Testigo identifica a los federales que participaron en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Documentos de la PF revelan los nombres de los siete policías que actuaron en la noche de Iguala. Al menos dos de ellos -Víctor Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe- participaron activamente en la desaparición de entre 15 y 20 normalistas del camión Estrella de Oro 1531
Testigo identifica a los federales que participaron en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
La demanda de justicia justicia en el caso de Ayotzinapa no cesa.
Foto: Miguel Tovar/LatinContent / Getty

A través de documentos internos de la base de la Policía Federal (PF) en Iguala se logró conocer el nombre de los siete policías federales que estuvieron en acción la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero.

Los federales en la noche de Iguala son: el suboficial jefe de la base de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías; el subinspector José Carlos Hernández Romero; el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos; el suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe; el oficial Arturo Gómez Gómez; el suboficial Marco Antonio Pérez Guzmán; y el suboficial Alfonso Ugalde Cámara.

Colmenares Campos y Pérez Arizpe son dos policías que fueron reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como cómplices directos en la desaparición de 15 o 20 normalistas del autobús Estrella de Oro 1531, a la altura del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Así lo confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

La semana pasada la Comisión reveló que un testigo vio directamente el momento en que policías municipales habrían agredido a los estudiantes en la autopista federal 95 y obligado a bajar del camión para luego subirlos a unidades de la policía municipal de Huitzuco para llevárselos. Afirmó que dos federales estuvieron presentes y dejaron que ocurriera la acción ilegal en el tramo carretero que está bajo jurisdicción de la Federal.

La CNDH dijo que el testigo pudo identificar plenamente a los dos federales, pero hasta ahora no se conocían sus nombres.

Otros testigos de los hechos, entrevistados en septiembre de 2015, señalaron que a la altura del Palacio de Justicia vieron a federales apuntando sus armas contra los normalistas, ante decenas de autos que quedaron parados por el bloqueo hecho para detener, atacar y desaparecer a los estudiantes.

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En lo que pareciera una acción de encubrimiento, después de los hechos Colmenares y Pérez Arizpe fueron rápidamente trasferidos a otras bases de la policía federal, en lugar de ser sometidos a investigación. El primero de ellos fue enviado a Tlaxcala y al segundo, a Tlalnepantla, ambos con tareas de vigilancia.

De acuerdo a documentos obtenidos de la Secretaría de la Función Pública y de la Policía Federal a través de la Ley Federal de Transparencia, Dorantes y Colmenares tienen un historial de indisciplina e irregularidades en la corporación. Súbitamente, a menos de un mes de la desaparición de los normalistas. Dorantes renunció a la PF y nunca ha sido interrogado por la PGR.

Así mismo, algunos de los siete federales mencionados detuvieron al camión donde viajaban los jugadores de soccer del equipo Avispones, a la altura del Palacio Judicial, mientras ocurría el ataque contra los normalistas. Y tras dejarlos ir, metros adelante fueron baleados con armas de grueso calibre, según la denuncia hecha por padres de los futbolistas a principios de marzo ante la Comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso Ayotzinapa.

En la investigación periodística realizada se cuentan con pruebas documentales que demuestran que la base de la Policía Federal de Iguala vigiló a los normalistas de Ayotzinapa desde el 25 de septiembre, cuando llegaron a las inmediaciones de Iguala a hacer un primer boteo. Y el 26 de septiembre, junto con el ejército y policía estatal, Colmenares Campos y otros federales vigilaron al camión Estrella de Oro 1531 desde las 8.00 de la tarde cuando los estudiantes llegaron a la caseta número 3 en la entrada de Iguala. Cuatro horas después en el Palacio de Justicia de ese autobús desaparecieron todos los normalistas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cerca de cien estudiantes que viajaban en cinco camiones fueron atacados con armas de fuego, así como un camión de jugadores de fútbol que habría sido confundido con el camión donde viajaban los normalistas. Al final de esa noche, tres estudiantes y tres vecinos resultaron muertos, hubo más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecieron.

Los federales vigilaron a los normalistas desde al menos un día antes

De acuerdo a la documentación recabada, la policía federal estaba en alerta por la presencia de normalistas desde al menos un día antes. En la tarjeta 1348/ 2014 fechada el 25 de septiembre, Dorantes informó a sus superiores que la PF vigiló en la autopista Iguala-Mezcala durante tres horas a 50 estudiantes de la normal que viajaban en un autobús Estrella de Oro.

“Por parte de esta estación Iguala se encuentra monitoreando a distancia el movimiento, para prevenir cualquier acto violento, de igual manera se solicita el apoyo y presencia de la policía estatal”, señaló Dorantes y luego informó que los normalistas se retiraron a las tres de la tarde.

