Beneficiario de DAPA fue deportado y asesinado días después en Honduras

La hondureña Dania Palma será uno de los cientos de inmigrantes que el 18 de abril asistirá a la audiencia pública sobre la Acción Ejecutiva en la Corte Suprema de Justicia. “Esperamos que los magistrados voten a favor (del beneficio migratorio) para que pongan fin a las redadas de quienes tenemos hijos estadounidenses”, agregó la inmigrante, cuyo marido fue deportado en agosto y asesinado en septiembre del 2015 por una banda criminal en Honduras.

La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre del 2014. El beneficio ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (que se conocen como dreamers) y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

Dos semanas después de anunciado, un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron el programa argumentando que Obama se había extralimitado en el uso de su poder ejecutivo, y que violó la Constitución al cambiar la ley algo que sólo le compete al Congreso.

El 16 de febrero del año pasado una corte de distrito en Brownsville, Texas, frenó la entrada en vigor de DACA y DAPA, fallo que fue ratificado en noviembre por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, Louisiana.

El 20 de noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la Acción Ejecutiva. El máximo tribunal de justicia fijó audiencia para el lunes 18 de abril para que los abogados del gobierno y de los estados demandantes expongan sus argumentos.

El fallo será conocido en el verano.

Deportación y muerte

El esposo de Dania fue arrestado el 23 de julio del 2015 en Miami por una infracción de tránsito. La policía, al percatarse que no tenía licencia de conducir y estaba indocumentado en el país, lo entregó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

“A César (Alberto, 36 años) lo deportaron los primeros días de agosto, a Honduras. Él pidió que no lo hicieran porque su vida corría peligro, pero no lo escucharon. El 21 de septiembre, dos días antes de emprender un viaje para regresar acá con su familia, lo mataron”, cuenta Dania. “Él no tenía antecedentes criminales”.

César Alberto Ramírez había sido arrestado en la frontera de Texas en 2001 cuando intentó ingresar indocumentado al país. A los pocos días lo deportaron.

“En este tipo de casos, cuando una persona fue deportada y luego regresa sin autorización al país, en el momento que cruza le cae encima un castigo de por vida, no califica para ningún tipo de beneficio migratorio”, explicó el abogado Álex Gálvez.

“Pero hay algunas excepciones cuando la vida de una persona corre peligro en el lugar donde fue deportado. En esos casos puede hacer una petición de asilo”, agregó.

Ramírez no lo sabía y no tuvo la oportunidad de presentarse en la frontera y argumentar que temía por su vida en Honduras.

“Mi esposo calificaba para DAPA”, dijo Dania. “Si no lo hubiesen deportado estaría aquí conmigo y mis hijos esperando a que la Corte Suprema falle a favor de la Acción Ejecutiva y pidamos el amparo de nuestras deportaciones porque somos padres de un niño estadounidense”.

Movilización nacional

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes esperan que el lunes 18 de abril se congreguen frente al edificio de la Corte Suprema unos 4,000 inmigrantes, entre ellos Dania y sus hijos.

“Viajarán a la capital inmigrantes de estados donde hay una alta concentración de hispanos”, dijo a Univision Noticias Carlos Vogel, del Centro para el Cambio Comunitario (CCC).

El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) dijo que la lista incluye Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Delawere, Illinois, Maryland, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Texas y Washington, entre otros. “Son 24 estados”, dijo Vogel.

El activista precisó que el objetivo para ese día “es mostrar las historias de los inmigrantes que califican para DACA y DAPA, y también sus aportes a Estados Unidos. Son personas valiosas, que no tienen antecedentes criminales y que esperan una oportunidad para legalizar sus permanencias”.

Las organizaciones también confían en que ese día los magistrados de la Corte Suprema “escuchen” los relatos y los tengan en cuenta al momento de emitir su veredicto final en el verano”.

Cuidado con los fraudes

Durante y en los días inmediatos posteriores a la audiencia “no se espera un veredicto por parte de la Corte Suprema”, dijo el abogado Ezequiel Hernández. “Ese día los magistrados solo escucharán argumentos y harán algunas preguntas. Pero no se espera que emitan un dictamen”.

“Todo indica que será en junio, a principios del verano”, añadió. “Mientras ese día llegue, el mejor consejo que le puedo dar a los inmigrantes es que se cuiden y que tengan cuidado con las estafas”.

“Nadie puede venir a decirles que, como ya se celebró la audiencia en la Corte, entonces pueden comenzar las gestiones para pedir el amparo de sus deportaciones. Eso no es cierto. Hay que esperar, informarse a través de los medios de comunicación y de las organizaciones comunitarias. Y estar claros que antes del verano no habrá decisión”, dijo.

Hernández también previno de cometer errores que pongan a los indocumentados en proceso de deportación. “Hay que cuidarse más de cómo lo han hecho hasta ahora”, indicó.

Durante lo que va de la administración de Obama ICE ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados. Durante el año fiscal 2015 la cifra alcanzó los 235,413 indocumentados y de ellos el 41.1% no tenía antecedentes criminales, como César Alberto Ramírez, el esposo de Dania.

En los primeros 158 días del año fiscal 2016 (entre el 1 de octubre de 2015 y el 6 de marzo), ICE ha deportado un total de 96,016 indocumentados y de ellos 39,139 (40.7%) no tenía antecedentes criminales.

“Ese día (el 18 de abril) vamos a unir nuestras voces para explicar quiénes somos y que esperamos de la Corte para seguir contribuyendo con el engrandecimiento de nuestro país”, dijo Etsio Flores, un activista mexicano protegido por la Acción Diferida de 2012 y cuyos padres, originarios de México, califican para la Acción Ejecutiva a través de un hermano ciudadano estadounidense.