Presentan declaraciones racistas de legisladores como evidencia contra la “ley antisantuario” de Texas

"Nadie dice abiertamente que va a crear una ley para oprimir a los latinos", explica Tom Sanez, presidente de MALDEF

Entre la documentación presentada esta semana ante un tribunal de San Antonio por grupos que demandan a Texas tras la aprobación de una ley anti-inmigrante, están  varios testimonios de legisladores latinos de ese estado que han sido objeto de comentarios y ataques racistas, no sólo por personas anónimas en medios sociales sino también por sus propios colegas anglos en la legislatura.

El legislador Cesar Blanco, por ejemplo, representante del distrito 76 de El Paso, relata una anécdota ocurrida poco antes de la votación de la ley en la legislatura de Texas, cuando un miembro del “grupo libertario” (grupo ultraconservador que lideró la ley SB4) se acercó a legisladores latinos que almorzaban en un restaurante chino.

“Estaba comiendo con varios legisladores latinos en el restaurante Wu Chao, cuando el representante Ron Simmons se acercó y nos dijo: “Hey, muchachos, ¿ya saben que aquí no se venden enchiladas?”

Este es sólo uno de los muchos ejemplos, anécdotas, declaraciones y hasta “mensajes de odio racial” por carta, Twitter y Facebook que los grupos demandantes han presentado al juez para su consideración, en la demanda contra SB4.

Esta semana, abogados de la demanda consolidada (que incluye a El Paso, San Antonio, MALDEF, LULAC, y la Ciudad de El Cenizo, aparte de varios grupos comunitarios locales) presentaron numerosas pruebas documentales ante el juez Orlando García, de San Antonio.

El lunes próximo, el juez García escuchará testimonios y los demandantes pedirán que suspenda la ley temporalmente antes de que se inicie su aplicación, pautada para el 1 de septiembre.

Probablemente no haya una decisión inmediata, explicó Thomas Saenz, presidente de MALDEF, en una entrevista con La Opinión, porque aún hay tiempo antes de esa fecha y las partes “han presentado una gran cantidad de evidencia documental”.

Que García sea el juez que preside el caso no es buena noticia para Texas, ya que como reportamos hace unos días, este mismo juez decidió que es inconstitucional mantener a alguien en la cárcel usando una orden civil de ICE o “ICE detainers”.

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El objetivo de este argumento es invalidar la ley SB4 (la llamada ley “anti-santuario” por sus partidarios), en base a su intención discriminatoria, explicó Saenz.

“Nadie dice abiertamente, vamos a aprobar una ley para oprimir a los latinos”, dijo Saenz. “Pero todo esto que presentamos es evidencia circunstancial del estado mental de estos legisladores, que públicamente han usado estereotipos raciales”.

No sería la primera vez que los texanos aprueban una ley que los tribunales posteriormente invalidan por ser intencionalmente racista.

Desde 2011, ha habido seis decisiones de jueces federales que invalidaron leyes de Texas por tener intención discriminatoria, incluyendo la más reciente en abril, contra una ley de “Voter ID”.

En esa ocasión, jueces federales encontraron que la susodicha ley estaba destinada a coartar el voto de ciertos grupos, particularmente minorías raciales.

La ley SB 4 o Ley “anti ciudad santuario” de Texas,  pretende borrar toda diferencia entre el trabajo de la policía estatal y local, encargada de perseguir el crimen y la delincuencia frente al de las autoridades migratorias federales, encargadas de cuidar fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias.

No solo eso, la ley busca presionar a agencias policiales locales a colaborar con las autoridades federales más allá de lo que dicta la ley federal y decide castigarlos si no lo hacen.

Por ejemplo, la nueva ley prohíbe que estos funcionarios se nieguen a cumplir con las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE de no liberar a un inmigrante detenido hasta que los agentes federales van a la cárcel a recogerlos.

Pero ya son varios los jueces, incluyendo a García, que han dicho que detener a alguien en una cárcel regular más allá del tiempo que requiere la ley penal, es ilegal.

Por ejemplo, el juez García falló en contra del condado de Bernal, Texas, por mantener en la cárcel durante dos meses a un migrante, luego de su arresto por un delito menor que luego fue anulado, solo en base a una solicitud de ICE.

El caso del legislador que “llamó a ICE”.

Entre la documentación presentada por los demandantes, se incluyen declaraciones sobre el incidente, ampliamente reportado por los medios en Texas y por La Opinión, en el cual un legislador republicano insultó (“fuck them”), a manifestantes pro inmigrantes que llegaron a protestar contra la ley en el último día de la sesión anual de la legislatura.

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El legislador, Matt Rinaldi, también llamó a ICE a pedir que “se llevaran a todos esos ilegales”, entre los que había todo tipo de personas, incluyendo latinos, no latinos, ciudadanos, dreamers y otros.

Posteriormente, varios legisladores reportaron ser objeto de ataques raciales en medios sociales, como este Tweet recibido por el legislador de San Antonio Diego Bernal.

Los legisladores partidarios de la SB 4 y el gobernador Greg Abbot aseguran que se trata de una medida destinada a preservar la seguridad pública de Texas y que los latinos que no cometan delitos no tienen nada que temer, aunque sus autores rechazaron enmiendas que hubieran protegido a estudiantes en universidades y a personas en refugios de violencia doméstica, entre otros.

Entre los más críticos a esta ley están algunos de los jefes de policía y sheriffs de las ciudades y condados más grandes de Texas.

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