Supremo: la soberanía de Puerto Rico reside en Washington D.C.

Washington

El Tribunal Supremo de EE.UU. reiteró hoy que la soberanía de Puerto Rico reside en Washington y que la última fuente de poder sobre la isla es el Congreso estadounidense, una decisión que supone un nuevo varapalo para los que defienden la autonomía puertorriqueña.

“La última fuente de poder de la Fiscalía de Puerto Rico es el Gobierno federal porque cuando seguimos el rastro de esa autoridad, llegamos hasta las puertas del Congreso de EEUU. El territorio autónomo (de Puerto Rico) y Estados Unidos no tienen soberanías diferentes”, determinó hoy el alto tribunal.

El Tribunal Supremo se posicionó así en un caso llevado ante esa corte por el Gobierno de Puerto Rico para dirimir sobre los límites de la soberanía judicial de la isla y la cláusula constitucional de doble exposición, que prohíbe que un mismo Gobierno soberano acuse dos veces por los mismos hechos a una persona.

“Esta corte (Suprema) concluyó a principios del siglo XX que los territorios de EE.UU., incluida la incipiente Puerto Rico, no tienen una soberanía diferente a la de Estados Unidos”, resaltó el Supremo, reiterando los límites en materia de soberanía dePuerto Rico, que es un estado libre asociado de EE.UU.

De esta forma, con seis votos a favor y dos en contra, el Tribunal Supremo determinó que la última fuente de poder judicial de la isla es el Congreso estadounidense, a pesar de que Puerto Rico aprobó en 1952 su propia Constitución y elabora sus propias leyes.

“Dicho de forma simple, el Congreso confirió la autoridad para crear la Constitución de Puerto Rico, que a cambio da autoridad para presentar cargos criminales. Eso convierte al Congreso en la fuente original de poder para los fiscales de Puerto Rico, como lo es para el Gobierno federal”, afirma la sentencia.

Las consideraciones sobre la soberanía de Puerto Rico se producen dentro del caso “Puerto Rico contra Sánchez Valle”, que ponía en cuestión si el Gobierno de Puerto Rico podía juzgar a Luis Sánchez del Valle y Jaime Gómez Vázquez por delitos de venta de armas si el Gobierno federal los acusaba de los mismos hechos delictivos.

En concreto sobre la situación de Sánchez del Valle y Gómez Vázquez, el Tribunal Supremo determinó que los tribunales de Puerto Rico no pueden juzgar a una persona que ya haya sido procesada por los mismos delitos a nivel federal y, por tanto, los dos acusados pueden recibir condena solo de la Justicia estadounidense.

La sentencia de hoy del alto tribunal de EE.UU. ratifica lo ya dicho por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ya decidió en su día que la isla no tenía soberanía propia para juzgar a una persona que ya había sido procesada en el ámbito federal por los mismos delitos.

Pero, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en respuesta, pidió una revisión al Supremo estadounidense con el fin de que el alto tribunal determinara que la isla tenía, al menos hasta cierto punto, derecho a “soberanía”, según el analista Lyle Denniston, que cubrió el Tribunal Supremo como periodista durante medio siglo.

De esta forma, en enero, durante la audiencia celebrada para estudiar el caso en el Tribunal Supremo, el abogado de Puerto Rico Christopher Landau dijo al final de su argumentación una frase que, para los analistas, simboliza la esencia del caso: “Por favor, no arrebaten la Constitución de Puerto Rico a la gente de Puerto Rico”.

En un comunicado, el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, dijo “respetar” pero también “discrepar” de la decisión de la máxima corte estadounidense.

“La decisión de la Corte Suprema tiene un impacto limitado en el procesamiento criminal, puesto que sólo impide un procesamiento sucesivo cuando el delito local y el federal contengan los mismos elementos; cuando se trate del mismo delito”, argumentó.

No obstante, reconoció que la decisión también tiene “otras implicaciones” y dijo que “toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con los Estados Unidos”.

El caso había levantado gran expectación en Puerto Rico debido al polémico alegato que presentó el pasado 24 de diciembre el abogado que representa a la Casa Blanca, Donald Verrilli, y en el que defendió que la isla está supeditada a la autoridad del Congreso estadounidense.

Esa postura provocó malestar en todos los estamentos políticos de la isla, que la interpretaron como una confirmación del estatus colonial y de sometimiento a Washington que algunos sectores denuncian sufre Puerto Rico.