Medida para reestructurar deuda de PR necesita firma de Obama
El proyecto de ley, denominado "Promesa", encaminaría la reestructuración de la deuda del gobierno
Entre reacciones de lamentos y resignaciones los políticos boricuas recibieron ayer tarde la noticia anticipada por semanas sobre la imposición de una junta federal de control fiscal dispuesta mediante legislación congresional.
El proyecto de ley que encaminaría una reestructuración de la deuda del gobierno, estimada en más de $70,000 millones, fue aprobado con 68 votos a favor y 30 en contra en el Senado.
Después de meses de demora republicana y muchas decisiones difíciles, el Congreso por fin aprobó legislación para abordar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico“, dijo en un comunicado Reynaldo Benítez, portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.
La pieza legislativa, conocida como Promesa, se aprueba a dos días de que se incumpla con un pago de $2,000 millones a importantes acreedores debido a la crisis fiscal agravada por una recesión de casi una década.
La legislación, validada de antemano por la Cámara, exige crear un plan fiscal y financiar los sistemas de pensiones con graves déficits actuariales. La Cámara federal también validó el proyecto que sería convertido en ley a corto plazo mediante el endoso del presidente estadounidense, Barack Obama.
Según Obama, la medida proporciona a la Isla “el apoyo necesario para reestructurar su deuda, salvaguardar los servicios públicos vitales, y brindar protección a las pensiones públicas”.
“Este proyecto de ley no es perfecto, pero es un primer paso crítico hacia la recuperación económica y la esperanza restaurada para millones de estadounidenses que llaman a Puerto Rico su casa”, declaró Obama en un comunicado de prensa.
“Espero con interés firmar el proyecto, y seguimos comprometidos a trabajar con el Congreso y el pueblo de Puerto Rico para volver a un crecimiento económico duradero y que genere oportunidades” a sus ciudadanos, añadió.
El comisionado residente Pedro Pierluisi favoreció, a pesar de algunos reparos, la polémica medida, registrada como proyecto H.R. 5278.
“No hay duda de que se necesita hacer mucho más para que Puerto Rico prospere, tanto en San Juan como en Washington, pero la aprobación de Promesa tes un primer paso absolutamente esencial”, agregó en declaraciones escritas Pierluisi.
En el Partido Popular Democrático (PPD), el ex representante Héctor Ferrer, cabildeó sin éxito en contra del proyecto H.R. 5278, el que describió como “una afrenta al derecho básico de los puertorriqueños a gobernarse”.
Las disposiciones del proyecto “no sólo debe ser alarmante para los puertorriqueños, sino para todos los que creen en los principios democráticos del Gobierno de EEUU”, agregó el candidato a comisionado residente, a pesar de que el gobernador y presidente del PPD, Alejandro García Padilla, apoyó la pieza.
García Padilla consideró que la medida brinda a Estado Libre Asociado de Puerto Rico el marco legal necesario para reestructurar toda su deuda pública, estabilizar la situación fiscal y proteger a los puertorriqueños de las demandas de acreedores.
“Aunque imperfecto, este proyecto nos da el acceso a las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones y los pagos a nuestros acreedores. Del mismo modo, nos protege de acciones legales, mientras atendemos con responsabilidad el proceso de reestructuración y continuamos ofreciendo de manera ininterrumpida los servicios esenciales a todos los residentes del país”, sostuvo.
Por su parte, la candidata a gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, interpretó la aprobación del proyecto como “la aceptación final del fracaso del experimento colonial del Estado Libre Asociado”.
“Sesenta y cuatro años del llamado ‘gobierno propio’ nos han dejado con un país en quiebra, con todos los males de la inferioridad política acentuados por la incompetencia y la corrupción” de los dos principales partidos de la isla, sentenció en declaraciones escritas.
Promesa, a juicio de Santiago, elimina cualquier “razón o pretexto para dilatar la exigencia a EEUU de un proceso que permita a los puertorriqueños ejercitar su derecho a la libre determinación e independencia, conforme al derecho internacional”.