Editorial: Se acerca el carpetazo para los 43 normalistas

Ya se vislumbra en México el carpetazo al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. La piezas del rompecabezas son alineadas de tal manera que se pueda confirmar que la única realidad es la “verdad histórica” promovida desde el gobierno, aunque nunca se sepa cómo murieron, que se hizo con los restos y las responsabilidades del hecho. Todo parece  destinado a concluir en una confusión de esas que explican la total falta de credibilidad de las autoridades y sus instituciones ante los mexicanos.

Una de las señales es la inusual demanda contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  por un NGO de derecha que acusa de corrupción en el uso de fondos.

La demanda dedica más espacio a desprestigiar el pasado de algunos integrantes del GIEI que a probar el mal uso de fondos.

Otro indicio es la decisión unilateral de la Procuraduría General de la República de dar unas breves conclusiones de un tercer estudio para determinar si se quemaron cuerpos en el basurero de Cocula como lo dice la PGR y lo disputa la GIEI.

La GIEI acusó a la PGR de haber violado un acuerdo al dar a conocer de esa manera el resultado del tercer estudio, en vez de hacerlo conjuntamente.

El resultado es que se confirmó que se quemaron cerca de 17 personas, y eso ha sido suficiente para gritar a los cuatro vientos que “verdad histórica” se sostiene. Por lo tanto, según el gobierno, no es necesario extender la labor de la GIEI que vence próximamente.

Es significativo que la PGR haya transformado la matanza en un debate de lo ocurrido en el basurero de Cocula como la confirmación de la “verdad histórica” y la manipulación del resultado del tercer estudio.

Por ejemplo, el tercer estudio tiene coincidencias con los resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF) que en su momento fue criticado por la PGR. Ambos dicen que es imposible confirmar que ahí se quemaron 43 cuerpos y que se hallaron restos humanos entre 17 y 19 personas. El nuevo reporte por ahora no da prueba forense que esto ocurrió en la fecha de las desapariciones.

El análisis del EEAF muestra que el análisis no confirma un incendio que confirma la “verdad histórica” y que cuando quisieron comparar los testimonios de algunos de los 100 detenidos, encontraron inconsistencias en cómo se pusieron los cuerpos, las llantas y los materiales para quemarlos. La tortura obtiene confesiones de todo tipo, pero difícilmente la verdad.

El error básico denunciado por la EEAF es que la PGR en vez de investigar lo ocurrido se dedicó a confirmar el relato de los torturados.

Es entendible que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera cerrar este capítulo. Lo manejó mal desde el principio sin darle la importancia debida y nunca corrigió el rumbo. En todo momento dio pie a la desconfianza popular, sin saber lidiar con las investigaciones independientes que entraron por la puerta grande a la espera que ratifiquen la gestión de la PGR y se fueron por la puerta de atrás cuando mostraron los errores de la pesquisa oficial.

Este caso era una oportunidad desperdiciada para mostrar una imagen más transparente, ante la matanza de inocentes y la atención internacional, de una nación en medio de la violencia.

Era ilógico pedir la renuncia del presidente, pero sí se podría haber esperado algo distinto de su gobierno,  en vez de esa mezcla de incompetencia, encubrimiento y falta de respeto a la vida ya conocida en México, que aseguran la repetición de estas masacres.