Casa Blanca: Trump respetará el derecho al debido proceso de inmigrantes

La encargada de la prensa hispana de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, explica en entrevista exclusiva para Impremedia, cuál es el propósito de las nuevas medidas migratorias de la Administración Trump

WASHINGTON.- La Casa Blanca afirmó este miércoles que la Administración Trump respetará el derecho al debido proceso de los inmigrantes, en respuesta a las protestas y denuncias de activistas y grupos cívicos por el recrudecimiento del combate a la inmigración ilegal.

En entrevista con este diario, la nueva encargada de la prensa hispana de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, explicó que las medidas obedecen a la “porosa” frontera, por donde se cuelan criminales, y que el gobierno no planea violar los derechos de los inmigrantes.

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“Aquí nadie va a tener sus derechos violados. Lo que queremos es que se respete la ley, y eso siempre ha sido parte de ser un estadounidense”, enfatizó.

Consciente de las críticas, Aguirre Ferré aseguró que la Administración Trump es “pro-inmigrante, pro-inmigración, pero somos pro-inmigración legal”.

En la actualidad, “es más fácil inmigrar ilegalmente que legalmente, y lo tenemos que hacer al revés, para que sea más fácil poder inmigrar legalmente”, señaló.

La portavoz agregó que los grupos opuestos a las medidas “están en su pleno derecho” de entablar demandas, “pero estamos confiados de que la ley nos ampara”.

“Somos un país con estado de derecho y hay que cumplir con ello. Este es un primer paso, unas primeras medidas que se toman para tratar de enmendar” el sistema migratorio, enfatizó.

Poco antes, desde la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presidente Donald Trump firmó sendas órdenes ejecutivas para estrechar el cerco a los inmigrantes indocumentados, tal como prometió durante la contienda.

Las medidas ejecutivas se ganaron elogios de la bancada republicana en general, por considerar que son un buen primer paso para corregir el maltrecho sistema migratorio y resolver la crisis del continuo flujo de indocumentados en la frontera sur.

Activistas en pie de resistencia

Pero también generaron el rechazo unánime de líderes demócratas del Congreso y de ciudades en todo el país, así como de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país, que incluso prometen litigios en los tribunales.

En declaraciones a este diario, el presidente de MALDEF, Tom Saenz, dijo que evaluará las medidas y estará lista para impugnar cualquier directriz que viole la Constitución o las leyes en vigor.

Saenz señaló, por otra parte, que la construcción de un muro toma “meses y meses” de planificación antes de colocar el primer ladrillo, y se requiere la intervención del Congreso para tomar medidas contra las ciudades “santuario”.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), lamentó que la visión “xenofóbica” y cargada de odio que mostró Trump en su campaña electoral ahora con estas medidas está más cerca de convertirse en realidad.

“Las acciones de hoy son los primeros pasos para implementar una agenda profundamente preocupante, que criminalidad a la gente con base a su procedencia y sus creencias. No solo contradicen nuestros valores más preciados como estadounidenses y desafían a la Constitución sino que no comienzan a responder a las verdaderas necesidades de nuestro país”, afirmó Hincapié.

Otros de los principales grupos cívicos y defensores expresaron la misma preocupación.

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