“Acciones inmediatas: se mantiene personal de esta Estación pendiente en el tramo carretero en coordinación con autoridades estatales para llevar a cabo acciones preventivas”, señaló en una siguiente tarjeta.

La tarde del 26 de septiembre los estudiantes salieron de Ayotzinapa en dos camiones para ir a las inmediaciones de Iguala y secuestrar autobuses que iban a ser usados para la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.

Cuando uno de los camiones llegó a la caseta número 3 en la entrada de Iguala, el Estrella de Oro 1531, comenzaron a ser vigilados. En la tarjeta informativa 02370, José Adame Bautista, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, comunicó al titular de la SSP, Leonardo Vázquez, que a las 20:00 horas él se coordinó con Victor Manuel Colmenares Campos y cinco policías federales más para monitorear a los normalistas que habían llegado en el autobús Estrella de oro 1531 con pretensiones de “secuestrar autobuses” y se quedaron ahí hasta que los normalistas se retiraron.

Según entrevistas previas hechas a estudiantes sobrevivientes, explicaron que se movieron de la caseta para dirigirse a la central de autobuses dentro de la ciudad de Iguala para rescatar a 10 compañeros que fueron encerrados en un camión por un chofer. Y fue ahí donde aprovecharon para secuestrar otros tres autobuses, sumando cinco en total.

Los mexicanos no creen en las versiones del Gobierno.
Los mexicanos no creen en las versiones del Gobierno.

De acuerdo a las nuevas pruebas documentales, a las 21:55 horas el C4 de Iguala informó a la base de la PF en Iguala, a través del policía Erik Nazario Hernández, que “los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a bordo de dos autobuses de la empresa Estrella de oro ocasionaron disturbios en la calle Juan N Alvarez y sobre la avenida periférico de esta ciudad contra elementos de la Policía Preventiva Municipal”, como señala la tarjeta informativa 1369/2014 titulada “disturbios por estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad”.

Después de que la PF recibió esa información, elementos de esa corporación fueron vistos por diversos testigos en el Palacio de Justicia, incluyendo el testigo de la CNDH cuya declaración fue dada a conocer a principios de abril.

Dos policías municipales de Iguala declararon el 27 de septiembre que vieron a elementos de la federal en al menos una de las escenas del crimen.

“(…) Atravieso mi unidad sobre el periférico para dar seguridad y fue que permanecí varios minutos escuchando que solicitaban el apoyo por el puente del chipote donde se encuentra el Palacio de Justicia enfrente, por lo que indico a mis compañeros que nos subiéramos a la patrulla para trasladarnos a brindar el apoyo al puente del chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo dar seguridad a la retaguardia semi atravesando la unidad y me percaté que había varias patrullas entre cinco o seis patrullas… y de ahí me percate que llegaron dos patrullas de la federal de caminos, así como una patrulla de la policía ministerial”, declaró ante la Fiscalía General de Guerrero Alejandro Andrade de la Cruz, quien dijo iba a bordo de la patrulla 28.

“(…) No recuerdo la hora exacta porque no uso reloj cuando pidieron el auxilio para que nos trasladáramos frente al Palacio de Justicia ubicado en Carretera Nacional México Acapulco, me dijo el comandante Alejandro Andrade de la Cruz (que) le habían reportado una riña y al llegar a este lugar, ya no había casi nadie encontramos una patrulla de la Policía Federal, después nos retiramos a hacer recorrido”, afirmó Nicolás Delgado Arellano, quien también iba en la patrulla 28.

“(Los estudiantes) no refieren expresamente que hayan visto disparar a policías federales, pero si estaban ahí, había presencia de policías federales, ¡había!, eso es claro, lo tienen muy presente”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas y los padres de los 43 desaparecidos en entrevista realizada el 21 de marzo de 2015.

Según el testigo de la CNDH, en las inmediaciones del Palacio de Justicia hubo un diálogo entre los federales y policías municipales, quienes habían bajado a los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531, el mismo camión vigilado por federales desde las ocho de la noche.

“Allá, atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida que va hacer con ellos”, habría dicho un elemento de la policía municipal de Iguala a los dos federales mientras los estudiantes eran subidos a patrullas de la policía municipal de Huitzuco.

“¡Ah! ok, ok, está bien”, respondieron, mientras vieron cómo se llevaban a los estudiantes.

La CNDH señaló el 15 de abril pasado que los agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además, asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.

La información, confirmada por fuentes directamente relacionadas al caso, señala que Colmenares Campos y Pérez Arizpe son esos dos policías.

