Editorial: Por Los Ángeles, ciudad santuario
Una historia de enriquecimiento cultural a través de la diversidad. Una fuerza laboral que mueve la pujante economía. Para todo esto, los papeles migratorios no hacen diferencia
Los Ángeles es por naturaleza lo que debería ser una ciudad santuario. Es hora de decirlo sin temores ni dudas desde el gobierno municipal.
Tiene una población que valora el aporte de los inmigrantes. Una historia de enriquecimiento cultural a través de la diversidad. Una fuerza laboral que mueve la pujante economía. Para todo esto, los papeles migratorios no hacen diferencia.
La última acción tomada por la administración Trump, quitándole progresivamente la protección a los beneficiarios de DACA contra la deportación, requiere una reacción contundente.
La decisión es una agresión directa a los cerca de 71,900 jóvenes y adultos de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, que fueron traídos de niños a Estados Unidos por sus padres indocumentados. Es un golpe para todos los que compartimos sus vidas desde la familia, la amistad, la escuela y el lugar de trabajo.
El establecimiento formal de Los Ángeles como una ciudad santuario es principalmente una declaración política. Es una afirmación de principios en respuesta a las creciente acciones antiinmigrantes del gobierno federal.
En realidad, la definición legal de lo que es una ciudad santuario no es muy clara.
La ley en la que se basa la exigencia federal no dice nada sobre la obligatoriedad de que la autoridad policial local retenga por 48 horas a un indocumentado solamente para que la Agencia para el Control de Aduana e Inmigración (ICE) decida si procede su deportación.
Esa es una norma sin ningún asidero legal. La ley solo dice que las autoridades locales no pueden impedir la comunicación con ICE y nada más. La detención de una persona más de lo debido, sin una orden judicial fue declarada inconstitucional en numerosas ocasiones por los tribunales.
Los fallos judiciales no desalentaron al Departamento de Justicia que busca una manera fútil para modificar su petición inconstitucional como de presionara las ciudades con amenazas de cortarles fondos federales sino acatan sus deseos.
Es irónico que precisamente se le quiera quitar el dinero de subsidios destinados a las agencias policiales y al sistema judicial de una ciudad, bajo el argumento de que ellas no hacen lo suficiente proteger a sus residentes.
La moción presentada por los concejales Herb Wesson y Gil Cedillo va más allá de solicitar una ordenanza específica. La idea es que el Concejo Municipal apruebe políticas que ayuden a los inmigrantes ante la posibilidad de ser detenidos por las autoridades federales.
Por todo esto, es el momento de no seguir callados, incluso cuando la policía de nuestra ciudad tienen políticas como la Orden Especial 40. Es necesario hacer todo lo posible para seguir protegiendo a los angelinos sin papeles del abuso federal.
