Demandan a ICE y el condado de Suffolk por detención inconstitucional

Guatemalteco denuncia que la oficina del alguacil lo mantuvo arrestado para colaborar con 'La Migra', a pesar de haber pagado su fianza

Policía del condado Suffolk, Long Island, NY.

Policía del condado Suffolk, Long Island, NY. Crédito: Mariela Lombard | Impremedia

Un inmigrante guatemalteco residente en Brentwood, Long Island, está demandando a varias agencias locales del condado de Suffolk y al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por una detención presuntamente inconstitucional.

El incidente ocurrió el pasado 23 de abril cuando la Policía de Suffolk arrestó a Joaquín Orellana Castañeda por conducir borracho y sin licencia. Ese mismo día el hombre de 34 años fue procesado e impuesto de una fianza de $1,000 por un juez que lo dejó en custodia de la oficina del Alguacil de Suffolk.

Mientras estaba detenido fue interrogado por agentes de ICE que le dijeron que lo dejarían libre si cubría el monto de la fianza. Y aunque su familia la pagó el día siguiente, la oficina del alguacil mantuvo al guatemalteco detenido sin dar aviso de la transacción. Esto se debe a que ICE aparentemente mandó una petición para que retuvieran al inmigrante por 48 horas adicionales.

El jardinero fue trasladado a la cárcel del Condado de Bergen en Hackensack, Nueva Jersey, bajo la jurisdicción de ICE, donde aún se encuentra. Orellana no tenía antecedente criminal ni una orden judicial de detención.

Este lunes Latino Justice y el bufete Winston & Strawn LLP presentaron una demanda en nombre de Orellana, en la cual reclaman que las agencias involucradas ignoraron las leyes y actuaron inconstitucionalmente. Entre los denunciados están el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus jefes, ICE y su director ejecutivo Matthew Albence, el condado de Suffolk y su Ejecutivo, y la Oficina del Alguacil de Suffolk, y el mismo alguacil Vincent DeMarco.

José Pérez, abogado y director de asuntos legales para Latino Justice, explicó que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración de los departamentos de policía locales es necesaria para que Donald Trump cumpla con su promesa de deportar a todos los inmigrantes indocumentados que están en el país. Las directivas federales han hecho que “cualquier contacto con uniformados te hacen sujeto de ser detenidos por autoridades de Inmigración”, indicó.

Pérez encuentra “altamente preocupante” que luego de la elección Trump, DeMarco retrocedió su política establecida en el 2014 de ignorar las órdenes de detención de ICE, luego que el abogado del condado recomendara que sería ilegal detener a alguien más tiempo de su día de liberación sin una orden judicial.

La nueva política del Alguacil de Suffolk está yendo en contra de recomendaciones del Fiscal General del estado Eric Schneiderman y la Asociación de Alguaciles del Estado de Nueva York, quienes recomendaron que “los alguaciles no deberían detener a personas más allá de su fecha de liberación basado en una orden de detención federal, aunque esté acompañado de una orden de deportación, a menos que además haya una orden judicial”.

Un vocero del condado de Suffolk expresó que “vamos a examinar la demanda” antes de emitir una opinión al respecto.

Entre tanto ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los otros demandados, indicaron que no comentan sobre litigaciones pendiente.

El alguacil de Suffolk, Vincent DeMarco y su oficina no respondieron a las solicitudes de El Diario para que hicieran comentarios.

Si se gana el caso, Pérez cree que marcaría un precedente para el estado de Nueva York y mandaría un “fuerte mensaje al Condado de Suffolk y la Oficina del Alguacil”, sobre no detener a alguien después de que se supone que sea liberado y termine la colaboración con ICE.

Orellana tiene una audiencia con un juez de Inmigración este 20 de julio, en la cual se podría decir el futuro sobre su posible deportación.

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