Congresista Grijalva lidera resolución para corregir leyes de 1996
Movimiento “Fix96” coge impulso con el apoyo de 82 organizaciones cívicas en todo EEUU
WASHINGTON.- Apoyado por más de 80 organizaciones en todo EEUU, el congresista demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, lidera una resolución para corregir sendas leyes de 1996 que se han ensañado con los inmigrantes.
Las leyes en cuestión, una contra la inmigración ilegal y otra contra el terrorismo, fueron promulgadas hace 20 años durante la presidencia de Bill Clinton, y ampliaron la definición de lo que constituye un “delito agravado”, de manera que esa categoría incluye delitos de menor cuantía.
Para la oficina de Grijalva, el 20 aniversario de las leyes, conocidas en inglés como “The Illegal Immigration Reform and Responsibility Act” y “The Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act”, no son causa de celebración sino otra mancha en una nación forjada por inmigrantes.
La resolución de Grijalva, miembro del llamado “Caucus Progresista” de la Cámara de Representantes, pide eliminar las cláusulas en ambas leyes que, a su juicio, han criminalizado a los inmigrantes y reconocer que los inmigrantes también tienen derechos humanos.
“Estas leyes injustas han separado a las familias y le han negado el derecho a los jueces a intervenir (en ciertos casos) mediante el proceso de revisión judicial. Veinte años es demasiado tiempo para seguir ceñido a políticas maltrechas e inmorales”, dijo Grijalva.
“Es hora de pasar página a este vergonzoso período y cerciorarse de que se respeten los derechos humanos de cada inmigrante”, enfatizó.
La iniciativa forma parte de sus esfuerzos para que el Congreso adopte una reforma del sistema de justicia criminal que incluya medidas correctivas contra las “leyes draconianas” de 1996.
La resolución será presentada oficialmente mañana y, aunque tiene casi nulas posibilidades de ser aprobada en ambas cámaras del Congreso bajo control republicano, la idea es “establecer el tono” y “sentar las bases” del diálogo nacional sobre una eventual reforma migratoria, dijo a este diario una fuente de la oficina de Grijalva.
Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) indicó que entre 2007 y 2012 cerca de 260,000 personas fueron deportadas por condenas relacionadas con delitos de droga no violentos, o el 10% del total durante ese período.
Ambas leyes se utilizaron para justificar esas deportaciones, y su impacto en la comunidad inmigrante, según los activistas, ha sido innegable: incluso un inmigrante con residencia permanente puede ser detenido y deportado si ha sido condenado por robo, girar un cheque sin fondo, o por posesión de marihuana.
Pero estas leyes, con carácter retroactivo para sentencias ya cumplidas, han tenido otras secuelas: la imposición de detenciones obligatorias; la anulación de la debida revisión judicial, y la creación del controvertido programa 287g que dio a la policía local tareas de inmigración.
Diversas leyes adoptadas en las décadas de 1980 y 1990, durante el apogeo de la guerra antidrogas, permiten que inmigrantes condenados por drogas –con raras excepciones- puedan ser deportados, aún si son residentes permanentes.
En noviembre de 2014, la Administración Obama estableció nuevas prioridades para la deportación que incluye a criminales peligrosos, pero dejan de lado ciertos casos de delitos de drogas no violentos.
