Una fiscal en México para 70,000 migrantes desaparecidos

Una fiscal en México para 70,000 migrantes desaparecidos
Madres en busca de migrantes.
Foto: Twitter / Twitter

MÉXICO –  Cada vez que se anuncia la creación de una nueva fiscalía en México el corazón de los familiares de las víctimas se acelera igual que hoy el de Ana Enamorado, una madre hondureña que perdió a su hijo en este país, que en las últimas horas cuenta con una fiscalía especial para buscar y hacer justicia a los migrantes, a más de 70,000 desaparecidos en años recientes.

La buscadora es la abogada Leonor de Jesús Figueroa, la primera encargada de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, dependiente de la PGR.

– ¿Encontrarán a mi hijo?- se pregunta Enamorado-. ¿Harán justicia?

La verdad es que hay pocas esperanzas y muchas suspicacias y dudas. “Si no se tiene una voluntad política inquebrantable el papel de esta fiscal será seguir con la comedia perversa de mentiras y manipulación de la información”, observa Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano (M3), una organización que con esfuerzos civiles a logrado encontrar en México a 250 hijos de madres centroamericanas.

Sánchez personalmente ha acompañado también la búsqueda del hijo de Enamorado y sabe perfectamente cómo se las gastan en las procuradurías federal y estatales para no hacer frente al problema.

“Por ejemplo a Ana le enseñaron 20 fotos para que reconociera a su hijo en Puerto Vallarta (Jalisco, occidente) ella les dijo que en una de ellas parecía su hijo, pero que no estaba segura y pidió pruebas de ADN”, detalla Sánchez. “Pero no hicieron las pruebas sino que lo incineraron sin el consentimiento de la madre y así ya no se puede identificar”.

Desde 2013 tampoco le han querido mostrar la ropa ni un celular que al parecer llevaba el día en que lo colgaron del puente: “Dicen que mañana, que pasado, que no está el encargado: es obvio que no quieren resolver”.

Situación similar padecen los familiares de los 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas.

En las últimas horas se reunieron con activistas de la organización Amnistía Internacional que concluyó -a través de la directora para las Américas Erika Guevara– que la falta de avances en las investigaciones “es una muestra más de la negligente respuesta del gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos”.

Arely Gómez, procuradora General de la República, prometió al anunciar la creación de la fiscalía que en adelante se garantizará el debido proceso en las investigaciones judiciales.

“El gran problema en México es que las fiscalías se anuncian con mucha euforia, pero luego no dan resultados”, advirtió en entrevista con este diario Nancy Pérez, de Sin Fronteras.