Senadores presentan legislación para proteger a ‘DREAMers’ por 3 años

El Acta BRIDGE tiene como objetivo proteger a unos 750,000 beneficiarios de DACA
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Senadores presentan legislación para proteger a ‘DREAMers’ por 3 años

WASHINGTON – Adelantándose a cualquier medida nociva que pueda adoptar la entrante Administración Trump, dos líderes del Senado presentaron hoy un proyecto de ley que daría protección provisional por tres años a los DREAMers amparados al DACA de 2012.

Los senadores Dick Durbin, demócrata por Illinois, y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, explicaron las líneas generales del proyecto de ley denominado “Acta BRIDGE”, con el objetivo de proteger a unos 750,000 “DREAMers” amparados al programa de Acción Diferida para los Llegados de Infancia.

Durante unas declaraciones en el pleno del Senado, Durbin dijo que los beneficiarios del DACA de 2012 obtendrían, si la medida es aprobada, un “estatus de protección provisional” y permisos de trabajo, y podrían solicitar una extensión antes de que se venza su permiso actual.

“Los solicitantes tendrían que pagar una cuota razonable, someterse a una revisión de antecedentes criminales, y cumplir con los mismos criterios de elegibilidad que tiene DACA en la actualidad”, explicó Durbin.

La medida también beneficiaría a los cerca de 220,000 jóvenes indocumentados que son elegibles para el DACA de 2012, pero que aún no se han inscrito, según un borrador de la introducción del anteproyecto.

Graham, por su parte, explicó en  una serie de mensajes en Twitter que, aunque el DACA es “anticonstitucional”, no se puede sumir en la sombra a los “DREAMers”, quienes tienen mucho que aportar a EEUU y el pueblo se beneficia de sus contribuciones.

Durbin y Graham formaron parte del antiguo “Grupo de los Ocho” del Senado, —cuatro demócratas y cuatro republicanos- que en junio de 2013 lograron la aprobación de una reforma migratoria integral. La legislación fracasó en la Cámara de Representantes, donde los republicanos no quisieron siquiera realizar un debate.

Al igual que con DACA de 2012, los requisitos incluyen demostrar que entraron a EEUU de pequeños, han estudiado, no han cometido “ningún delito serio”, y no “representan una amenaza para nuestro país”, según el texto de la medida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría retirar este beneficio si el individuo deja de reunir los requisitos.

La ley, cuyo nombre completo se traduce del inglés como “Prohibir la Deportación de Individuos que Sueñan y Crecen Nuestra Economía”, lleva la sigla de “BRIDGE” (puente) porque siembra la idea de que la medida sirve como un parche temporal a la espera de que el Congreso apruebe una solución permanente.

En ese sentido, Durbin reconoció que la legislación no soluciona los demás problemas del maltrecho sistema de inmigración en EEUU, que ha permitido que once millones de inmigrantes vivan en la sombra y con el eterno riesgo de ser deportados.

Ambos presentaron el proyecto de ley en unos momentos de gran incertidumbre en la comunidad inmigrante por el futuro rumbo de la política migratoria cuando Donald Trump juramente como el 45 presidente de EEUU el próximo 20 de enero.

Como la actual sesión legislativa concluirá a finales de año, ambos senadores tendrán que volver a presentarla en la siguiente sesión. Sin embargo, el esfuerzo fue interpretado como una señal a la entrante Administración Trump de que proteja a los DREAMers, una petición que hizo Durbin expresamente en  una entrevista reciente con este diario.

Primeras reacciones

Los grupos proinmigrantes desde siempre han presionado por una reforma migratoria integral, y también  han advertido de que eliminar el “DACA” de 2012, como prometió Trump durante la contienda, perjudicaría no solo a las familias inmigrantes sino también a la economía y las arcas del Seguro Social.

Según el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), eliminar el DACA supondría borrar al menos $433,400 millones del Producto Interno Bruto de EEUU de forma cumulativa en una década. 

La medida bipartidista presentada hoy solo protege temporalmente de la deportación, y por lo tanto no da estatus legal ni una vía hacia una eventual legalización y ciudadanía. Tampoco da protección a los padres de los “DREAMers”.

En general, los activistas consideraron que la medida es un buen comienzo, pero no es suficiente, y que hace falta una reforma migratoria integral.
Cesar Vargas, codirector de la “Dream Action Coalition”,  dijo en un comunicado que la medida “no hace mucho por proteger DACA o avanzar esfuerzos  legislativos permanentes” y, a su juicio, lo correcto sería centrar las energías en acciones ejecutivas que en el pasado ha apoyado Trump, como el autorizar que los “DREAMers” presten servicio militar, y seguir presionando por un “DREAM Act” que provea una vía a la legalización y ciudadanía.

“Debemos proteger a los ¨Dreamers originales”, nuestros padres, y alejarnos de la narrativa de separar a buenos y malos inmigrantes. No es momento de solo jugar defensa; debemos ser audaces e ir a la ofensiva en una reforma migratoria”, puntualizó Vargas.

Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), aplaudió la medida bipartidista porque “es un paso importante para ayudar a evitar un resultado innecesario y destructivo” si Trump anula el DACA de 2012, que ha ayudado a los DREAMers a obtener mejores empleos y oportunidades educativas.

Sin embargo, agregó que aunque esperan que los republicanos en ambas cámaras del Congreso aprueben la medida, Trump “tiene plena autoridad” de conservar el programa por su cuenta, sin intervención legislativa.

Por su parte, Bruce Lesley, presidente de la “First Focus Campaign for Children”, advirtió que eliminar el DACA de 2012 sería “cruel y anti-estadounidense”, e instó al Congreso a que apoye la medida bipartidista mientras estudia una “solución más permanente para estos jóvenes y sus familias”.