Comisionado de Correccionales recibe duras críticas del Concejo

La labor de Joseph Ponte, investigado por dar uso personal a un vehículo de la Ciudad, fue puesta en tela de juicio

Comisionado de Correccionales Joseph Ponte testifica en el concejo.

Comisionado de Correccionales Joseph Ponte testifica en el concejo. Crédito: Mariela Lombard | El Diario NY

Lo que estaba previsto ser una audiencia pública en el Concejo de Municipal para analizar el presupuesto del Departamento de Correccionales para el año fiscal 2018 y los logros alcanzados en materia carcelaria en la Gran Manzana, terminó convirtiéndose este lunes en una lluvia de críticas contra el comisionado de esa agencia, Joseph Ponte.

Aunque el funcionario destacó la reducción del 18% en la población carcelaria como una muestra de logros alcanzados, al igual que los nuevos programas de tratamiento a los reclusos, la presidenta del Comité de Finanzas, Julissa Ferreras, cuestionó que aunque la Ciudad ha invertido millones en los planes de Ponte para reducir la violencia penitenciaria, algunos recursos se están usando mal y se han reportado hechos de corrupción.

“Todo esto, y Rikers Island todavía está en caos“, aseguró la concejal, quien criticó duramente al Comisionado por ni siquiera haberse tomado la molestia de leer las recomendaciones que hace varias semanas presentó la Comisión Lippman para cerrar la mayor cárcel de la ciudad, señalada de ser un centro de violencia y violaciones de derechos humanos.

“No fue una directiva, fue una serie de recomendaciones que tendrán que ser examinadas por la Alcaldía “, dijo Ponte, tratando de defenderse, haciendo que Ferreras pusiera en duda su capacidad de resolver los problemas de las prisiones en la Gran Manzana.

“Cómo podemos nosotros como Concejo y como Ciudad tener confianza en su habilidad de dirigir las cárceles si ni siquiera ha leído el documento”, comentó la concejal.

Ponte aseguró que además de los $1,430 millones que la Ciudad invertirá en las cárceles en el año fiscal 2018, es necesario que los diferentes estamentos trabajen juntos para hacer realidad el plan de cerrar la cárcel de Rikers Island cuando la población carcelaria llegue a 5,000 personas, y recalcó que no solo es un asunto de una agencia sino obligación de las cortes, las fiscalías de distrito, los abogados, las correccionales estatales, y los neoyorquinos en general.

“El logro de poder reducir a 5,000 la población carcelaria de Rikers Island en la próxima década, requiere el compromiso de muchos (estamentos) que toman decisiones diferentes, con cuyas acciones se afecta el tamaño de la población carcelaria”, aseguró el Comisionado.

¿Corrupción?

Durante la misma audiencia, el comisionado fue cuestionado sobre el uso de vehículos de la Ciudad para viajes personales, hechos principalmente a su casa de campo en el estado, lo que fue denunciado el mes pasado por el Departamento de Investigaciones.

Ponte no solo insistió que no sabía que no podía usarlos, sino que recalcó que está dispuesto a pagar los costos que esos viajes generaron.

“Ahora reconozco que los estándares no aplican para el uso personal de mi vehículo asignado y malinterpreté la póliza de uso de vehículos”, comentó Ponte. “Finalmente, como previamente dije, reembolsaré completamente a la Ciudad por el uso personal de mi vehículo de la Ciudad”.

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