Exigen cuentas a “maestro” del sindicato mexicano por comprar bienes en Miami
Transparencia Mexicana y otras organizaciones impulsan en el congreso una ley conocida como “3de3” para esclarecer los ingresos de los funcionarios
Sindicalistas exigen cuentas claras. Crédito: Getty
MÉXICO – El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, pagó en 2013 alrededor de 450 millones de dólares para rescatar deudas de maestros con la empresa Etesa, propiedad de la esposa y el suegro del diputado y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Eduación, Bernardo Quezada, a quien exigen cuentas.
“En otros países ha resultado útil publicar la declaración patrimonial del funcionario o legislador cuando éste es acusado en la opinión pública o en un tribunal”, dijo Eduardo Bohorquez el director de la asociación civil Transparencia Mexicana, tras darse a conocer el fin de semana una investigación del diario Miami Herald.
Transparencia Mexicana junto con un grupo de organizaciones sociales y miles de firmas de mexicanos impulsan actualmente en el congreso una ley conocida como “3de3” con la que buscan obligar a los funcionarios públicos a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Bernardo Quezada es actualmente diputado por el Partido Nueva Alianza (fundado por Elba Esther Gordillo, hoy presa por desvío de recursos a cuentas personales) y líder del Sindicato Nacional de la Educación (SNTE) donde ha ocupado puestos clave para el manejo de dinero como la Secretáría de Créditos y Vivienda.
El diario Miami Herald publicó que Quezada adquirió entre 2004 y 2008 13 propiedades en esa ciudad en una torre de departamentos, un despacho de abogados plazas comerciales y hasta en un hotel de lujo por valor total de ocho millones de dólares.
La compra se haría a través de la empresa Etesa propiedad de Jessica y Héctor Peredo, esposa y suegro del diputado.
Etesa –puntualizó la publicación- se dedicó por años a hacer préstamos a altas tasas de interés a los profesores del SNTE hasta que estos no pudieron pagar y las autoridades federeales tuvieron que intervenir para saldar las deudas de 300,000 trabajadores.O sea, de las arcas públicas a las cuentas de Etesa.
El SNTE y cientos de sindicatos gozaron por años y hasta 2012 de una ley que impedía auditorías externas bajo la excusa de que nadie podía meterse con los recursos de organizaciones privadas aunque recibieran dineros públicos.
