SNAP para Puerto Rico fue excluido de “Farm Bill” aprobada en la Cámara, pero reporte del proyecto incluye mención a la transición
El informe reconoce que, una transición de PAN a SNAP en Puerto Rico, proporcionaría a la isla más herramientas para fomentar el empleo
El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn Thompson, y la miembro de mayor rango, la demócrata Angie Craig, en el Comité de Reglas de la Cámara antes de que la Ley Agrícola bajara a votación en el pleno. Crédito: J. Scott Applewhite | AP
NUEVA YORK – La transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico no figura en el “Farm Bill” (Ley Agrícola) que aprobó la Cámara de Representantes federal este jueves.
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El H.R. 7567 o Ley de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nacional de 2026 fue aprobada con 224 votos a favor y 200 en contra, con 14 demócratas uniéndose a 209 republicanos para adelantar la medida. Tres republicanos, Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Andrew Garbarino (Nueva York) y Harriet Hageman (Wyoming) votaron en contra.
Como parte del trámite, legisladores descartaron las disposiciones relacionadas con pesticidas que habían provocado repudio, incluso de republicanos.
Las provisiones le habrían impedido a los estados exigir etiquetas sobre efectos nocivos a la salud de estos productos que fueran distintos a los que establece la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Glenn “GT”, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, celebró la aprobación de la medida al señalar que la ley no fue redactada en los pasillos del Congreso, sino en los campos y las comunidades rurales.
“Cada disposición es un reflejo directo de lo que aprendimos durante cada una de las más de 150 sesiones de escucha que celebró el Comité de Agricultura”, expuso en un mensaje en la red social X.
“El proyecto de ley agrícola de 2026 representa una victoria para nuestros agricultores, ganaderos, silvicultores, comunidades rurales y todos los estadounidenses a lo largo y ancho de nuestro país”, argumentó Thompson, republicano de Pennsylvania.
Tras el trámite en la Cámara Baja, la medida fue referida al Senado para su evaluación.
Por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, la Farm Bill se ha ido extendiendo mediante prórrogas. Las ampliaciones a corto plazo se han acordado en respuesta a las dificultades para aprobar una nueva reautorización de cinco años.
La Ley Agrícola de 2018 ha sido prorrogada tres veces desde su vencimiento original en 2023.
En cuanto a los esfuerzos para una transición en Puerto Rico, la versión de la legislación no incluyo la transición a SNAP que impulsaba el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández y otras partes interesadas.
El legislador intentó integrar como enmienda al paquete ómnibus su proyecto H.R.5168 que busca facilitar una transición en la isla en un periodo mínimo de 10 años, pero la misma no prosperó.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y miembros de su equipo informaron en un comunicado de prensa que el reporte del Comité de Agricultura que acompaña el H.R. 7567 incluyó lenguaje impulsado por la Administración a favor de la transición.
Argumentaron que el reporte (H. Rept. 119-620, Book 1) expresa “apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. Añaden que en el texto se alienta a Puerto Rico y el Departamento de Agricultura federal (USDA) a “continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.
“El comité respalda el objetivo de que Puerto Rico, en última instancia, transite de la subvención en bloque del PAN al programa SNAP, y reconoce que el SNAP proporcionaría a Puerto Rico más herramientas para fomentar el empleo. El comité insta tanto al USDA (Departamento de Agricultura) como a Puerto Rico a continuar formulando una vía financiera y operativamente viable para dicha transición, y a mantener un diálogo constante con el Congreso sobre los avances logrados en este esfuerzo. Específicamente, el Comité insta al Departamento a brindar una asistencia técnica sólida a Puerto Rico a lo largo de este proceso”, lee la mención bajo el título “Asistencia Nutricional sobre Puerto Rico”, lee la entrada sobre Puerto Rico en el informe.
Para la Administración González, el lenguaje refleja que permanece apoyo para que Puerto Rico participe en SNAP.
“Esta es una iniciativa que se ha evaluado y discutido por varios años, incluyendo durante mis 8 años como comisionara residente. Ahora como gobernadora, no solo apoyo y aprecio el reporte y su lenguaje referente a la transición, si no que continuaré trabajando arduamente porque Puerto Rico esté cada vez mejor preparado para operar SNAP. Nuestra colaboración con USDA se fortalecerá aún más y, de igual manera, la calidad de servicios ofrecidos a sobre 1.2 millones de participantes del PAN. Agradezco al presidente, G.T. Thompson, por su trabajo y respaldo durante este proceso”, indicó la gobernadora.
El Título IV de Nutrición en el mismo documento menciona, entre otras cosas, que el Congreso reconoce que SNAP permite a los hogares de bajos ingresos obtener alimentos que contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, la discapacidad, la muerte prematura, los costos insostenibles de atención médica y el menoscabo de la preparación militar. Añade que constituye la política del Congreso que el USDA administre el SNAP de una manera que beneficie a los participantes, especialmente a los niños.
Otra de las provisiones establece que, de forma permanente, se prohíbe la imposición de nuevas tarifas a los minoristas autorizados por el SNAP, medida establecida originalmente en la Ley Agrícola de 2018.
La legislación también permite a las agencias estatales del SNAP utilizar personal no sujeto al sistema de méritos en el proceso de certificación del programa, bajo ciertas circunstancias. El texto además autoriza al USDA a brindar asistencia técnica y más de una oportunidad para cumplir con los requisitos de elegibilidad relativos al surtido e inventario, a aquellos minoristas que soliciten la autorización para participar en el SNAP.
Instrucciones para que el USDA incluya todos los errores de pago identificados, independientemente de su monto en dólares, en un informe anual suplementario y para que promulgue una propuesta de norma sobre la seguridad de las tarjetas EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) a más tardar seis meses después de la promulgación de la ley también forma parte del contenido.
El texto de la propuesta de ley aprobada en la Cámara indica que el secretario del USDA deberá presentar un informe anual ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, con una descripción de las medidas adoptadas para abordar los aumentos en las solicitudes del SNAP y cualquier incapacidad para procesar dichas solicitudes de manera oportuna.
La legislación además requiere un informe sobre los gastos administrativos de SNAP que debe desarrollar el Contralor General de EE.UU. a más tardar 12 meses después de la fecha de promulgación de la ley.
Como parte de la evaluación, se deben examinar las causas de la variación entre los estados en los costos administrativos del SNAP e identificar los factores con mayor probabilidad de contribuir a un aumento en dichos costos; y ofrecer recomendaciones sobre cómo el Departamento de Agricultura y el Congreso pueden mejorar la supervisión de los costos administrativos del programa.
El Diario contactó a un portavoz del Comité de Agricultura para clarificación para indagar sobre las disposiciones referentes a Puerto Rico en la propuesta de ley. Sin embargo, no hemos recibido contestación.
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