ACLU demanda al gobierno para lograr puesta en libertad de Rosa María Hernández
La menor fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras viajaba en ambulancia con su prima al Hospital Driscoll para Niños donde fue operada de la vesícula
Rosa María Hernández, de diez años, sufre parálisis cerebral. Crédito: Cortesía Alex Galvez
WASHINGTON ? Pese a las presiones de grupos cívicos, la Administración Trump mantiene bajo custodia a la niña mexicana, Rosa María Hernández, en un albergue para niños no acompañados indocumentados en San Antonio (Texas), por lo que la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) entabló este martes una demanda en un tribunal federal para que la menor pueda reunirse con su familia.
Tanto la ACLU como su oficina en Texas enviaron ayer una carta a varios funcionarios de alto rango de la Administración en la que dieron plazo hasta las 3pm hora del Este para que dejaran en libertad a Hernández, quien fue trasladada a un albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) tras ser operada en un hospital en Corpus Christi.
La demanda de 100 páginas entablada en nombre de la menor por parte de abogados de la ACLU, la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, y la Clínica Legal de la Universidad de Nueva York, es en paralelo a las acciones judiciales que sopesan otros abogados de la niña.
En concreto, la demanda exige que la Administración ponga en libertad a Hernández, una niña de 10 años que sufre de parálisis cerebral y está en un albergue a tres horas de Laredo, donde viven sus padres.
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La demandad del caso “R.M. H v. Lloyd”, lleva las iniciales de la menor, fue entablada en San Antonio y va dirigida contra el director de ORR, Scott Lloyd; el secretario interino de HHS, Eric Hargan; el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Kevin McAleenan, y la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, entre otros funcionarios públicos.
Este diario pidió comentarios de las oficinas de Duke y Lloyd, y aún no ha recibido respuestas. El viernes pasado, sin embargo, una fuente del HHS explicó que están tratando el caso de la menor como una niña no acompañada y, como tal, están siguiendo los procedimientos para niños en su condición.
En el pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que, en su persecución de inmigrantes indocumentados, los agentes de Inmigración respetarían los “sitios sensibles”, como hospitales, iglesias, colegios, clínicas y tribunales, a menos que hubiese situaciones extraordinarias.
En ese sentido, el abogado Michael Tan, del Proyecto para Derechos de los Inmigrantes de ACLU, calificó de “inadmisible” que la Administración Trump se esté ensañando contra niños en un hospital, y los agente de la Patrulla Fronteriza no deberían estar realizando arrestos en sitios semejantes, especialmente de menores.
“Las acciones del gobierno son ilegales, crueles, y amenazan con impedir que padres con niños enfermos busquen atención (médica). También es anticonstitucional privar a un niño del amor y cuidado que sus padres le han otorgado toda su vida”, enfatizó Tan.
La separación forzosa de la menor le está causando “trauma” a ella y a toda su familia, subrayó el abogado.
Sus palabras encontraron eco en las de André Segura, director de asuntos legales de ACLU en Texas, quien afirmó que, además de violar la Constitución, el arresto de la menor es “despiadado”.
El caso, de hecho, siguió generando hoy mismo la repulsa de líderes demócratas, como fue el caso de la senadora californiana, Dianne Feinstein, y de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país.
Ayer, el grupo “Dream Activist” lanzó una petición en línea con la etiqueta “#FreeRosa” para exigir la puesta en libertad de Rosa María, mientras el diario “The Washington Post” emitió un mordaz editorial para denunciar su detención.
La menor fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras viajaba en ambulancia con su prima –quien tiene ciudadanía estadounidense- rumbo al Hospital Driscoll para Niños en Corpus Christi, donde fue operada de la vesícula.
Agentes de la CBP escoltaron a la ambulancia hasta el hospital, donde montaron guardia hasta que la menor salió del quirófano y le dieron de alta, y posteriormente la transportaron al albergue de ORR en San Antonio.
Hernández vive en EEUU desde 2007, cuando tenía tres meses de edad, y jamás se ha separado de sus padres, quienes no pudieron acompañarla al hospital porque son indocumentados y no querían arriesgar ser detenidos en el punto del control de la Patrulla Fronteriza.
Las autoridades federales incluidas en la demanda aún no han respondido a una solicitud de comentario de este diario, y se desconoce si pondrán a la menor en proceso de deportación.
La semana pasada, sin embargo, mantuvieron su conocido guión de que Rosa María es una niña indocumentada, y sólo están haciendo cumplir las leyes de inmigración.
