Fiscalía de Brooklyn protegerá a inmigrantes de deportación por crímenes menores

Presentan nuevas directrices para educar a los acusados que no son ciudadanos sobre los efectos de salir culpable
Fiscalía de Brooklyn protegerá a inmigrantes de deportación por crímenes menores
Fiscal interino de Brooklyn Eric Gonzalez habla sobre la educacion de los abogados defensores de asuntos de inmigracion.
Foto: Mariela Lombard / El Diario NY

Días después que el Fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions envió cartas a ocho ‘ciudades santuarios’ incluyendo Nueva York, dando un ultimátum de que si no cooperan con ‘La Migra’ perderán fondos federales, la Fiscalía de Brooklyn anunció este lunes nuevas medidas para proteger a inmigrantes de ser deportados por crímenes menores.

La iniciativa educaría al personal de la Fiscalía sobre las consecuencias legales que en materia migratoria tendría para las personas que no sean ciudadanos estadounenses, el ser acusados de ciertos crímenes. A su vez, los Fiscales deberán instruir a los abogados defensores en la corte criminal.

“Ahora más que nunca tenemos que asegurarnos que una convicción, especialmente por un delito menor, no lleve a consecuencias severas e imprevistas como las deportaciones, las cuales pueden ser injustas, separan a familias, y desestabilizan a nuestras comunidades y negocios”, dijo el fiscal interino de Brooklyn Eric González.

El funcionario indicó que la Fiscalía contrató a dos abogados de inmigración que entrenarán al personal de esa dependencia, y además ofrecerán asesoramiento personalizado a los abogados defensores que no conocen las consecuencias que ciertos crímenes pueden tener en el estatus migratorio de un individuo, a pesar que sea un residente legal.

González le contó a El Diario que empezó esta política porque muchas personas con estatus legal se han declarado culpables por un crimen, pagan el castigo, siguen su vida y 10 ó 20 años más tardes no pueden obtener la ciudadanía o no pueden volver a Estados Unidos después de visitar a su país.

Fiscal interino de Brooklyn Eric Gonzalez habla sobre la educacion de los abogados defensores de asuntos de inmigracion.
Fiscal interino de Brooklyn Eric Gonzalez habla de la nueva política.

La manera impredecible en que la Casa Blanca está implementando las leyes de inmigración ha causado mucha confusión en los tribunales. “Hace unos meses, los abogados le estaban diciendo a sus clientes que no sabían si sus convicciones iban a tener un impacto en sus vidas”, expresó el Fiscal que en su carrera de 20 años nunca notó que se les educaba apropiadamente a los acusados de los efectos de declararse culpable. González recalcó que los inmigrantes son un tercio de la población en Brooklyn.

Las nuevas directrices no obligan que los fiscales pregunten sobre el estatus migratorio de un individuo, pero promueve que el personal de la Fiscalía esté pendiente de la posibilidad de que un inculpado no sea ciudadano. Si ese es el caso, los fiscales de distrito auxiliar deben de asesorar al abogado defensor sobre las consecuencias.

Estas consecuencias negativas deben de ser consideradas a la hora de llegar a un acuerdo judicial o posible sentencia. Cuando sea posible, los asistentes de la fiscalía deberán ofrecer una disposición o recomendación de sentencia, que no ponga en riesgo la seguridad pública y que no lleve a la deportación o cualquier otra consecuencia indirecta.

Sentencias ‘sin consecuencias’

Para llegar a una ‘sentencia sin consecuencias’, los fiscales pueden considerar delitos opcionales que el acusado puede alegar. Esta alternativa debe ser similar en el nivel de delito y la duración de la sentencia a la ofrecida a un ciudadano acusado, mientras que el cargo puede ser diferente. Por ejemplo, en vez de acusar a alguien por un robo menor, lo cual tiene consecuencias migratorias, se le puede acusar de posesión de artículos robados, lo que no sería un motivo para la deportación.

El Fiscal admitió que esto será imposible de hacer en algunos casos ya que los delitos graves vienen con consecuencias migratorias que son inevitables, “y frecuentemente apropiadas”. González hizo hincapié que su objetivo “no es frustrar” al gobierno Federal.

“Nuestro objetivo es mejorar la seguridad pública y la justicia en el sistema de justicia penal y esta política complementa, pero no compromete, este objetivo. No dejaremos de procesar los crímenes, pero estamos dedicados a ver que los resultados de los casos son proporcionales a la ofensa, así como justos y razonable para todos”, expresó, añadiendo que además espera que la nueva medida ayude a que los inmigrantes de Brooklyn se sientan más cómodos reclamándole a la Fiscalía.

Gabriela,40, Mexicana, residente de Brooklyn.
Gabriela, de 40 años, expresó que la medida es importante para la comunidad hispana.

Miedo entre los hispanos

La mexicana Gabriela, quien prefirió no compartir su apellido, dijo que las nuevas políticas le parecen favorable especialmente para los hispanos. “El gobierno se está enfocando en los hispanos y no se vale”, expresó la madre de cuatro hijos y residente de Brooklyn, quien contó que ve el miedo que tiene su comunidad.

“Los delitos menores frecuentemente atrapan a los inmigrantes que no están familiarizados con el proceso legal, y potencialmente los expone a ‘un doble castigo´ de ser deportado y separado de sus familias”, indicó Steve Choi, presidente de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC) en una declaración felicitando al Fiscal de Brooklyn.

Un vocero del fiscal de Manhattan Cyrus Vance, dijo que esa dependencia “aplaude” el esfuerzo de González.

“Los Fiscales Generales tienen que jugar un rol protegiendo a los neoyorquinos—incluyendo los acusados— de deportaciones injustas e innecesarias”, expresó el vocero.

La Fiscalía de Manhattan creó una nueva posición el mes pasado para desarrollar el conocimiento de los fiscales sobre las leyes migratorias y las tendencias del gobierno Federal aplicando la ley. Al igual que las nuevas posiciones que creó la Fiscalía de Brooklyn, un abogado de Manhattan está encargado de discutir con los asistentes del Fiscal sobre las consecuencias en el ámbito de inmigración, vivienda y empleo, que tiene el salir culpable de un caso.

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