Los Ángeles pagará $20 millones al año para proveer vivienda para discapacitados
La ciudad deberá pagar tal multa por una década
El Concejo de Los Ángeles votó esta semana a favor de pagar alrededor de 200 millones de dólares sobre los próximos diez años para resolver una demanda que acusaba a la Ciudad de no ofrecer suficientes departamentos para la gente con discapacidad en sus proyectos públicos de vivienda.
Al año, la Ciudad tendrá que pagar $20 millones de dólares para asegurarse que al menos 2,655 de 4,000 unidades sean arregladas para el uso de personas en sillas de ruedas.
El compromiso pactado con los grupos demandantes defensores de los derechos de las personas con discapacidad incluye además que un amplio porcentaje de las nuevas viviendas económicas sean adaptadas para ellos, rediseñar los existentes y demostrar que algunos de los ya construidos son accesibles.
El acuerdo pone fin a la querella entablada en 2012 por las organizaciones Independent Living Center of Southern California, Fair Housing Council of San Fernando Valley y Communities Actively Living Independent and Free. El pleito se enfocó que no se cumplió con construir 700 viviendas accesibles a las personas discapacitadas en 47,000 unidades aprobadas en cerca de tres décadas.
Michael Allen, el abogado de las tres organizaciones no lucrativas que demandaron a la Ciudad por violar leyes estatales y federales antidiscriminatorias, consideró el acuerdo como el de mayor accesibilidad jamás alcanzado para proporcionar vivienda económica. “Envía un mensaje fuerte y positivo a las ciudades en el país para que sus programas de vivienda sean accesible a las personas discapacitadas”, expuso.
Alcanzado el acuerdo, en un comunicado, el alcalde Eric Garcetti dijo que la Ciudad defiende la inclusividad y el acceso a todos.
“Si hemos fallado con este compromiso, necesitamos arreglarlo tan rápido como sea posible”, dijo. “Este acuerdo nos permite resolver un asunto legal de mucho tiempo con un nivel de inversión predecible. Lo que es más importante, trabajamos para cumplir con las necesidades de nuestra gente discapacitada ahora y en las décadas por venir”, expone.
Hace apenas un año, que los concejales cerraron otra demanda al acordar pagar 1,300 millones de dólares durante un periodo de 30 años para reparar banquetas. Dicha demanda fue entablada por los defensores de las personas en sillas de ruedas para quienes desplazarse por las deterioradas aceras de la ciudad era casi imposible.
Allen, el abogado de los grupos demandantes, dijo que muchas de las unidades construidas por inversionistas privados u organizaciones no lucrativas con dinero federal supervisado por la ciudad y de la Agencia de Desarrollo Urbano se ofrecían como accesibles para las personas discapacitadas, pero en la realidad presentaban barreras muy importantes para usarse no sólo dentro de los departamentos sino en las áreas públicas.
No tenían espacio en las cocinas y baños para las sillas de ruedas ni barras para que pudieran sostenerse. Tampoco los corredores estaban adaptados para sus necesidades de desplazamiento.
Además de los $200 millones de dólares, la Ciudad pagará 4.5 millones de dólares a las organizaciones no lucrativas que entablaron la demanda más 1 millón a las cortes y casi 20 millones de dólares a los abogados.
