La ley de Georgia que criminaliza y deporta a indocumentados

Manejar sin licencia de conducir podría tener graves consecuencias en este estado

Una ley promulgada en 2008 en Georgia tiene alarmada a la comunidad indocumentada porque criminaliza, encarcela y deporta a inmigrantes que manejan sin licencia.

“Les impone multas severas, y a la segunda detención los envía a la cárcel”, dijo Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina por los Derechos Humanos (Latino Alliance for Human Rights -GHLAR-).

“Todo esto es producto de la Ley SB 350 promulgada en julio del 2008. Si usted no tiene una licencia o su permiso de manejar está vencido y lo para la policía por cualquier infracción, por muy pequeña que sea, será arrestado”, agregó.

La Alianza, junto con el Advancement Project, publicaron el informe “Fabricando crímenes, cómo el manejar se convirtió en un delito grave para la gente de color en Georgia”, donde detalla las dificultades que ha enfrentado la comunidad hispana y afroamericana desde que la Ley SB 350 entró en vigor hace casi ocho años.

Inacción del Congreso

El estudio señala que leyes como la SB 350 son resultado de la inacción del Congreso federal con el tema de la reforma migratoria, y la solución al problema de los 11.3 millones de indocumentados que viven en el país.

“La falta de respuesta del gobierno federal ha llevado a los Estados promover leyes y políticas que, a menudo, son injustas, antidemocráticas y racialmente discriminatorias”, se lee en el reporte.

Nichols advierte que Georgia es un ejemplo de un estado que aprobó leyes “que tratan de restringir la inmigración”, y dijo que lamentablemente “nuestra comunidad ha comenzado a acumular castigos por faltas de manejar sin licencia que los convierte en criminales”.

“Y los inmigrantes con antecedentes criminales son prioridad de deportación para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés)”, apuntó.

La estadía indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no criminal en Estados Unidos.

Las preocupaciones

El estudio halló que en el condado de Fayette (una zona analizada entre 2011 y 2015), los hispanos, que representan el 6.9 % de la población total recibieron un 17% todas las infracciones. En cambio los blancos, que representan el 65.9% de la población total recibieron solo 16% de las infracciones.

La GHLAR, sin embargo, dijo que la mayor diferencia fue encontrada en la ciudad de Roswell, donde la población latina, que representa el 13.1% de la totalidad de la población recibió el 63% de las infracciones de tránsito. En cambio los blancos, que representan el 75.4% de la población fue afectada solo con el 8.4% de las faltas.

En el condado Houston los hispanos, que representan 6.04% de la población total recibieron el 2.96% de las infracciones. Los blancos, que representan el 60.78 de la población recibieron un 31.67% de las faltas.

La investigación resalta que, además de criminalizar a los indocumentados o personas que manejan con una licencia vencida, muchas familias de escasos recursos –la mayoría indocumentadas- se ven afectadas por las fuertes multas y pagos de fianza que superan los $1,000.

“Pero después de la segunda vez se castiga con cárcel”, advirtió Nichols. “En algunos lugares, como Roswell, las fianzas superan los $3,500”.

Clima de miedo

Desde la entrada en vigor la SB 350 “ha golpeado a miles de indocumentados”, dijo Nichols. “Hay mucho miedo en la comunidad. La gente tiene necesidad de salir a trabajar, tiene que salir a llevar a sus niños a la escuela y se la están jugando con todo lo que esto implica”.

La directora dijo además que el estudio reveló que “no solo latinos son los más afectados sino también afroamericanos, aunque ellos sí pueden gestionar una licencia. Pensamos que el perfil racial decide las detenciones”.

“Sabíamos del problema a través de llamadas telefónicas que recibimos en la Alianza”, dijo Flavia Jiménez, una de las autoras del estudio. “Las denuncias indicaban que las detenciones y los arrestos estaban impactando a muchísimos inmigrantes”.

“Investigamos principalmente en tres condados y hallamos una ley que originalmente fue introducida por la legislatura de para restringir la posibilidad de movilización de los indocumentados, que es una necesidad de sobrevivencia. Pero hoy en día los criminaliza, los encarcela y los deporta”, agregó.

Que el gobierno investigue

GHLAR insiste en que la SB 350 “es una ley injusta” y que desde que entró en vigencia miles de personas han sido detenidas simplemente por manejar sin una licencia de conducir.

“No están dañando propiedad privada ni a personas. No son actos que deberían ser considerados criminales”, dice Jiménez. “Las detenciones están impactando a miles de familias. Y también a los afroamericanos, un dato que nos sorprendió”.

“Estamos buscando alianzas con otras organizaciones que se preocupan por este tipo de criminalización. Esperamos que el estado de Georgia quite esta ley porque no lleva ningún bien para la sociedad”, dijo Jiménez.

La activista subrayó que “pedimos al gobierno haga una investigación para ver cómo se esta implementado esta ley en nuestro estado”.

Memorando del 2014

Nichols también advirtió que tras una cuarta detención por manejar sin licencia “las autoridades de Georgia consideran esta falta como un delito grave (felonía)”, y reiteró si se trata de un indocumentado “lo entregan a las autoridades de ICE”.

“Este tipo de falta figura en los primeros lugares de la lista de prioridades de deportación dada a conocer por el gobierno el 20 de noviembre de 2014”, apuntó.

Las prioridades señaladas por Nichols se dieron a conocer el mismo día que el presidente Barack Obama anunció la Acción Ejecutiva que incluye los programas DACA y DAPA.

Durante el año fiscal 2015 ICE deportó a 235,413 indocumentados y de ellos 96,045 (41%) no tenía antecedentes criminales.

La semana pasada Univision Noticias reportó que en lo que va del año fiscal 2016 (158 días entre el 1 de octubre de 2015 y el 6 de marzo), ICE ha deportado un total de 96,016 indocumentados y de ellos 39,139 (40.7%) no tenía antecedentes criminales.

La cifra equivale a 607 deportados diarios, 25.3 cada hora. Durante el año fiscal 2015 el promedio diario de expulsados fue de 644.

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