercialización de Vinos y Licores. En 2012 fue invitado a participar en un negocio de importación de mármol.

Él se encargó del papeleo y en uno de esos viajes, había un cargamento de cocaína, por el cual fue acusado y sentenciado.

“Mi hijo es acusado sin pruebas, sentenciado a nueve años de prisión por ser mexicano. Eso fue su peor enemigo, ser mexicano lo hundió. A pesar de que hubo 16 testimonios a su favor, que declararon que el negocio era legal y que desconocía que había drogas adentro del material importado, para los jueces no podía haber un mexicano joven, que no fuera narco”, dijo.

Pedro Labariega Villanueva, especialista en Derecho Internacional, opinó que lo único que puede ayudar a Gonzalo es que alguna instancia internacional encuentre que hubo denegación de justicia; es decir, si fue detenido, se le señaló como presunto responsable y no se siguió legalmente un proceso.

Labariega ejemplificó el caso de la francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien fue acusada de secuestro, sentenciada a 60 años de prisión y liberada en 2013 en México, luego de que pasara siete años en la cárcel acusada de asesinato y se alegara violación al debido proceso.

“A la francesa se le detuvo, se le tomó presa y dictó sentencia en poco tiempo. Hubo denegación de la justicia porque hubo faltas inmediatas, porque la autoridad mexicana no avisó al consulado de Francia en México y porque todo se hizo muy rápido, contrario a lo que establece la ley cuando una persona resulta responsable de un delito”, explicó.

El caso de Gonzalo podría revisarse si se comprueba que los jueces españoles no llevaron un proceso de forma debida, detalló.

“Es la única manera que puede llevar a una revisión de la sentencia. De otra forma, el presunto responsable tiene que acatar la orden del juez”, dijo.

LA SRE PUDO VIGILAR EL PROCESO, SI QUERÍA

Cuando Gonzalo fue detenido, Iliana fue notificada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Querétaro. Le dieron un número de teléfono y le ofrecieron un abogado de oficio.

Los padres de Gonzalo contrataron a una abogada particular para que se hiciera cargo del caso. Meses después, ya no pudieron pagar sus honorarios. El Gobierno mexicano argumentó que el joven no aceptó la ayuda de su país al rechazar al abogado de oficio.

“Pero una cosa es necesitar un abogado y otra es que ellos no verificaron que su proceso se llevara bien”, dijo.

Iliana Rincón recordó que después de la sentencia hubo una apelación y hasta una solicitud de indulto a la Corona de España, sin éxito.

Los abogados expertos en Derecho Internacional coincidieron en que la SRE está en lo correcto al informar que al rechazarse el abogado de oficio, la ayuda del consulado mexicano quedó de lado y el defensor particular se hizo responsable de vigilar que el caso se realizara conforme al debido proceso.

Sin embargo, explicó Jazmín Sánchez, el rechazo del abogado de oficio no exime al Gobierno de México de la obligación de supervisar el caso del connacional.

“Es correcto lo que les está contestando. En el momento que decidieron pagar la defensa legal, en términos legales, es así. Si quisiera sí se puede, pero no es del todo incorrecto lo que les contesta la Secretaría. Pero eso no exime a que la Secretaría esté pendiente de que se cubran las garantías a que tiene derecho, no sólo por ser mexicano, sino por ser una persona. Un debido proceso es elemental”, dijo.

La abogada recordó que México no es una parte en el caso de Gonzalo. Es un asunto particular. Sin embargo en la parte asistencial puede presionar para que el proceso del mexicano siga un curso justo.

Pedro Labariega indicó que si en algún momento del proceso, se detectara una denegación de justicia por parte de la autoridad española, la cancillería mexicana podría intervenir directamente y solicitar que le sea devuelta la libertad.

“Pero si se siguió el proceso, como lo establece la ley española, ahora sí nomás le queda ver que se lleve adecuadamente”, detalló.

SinEmbargo solicitó información sobre el caso al Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la SRE y hasta ayer por la tarde, no hubo respuesta.

También se solicitó el estatus del caso para Relaciones Exteriores a través del correo oficial de Rafael Lugo Sánchez, director General de Comunicación Social de la dependencia, pero tampoco hubo respuesta a la solicitud.

La madre de Gonzalo, Iliana Rincón aseguró que pidió ayuda a varias organizaciones españolas, pero no hubo interés en el caso. En México se acercó a Amnistía Internacional (AI) y le contestó “que no se involucraban en casos individuales”.

Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional México, indicó en entrevista con este medio digital que la organización sí toma casos individuales, pero depende mucho si se observa una violación de derechos humanos, o incluso, si llega acompañado de alguna organización civil.

“La decisión de si podemos tomar un caso o no también depende, de que por la grave crisis de derechos humanos que vive México, no nos damos abasto la verdad y tenemos que tomar temas prioritarios dentro de la calendarización de proyectos”, explicó.

Amnistía agregó, no presta asesoría jurídica, ni hace acompañamiento de los casos: “Como tramitar un amparo, hacer determinadas diligencias, nosotros no hacemos ese tipo de acompañamiento”.

La organización no recibe expedientes y solicita un relato por escrito de los casos. El aceptar también depende de la cantidad de información que se les comparta por parte del solicitante.

OTROS 14 MIL MEXICANOS QUISIERAN SER MOREIRA

El lunes, el diario español El País publicó que el Gobierno mexicano puso a disposición de Humberto Moreira, también ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para conocer cada detalle de su situación legal, atender a su familia y sacarlo de la cárcel.

Humberto Moreira fue detenido el 15 de enero en el Aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid cuando viajaba en compañía de su mujer y dos de sus hijas a Barcelona. La investigación realizada por el diario español detalló que ese mismo día los funcionarios de la Embajada de México en Madrid, que encabeza Roberta Lajous Vargas, recibieron órdenes de que se encargaran del caso.

Diputados federales entrevistados por este medio dijeron desconocer el tema de Gonzalo, pero coincidieron en que el trato que recibió Moreira, no lo hubiera recibido cualquier connacional.

“Hay que decirlo, que la Fiscalía en España lo liberó con una celeridad que sorprendió a muchos porque había una expectativa muy grande. Entonces, creo que el tema no está lo suficientemente aclarado, si se abrió proceso, si ya se le dio capertazo y si hubo abuso por parte del Estado de tratar de intervenir de manera desproporcionada en el caso del ex presidente del PRI, como lo señala el artículo que así sucedió. Hay que aclarar hasta que punto se involucró la Cancillería y con qué propósito”, dijo Gustavo Madero Muñoz, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Francisco Xavier Nava Palacios, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que hay 14 mil mexicanos en el exterior condenados por algún delito, que esperan ayuda consular similar a la que recibió Moreira.

“Estoy seguro que no es tan eficiente como la que le dieron a Moreira. Sin duda es un contraste muy grande. Lo que refleja es que la política y los gobiernos están al servicio de los políticos. Particularmente, de los propios. De lo que no pueden dejar caer por distintas razones de amiguismo”, señaló.

Rogerio Castro Vázquez, presidente Comisión Anticorrupción y Diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), coincidió en que Moreira, es una caso típico de influencias.

“Todos queremos una política más justa, que proteja los derechos de los ciudadanos. Este es un caso emblemático de protección a la corrupción, de impunidad. Es un personaje que no sólo endeudó Coahuila sino que tiene muchas acusaciones. En México se le protege al corrupto y no al débil. ¿Cómo va ser eso? Tenemos a [José Manuel] Mireles en la cárcel, sin que se le permita siquiera defenderse, y a esta persona está libre”, finalizó.