El Estado mexicano aceptó trabajar con la CIDH en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
El Estado mexicano aceptó trabajar con la CIDH en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

También se descubrió que a las 10.55 de esa noche la PGR ya estaba enterada de los ataques, aunque por meses ha dicho que no y que no podían hacer nada al respecto. A través de un oficio, el agente del ministerio público de la Federación, César Iván Pilares, ordenó a Dorantes “investigar la veracidad” de la información sobre que “alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses”.

Declaraciones falsas

Pese a las tarjetas informativas, oficios y los señalamientos sobre la Policía Federal, seis de los siete elementos no fueron llamados a declarar por la PGR sino hasta el 11 de mayo de 2015. Dorantes no declaró porque supuestamente no fue localizado, pues ya había renunciado a la corporación.

Colmenares Campos declaró falsamente ante la Procuraduría de acuerdo a la copia íntegra que se tiene de su declaración, así como documentos aleatorios que contradicen su versión. Dijo que el 26 de septiembre, durante el turno de las 3.00 de la tarde hasta las 11.00 de la noche, estuvo junto con Pérez Arizpe en la patrulla 09908, y señaló le tocó hacer vigilancia en el tramo carretero Puente de Ixtla-Iguala.

En su declaración admitió haber participado en un operativo con la policía estatal junto con Pérez Arizpe y otros elementos, pero mintió sobre la hora y omitió decir que vigilaron a los normalistas, como lo afirma Adame Bautista en la ficha informativa referida.

Colmenares Campos dijo que mientras hacían su patrullaje, entre las 10.15 y las 10.30 de la noche, les llamó Dorantes para ordenarles ir a la base de la PF ubicada sobre la carretera 95 en la entrada de Iguala. De acuerdo al mapa carretero, pudieron haber pasado por el Palacio Judicial en el tiempo en que el testigo de la CNDH los ubica.

CIDH con familiares de desaparecidos unidos en Los Otros Desaparecidos de Iguala, tomando testimonio.
CIDH con familiares de desaparecidos unidos en Los Otros Desaparecidos de Iguala, tomando testimonio.

Al dar su testimonio, Colmenares Campo no mencionó su participación en el incidente. Dijo que, ya en la estación, Dorantes les ordenó ir al Palacio Municipal a entrevistarse con Felipe Flores, jefe de la policía municipal de Iguala, para investigar sobre la balacera alertada por la PGR.

Colmenares Campo también afirmó que habló con el jefe policíaco quien, según su versión, le dijo que hubo detonaciones de arma de fuego en el centro de Iguala y que cuando los municipales acudieron al lugar fueron agredidos por los normalistas, “viajando estos a bordo de un autobús Estrella de Oro, iniciando una persecución que terminó frente al palacio judicial, el cual se encuentra ubicado en carretera nacional: Cuernavaca-Chilpancingo (tramo municipal) dejando abandonado dicho autobús en el lugar”, tal y como lo escribió en una tarjeta informativa de la cual se tiene copia, sin mencionar que habría estado en el lugar.

Pero también mintió en ese punto. La ubicación del Palacio de Justicia se encuentra ya dentro del perímetro de jurisdicción de la PF.

En las declaraciones rendidas por militares del 27 Batallón de Infantería ante la PGR en diciembre de 2014, uno de ellos afirmó que, pasada la medianoche, vieron cómo la empresa Grúas Nava remolcó el Estrella de Oro 1531 que se encontraba cerca del Palacio de Justicia. Según documentos de SCT obtenidos para este reporte, Grúas Nava opera en el tramo bajo la jurisdicción de la PF y esta corporación es quien debe ordenar a dicha empresa mover los vehículos incidentados.

En Iguala se acudió directamente a Grúas Nava, ubicada muy cerca de palacio de Justicia para preguntar sobre el camión Estrella de Oro 1531. El señor Nava, encargado de la empresa, visiblemente asustado, dijo que ellos no habían laborado esa noche y que había que preguntar a la PF cómo y adónde se llevaron el autobús. Pero según el rol de grúas entregado por la SCT, del cual se tiene copia, esa noche sí le tocó el turno a grúas Nava.

Colmenares declaró que después de hablar con Flores regresaron a la comandancia y pasadas las doce de la noche salieron seis elementos hacia donde fue el ataque contra los jugadores de Los Avispones, en las patrullas 9908, 11744, 11740 y 9910. Al lugar también llegó Dorantes en la patrulla 11742 y después arribó el subprocurador de Guerrero, Ricardo Martínez, con dos asistentes. Colmenares afirma que una vez en el lugar, dio seguridad perimetral.

Pérez Arizpe en su declaración, de la cual también se tiene copia, también mintió en los horarios en que estuvieron en el operativo con la policía estatal y omitió decir que vigilaron a los normalistas. También mintió al decir que cuando llegaron al lugar donde ocurrió el ataque contra los jugadores les prestaron auxilio.

