También los ciudadanos casados con inmigrantes indocumentados viven en zozobra
WASHINGTON.- Los “DREAMers” han acaparado la mayor atención mediática por el caos en que caerían si la entrante Administración Trump anula el “DACA” de 2012, pero no son los únicos: centenares de miles de ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados afrontarían su propio calvario ante el peligro de la deportación.
Durante la contienda, el presidente electo, Donald Trump, prometió la deportación masiva y la cancelación del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y los alivios migratorios anunciados en noviembre de 2014, que ahora están en litigio en las cortes.
Sin hacer distinciones, Trump metió en el mismo saco de criminales y “malos hombres” a familias con estatus migratorio mixtos, es decir, a millones de ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados.
Más de nueve millones de personas viven en familias con estatus migratorio mixto, en los que al menos uno de los padres es indocumentado con niños nacidos en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew. Para 2014, el 66% de los adultos indocumentados llevaba al menos una década en EEUU, suficiente período para formar familias.
Zozobra de ciudadanos
En declaraciones a este diario, Kim Anderson, presidenta del grupo “American Families United”, hay entre 350,000 y 400,000 familias en las que un ciudadano está casado con un inmigrante indocumentado, pero que ahora afrontan zozobra porque, dependiendo de su caso, tramitarles la residencia permanente podría exponerlos a mayores riesgos de deportación.
Nadie sabe exactamente lo que hará Donald Trump al tomar posesión el próximo 20 de enero, y esa incertidumbre está alimentando la ansiedad en la comunidad inmigrante y entre los propios ciudadanos.
“La realidad de que algo pueda ocurrir después del 20 de enero que provoque su separación, está infundiendo un escalofriante temor en estas familias. Tienen temor de llenar formularios, con nombre y domicilio, de no reunir los requisitos y afrontar resultados indeseables”, dijo.
“Tenemos familias que se han ido al exilio o están pensando hacerlo, y lo irónico es que hasta ahora muchos han podido permanecer bajo el radar, antes de arriesgarse a una separación”, enfatizó Anderson.
En la actualidad, la idea de que un inmigrante indocumentado pueda casarse con un “gringo” para obtener “los papeles” es un mito total: no hay manera de obtener la residencia permanente sin sufrir consecuencias de una larga separación, que además desestabilice las finanzas y la salud emocional de la familia.
Por ello, algunos ciudadanos ni siquiera han iniciado los trámites de residencia legal y, según Anderson, en un caso reciente que documentó su grupo, una familia regresó a Veracruz porque el esposo tenía prohibida la entrada por una década.
Perdones bajo la “Ley del Castigo”
Es que, bajo una ley migratoria federal de 1996, conocida popularmente como la “Ley del Castigo”, si la persona entró ilegalmente sin una “inspección” de los agentes fronterizos, está sujeta a una prohibición de entrada al país de entre 3 y 10 años, dependiendo del tiempo en que estuvieron indocumentados.
En algunos casos extremos, la prohibición puede ser de por vida, especialmente si los inmigrantes tienen antecedentes penales.
Pero en marzo de 2013, la Administración Obama puso en marcha un nuevo reglamento mediante el cual los ciudadanos estadounidenses pueden legalizar a sus parejas sin sufrir las penurias de una larga separación, si reúnen los requisitos.
En la actualidad, los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos o residentes permanentes pueden solicitar un “perdón” de la “ley del castigo”, o “waiver” en inglés, para poder tramitar la residencia permanente sin salir del país.
Pero, según Anderson, no todas las familias califican u obtienen el perdón, especialmente si el cónyuge miente en la solicitud, tiene antecedentes penales, entró indocumentado más de una vez a EEUU, o no logra demostrar que su familia pasaría “sufrimiento extremo”, financiero, social y emocional, por la separación.
“El perdón no fue una orden ejecutiva del presidente Barack Obama, y no creo que Trump lo vaya a quitar, aunque pueda modificar los reglamentos. Hay mecanismos para evitar la deportación, dependiendo de cada caso, y creo que es importante no crear pánico… hay que combatir el pánico con acciones legales, políticas, protestas, si Trump intenta atacar a la población indocumentada”, dijo a este diario el abogado de Inmigración, José Pertierra.
