Al borde de la deportación, abuelita mexicana demanda a DHS por demora en visa “U”

Ramírez teme que su militancia y visibilidad en esos grupos la han convertido en blanco del gobierno
Al borde de la deportación, abuelita mexicana demanda a DHS por demora en visa “U”
Genoveva Ramírez, una abuelita y activista comunitaria, demandó al DHS por retrasar su solicitud para una visa "U". Foto: suministrada

WASHINGTON.- Cuando no está trabajando de noche o cuidando a sus nietos de día, Genoveva Ramírez se dedica al activismo comunitario en Chicago (Illinois) y este lunes, ante su inminente deportación, demandó  al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por demorar su solicitud para una visa “U”.

En entrevista telefónica hoy desde Chicago poco después de presentar la demanda, Ramírez, de 67 años, dijo temer que la demora se deba a su activismo comunitario, e imploró a la Administración Trump a que le permita quedarse en EEUU, donde vive desde hace casi dos décadas.

“Quieren que me autodeporte… una deportación sería un dolor muy grande, porque mis hijos han hecho su vida acá, tengo mis nietos acá, entonces sería una cosa tremenda separarme de mis nietecitos y de mis hijos”, explicó Ramírez, quien vive con su familia en la localidad de Berwyn.

Genoveva Ramírez: la deportación sería “tremenda” para sus hijos y nietos. Foto: suministrada

Si tuviese la oportunidad de hablar con el presidente Donald Trump, le diría que su “único delito es trabajar bien duro”, enfatizó Ramírez, quien tiene 9 nietos y un bisnieto.

“Le diría al presidente que viera cómo estamos sufriendo, cómo está separando familias que son muy buenas, que son trabajadoras, que pagamos nuestros impuestos, que no tomamos nada del gobierno. Ninguno de mis hijos ha tomado nada”, continuó.

Es miembro del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, por su sigla en inglés), de la organización “PASO”, y de “Comunidades Organizadas contra las Deportaciones” (OCAD, en inglés), un grupo creado por inmigrantes indocumentados que aboga contra las deportaciones y la “criminalización” de las minorías en el área de Chicago.

Ramírez teme que su militancia y visibilidad en esos grupos la han convertido en blanco del gobierno, pero “lo único que hacemos es defender a nuestras familias, nuestra comunidad”, argumentó.

Desde que emigró en 2001, Ramírez trabaja limpiando oficinas de noche, y durante el día cuida a sus nietos mientras sus cuatro hijos se van a trabajar.

Al salir de trabajar una madrugada, fue detenida por una infracción de tráfico y aunque nunca fue prioridad para la deportación bajo la Administración Obama, mantuvo sus citas con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, en agosto pasado, en su último “chequeo” con ICE, le dijo que preparara su boleto de regreso a México para el próximo 31 de octubre.

Pero en septiembre de 2016, Ramírez solicitó una visa “U”, que el gobierno de EEUU concede a víctimas y testigos de ciertos crímenes si colaboran en las investigaciones y procesamiento judicial del caso.

Ramírez dijo que fue víctima de “una agresión tremenda” en su casa y aún recuerda cómo fue golpeada, y cómo uno de los ladrones agarró a su nieto de cuatro años “y lo tiró por las escaleras”.

Ella colaboró con la policía para la investigación del crimen, y considera que la demora en los trámites por parte de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) –una demora que en algunos casos puede ser de hasta tres años-  la está poniendo al borde de la deportación.

En la demanda de 16 páginas, Ramírez argumenta, de hecho, que el tiempo apremia y no tiene el lujo de esperar dos años más.

ICE dijo a este diario que no podía hacer comentarios ni sobre el caso de deportación ni sobre la demanda.

El documento pide que el tribunal federal en el distrito norte de Illinois le ordene a USCIS a que determine de forma preliminar si Ramírez califica para la visa “U” –y así se suspenda la deportación-, o la resuelva a su favor de una vez por todas para que pueda quedarse en EEUU.

Su abogada, Mony Ruiz-Velasco, directora ejecutiva de PASO, pidió que USCIS intervenga de inmediato e impida que la familia de Ramírez sufra las consecuencias de demoras burocráticas.

La abogada Kate Melloy Goettel, del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC, en inglés) que la representa en la demanda contra DHS, coincidió con Ruiz-Velasco en que lo sensato sería que USCIS agilice la decisión en la solicitud de la visa “U” y que ICE suspenda la deportación mientras se resuelve el trámite.