Según la tarjeta informativa No. 1364/2014 de la PF, Colmenares, Hernández, Gómez, Pérez Arizpe y Ugalde fueron los primeros en llegar tras el ataque contra los jugadores de fútbol en el que murieron tres personas.

Pérez Arizpe declaró que al llegar al incidente cerca del cruce con Santa Teresa “se les brindó seguridad y se solicitaron los servicios de emergencia”. De acuerdo a la información de la Cruz Roja fue un taxista quien llamó a la ambulancia.

“Estaba lloviendo y ni los elementos del Ejército ni de la Policía Federal les habían brindado apoyo (a las víctimas)”, afirmó un funcionario del gobierno de Guerrero que esa noche acompañaba al subprocurador Ricardo Martínez Chávez, en una testimonio ofrecido el 29 de octubre de 2014.

En las declaraciones rendidas por Colmenares Campos y Pérez Arizpe, la PGR no les formuló ni una sola pregunta.

Negro historial y sanciones

A través de la Ley de Transparencia se obtuvo el historial de arrestos y sanciones de Colmenares Campos y Dorantes archivado tanto de la Secretaría de la Función Pública como por la propia Policía Federal. En un principio, la PF se negó a entregarlos, pero el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) los obligó a hacerlo.

Colmenares fue dado de alta en la Policía Federal de Caminos en 1987 por órdenes del comandante Enrique Harari Garduño, quien fue detenido en el año 2000 acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Desde entonces acumuló decenas de arrestos de horas y días, e incluso investigaciones ordenadas por la Auditoría Superior de la federación en su paso por Baja California Norte, Texcoco y en la propia base de la PF en Iguala.

Entre las muchas faltas cometidas en su trabajo como policía, está el no presentarse a sus servicios, fallas operativas, no elaborar partes informativos, abandono de su puesto de trabajo, desobediencia, falta de supervisión del personal a su cargo, no entregar sus armas al terminar sus servicios, utilizar su vehículo particular sin placas, “haber hecho mal uso del radiotransmisor en servicios de seguridad y vigilancia”, “relajar la disciplina en oficinas” y “participar en conato de bronca en centro de vicio, resultando daños al establecimiento”.

En 2003, cuando estaba adscrito a Texcoco, el órgano interno de control de la Policía Federal inició un procedimiento en su contra. Se le acusó de sustraer de la carpeta de novedades la licencia médica de un policía federal y de alterar el documento “imprimiendo la leyenda VIH (sida) en el rubro de diagnóstico” de dicho compañero, exigiendo a otros policías testigos “no mencionar nada al respecto a nadie”. Como consecuencia, fue suspendido del cargo por 30 días.

Padres de los 43 normalistas mexicanos desaparecidos en una huelga de hambre de 43 horas, en el Zócalo de Ciudad de México
Padres de los 43 normalistas mexicanos desaparecidos en una huelga de hambre de 43 horas, en el Zócalo de Ciudad de México

En 2014, estando ya en la base de Iguala, la Auditoría Superior de la Federación detectó en una revisión en el desempeño del “Apoyo en política migratoria” de la PF y descubrió irregularidades en la actuación de Colmenares y otros cuatro federales. Se les acusó de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones al haber detenido ilegalmente a una persona de Ecuador en las inmediaciones del estado de Morelos sin tener autoridad para hacerlo, para después ponerlo a disposición del Instituto Nacional de Migración.

La PF lo protegió a él y a sus compañeros y el 9 de septiembre de 2014, unos días antes de la desaparición de los normalistas en el cual participó, fue absuelto por el Órgano Interno de Control de la PF.

Dorantes también tiene faltas en su carrera policial como “falta en el desempeño de su servicio de guardia”, “no rendir novedades”, “no llenar correctamente el libro de control de vales de gasolina”, faltar a sus servicios, no hacer su trabajo y omitir consultar el banco de datos de vehículos robados, no cumplir con las órdenes de servicio y omitir la revisión de vehículos que transportan productos y derivados del petróleo, “relajar la disciplina dentro de las instalaciones de la comisaría”.

Después de los hechos en Iguala el 23 de octubre de 2014 presentó su renuncia a la PF con carácter “irrevocable”.

El gobierno de México responsabiliza de los ataques de esa noche y la desaparición de los 43 normalistas al alcalde de Iguala, José Luis Abarca; a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa; al grupo criminal Guerreros Unidos; y a policías municipales de Iguala y Cocula, cuyas declaraciones autoincriminatorias se han obtenido –en la mayoría de los casos- bajo presunta tortura. Hasta ahora, se ha negado a investigar a la PF y al Ejército.

Por Anabel Hernández, Univision. Esta investigación fue realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.