Exigimos una respuesta de asistencia con urgencia para Puerto Rico, Texas y Florida

“Hoy, una de cada tres personas no tiene agua potable. Una de cada tres no tiene electricidad. Presidente Trump: haga su trabajo”. Estas fueron las palabras de la senadora Elizabeth Warren la semana pasada sobre la grave situación de Puerto Rico, donde el 76 por ciento de la isla sobrevive sin electricidad y un 26 por ciento no tiene servicio de agua. Encima de todo eso, miles han quedado damnificados sin hogar y otros sufren de condiciones médicas y falta de medicinas.

Indignados por la lenta y negligente respuesta del gobierno federal, las comunidades afectadas por los huracanes Irma, María y Harvey, así como funcionarios electos, se unieron en el Capitolio para demandar un paquete de asistencia federal apropiado para Puerto Rico, Texas y Florida.

Cientos de nosotros marchamos desde el Capitolio hacia las oficinas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y al Departamento de Desarrollo de la Vivienda y Urbano (HUD) para enviar un poderoso mensaje al Congreso y a la Casa Blanca demandando una recuperación equitativa para las áreas impactadas.

A la marcha – organizada en parte por el Centro para la Democracia Popular, se unieron varias organizaciones, activistas y funcionarios electos para demandar al Congreso que apruebe un paquete de ayuda que ponga a las personas afectadas como prioridad, incluyendo la aprobación inmediata y descentralización de un paquete de ayuda suplementaria para estas comunidades.

Ahora, el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley que asigna simplemente $36.5 mil millones de asistencia, el cual la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado para ayudar no solo a estos estados y territorios pero también a los afectados por los incendios recientes. Esto es una suma insultante debido a que las pérdidas en Florida, Texas y Puerto Rico suman unos $300 mil millones.

Puerto Rico solamente sufrió un estimado de $95 mil millones en pérdidas, tres veces lo que ellos están proponiendo. La administración de Trump ha ofrecido una pobre y negligente respuesta al solo pedirle al Congreso una fracción de lo que las comunidades necesitan para salvar vidas y recuperarse.

También, hicimos un llamada para la cancelación inmediata de la deuda pública de Puerto Rico y una moratoria en pagos de la deuda. Tercero, exigimos la creación de empleos locales con salarios dignos y protecciones a los trabajadores para reconstruir nuestras comunidades y desarrollar una economía energética más equitativa y limpia.

La senadora Elizabeth Warren apoyó estas demandas y expresó que la respuesta federal a esta “crisis humanitaria” ha sido “muy poca y muy tarde”. Warren dijo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de proveer a los puertorriqueños -los cuales son ciudadanos americanos- con la respuesta que ellos merecen por parte de su gobierno.

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, quien también es puertorriqueña y visitó el territorio estadounidense luego del huracán, advirtió que la isla se encuentra “al borde de una catástrofe de salud pública” e hizo un llamado por la cancelación de la deuda de Puerto Rico y la revocación de la Ley Jones. “Tenemos que permitir que Puerto Rico se reinvente por su propia cuenta,” dijo Mark-Viverito.

Exigimos asistencia apropiada con urgencia y no nos detendremos de luchar hasta que éstas demandas se cumplan y se haga justicia.

-Dianne Enriquez es directora de Oportunidades para Campañas