Editorial: Golpe a la reforma de justicia criminal
El Fiscal General ponen en riesgo los avances logrados en la reforma criminal
La reforma del sistema de justicia criminal es una de las pocas áreas de acuerdo bipartidista. Las posibilidades de seguir los cambios positivos para lidiar con los delitos era muy real hasta que llegó Jeff Sessions.
El secretario de Justicia echó un baldazo de agua fría a estas esperanzas hace unos días cuando ordenó a los 94 fiscales de distrito que utilicen el cargo más serio, con la condena más severa, en los casos penales.
Una visión de la justicia más cercana al siglo 19 que al siglo 21 se impone a pesar de ir contra la corriente. Es muy preocupante que prevalezca en la administración Trump un punto de vista tan retrógrado, incluso por sobre el del yerno y asesor del mandatario, Jarred Kushner.
La política de Sessions es un regreso a la “guerra contra las drogas” de la década de los ochentas y los noventas basada en el encarcelamiento por el mayor tiempo posible sin importar el tipo de delito. Esto solo sirvió para aumentar el nivel de reincidencia delictiva.
Esta decisión significa mucho más que otra anulación, de las tantas realizadas, de una política del ex presidente Obama. Es un golpe a un enfoque compartido tanto por demócratas como por republicanos que se ha ido formando con el tiempo.
El gobierno anterior había dejado al principio en manos de los procuradores federales la decisión de qué tipo de cargos presentar en cada caso. Más tarde ordenó a los fiscales federales utilizar los menos rigurosos, a menos que sean delitos violentos.
En Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Texas se hicieron reformas que ayudaron la reinserción positiva de los convictos a la sociedad, ahorró dinero para los contribuyentes y se vió una reducción en el índice de delincuencia.
Estos resultados ayudaron a que liberales y conservadores quieran ampliar la reforma a nivel federal. Un comité del Senado aprobó el año pasado un paquete de reformas, que fue frenado en el pleno por los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Sessions. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Kushner trataba de destrabar la reforma el Congreso con el respaldo de Trump.
Finalmente se impuso la postura del actual secretario de Justicia, quien como senador dijo que los cambios iban a dar una “lenidad a los (inmigrantes) ilegales traficantes de drogas.” Mientras que Cotton dijo que el problema era que no había suficiente gente en las prisiones.
Estados Unidos tenía 2,220,300 presos en 2013, siendo el país con más gente encerrada y el segundo con más detenidos por habitante -detrás de Seychelles- del mundo. Los afroamericanos y los latinos están sobre-representados gracias a un sistema justicial inherentemente volcado en su contra.
Es trágico ver cómo un individuo es capaz de descarrilar los esfuerzos de mucha gente para hacer una reforma necesaria. Es temible que esa persona con tanto poder sea un extremista como Sessions.
