Seis pros y contras de la presencia del Ejército en las calles de México

Polémica por la Ley de Seguridad Interior

Ejército Mexicano.

Ejército Mexicano. Crédito: EFE

MEXICO.- La polémica Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende regular la presencia del Ejército en las calles es casi un hecho: será aprobada este jueves dado que ya se dio luz verde en la Cámara de Diputados y ya cuenta con la mayoría en el Senado por lo que pasaría a manos del presidente Enrique Peña Nieto, quien es simpatizante. ¿Cuáles son los elementos a favor y en contra?

LOS PROS

  1. Otorga reglas claras a la presencia militar

Hasta  ahora la presencia del Ejército en las calles depende de un acuerdo discrecional entre el presidente y los gobernadores sin tiempo límite ni claridad de funciones. Tan opaco es que, si el gobernador se opone, los militares tienen funciones muy limitadas y poca capacidad de acción como ha ocurrido en estados como Tamaulipas, Guerrero y Coahuila.

En este último, el ex gobernador Humberto Moreira (2006-2012) impidió todo lo que pudo la incursionaran de soldados durante su administración, unos años después de dejar el mandato, EEUU lo acusó de ser parte de la nómina de los Zetas.

“La LSI tiene tres principios: es subsidiaria (actualmente los gobiernos estatales tienen que pagar si solicitan a las Fuerzas Armadas), es proporcional (de acuerdo a reglas muy específicas son enviadas las tropas aunque el gobernador no quiera) y es temporal (no podrá estar más de un año)’’, advirtió el senador Roberto Gil, en entrevista con corresponsales extranjeros.

2. Obliga a los gobernadores a capacitar a sus policías

El mecanismo de operación que opera hasta ahora ha dado como resultado que los mandatarios estatales abusen para solicitar a las Fuerzas Armadas con el argumento de que el crimen organizado irrumpe en los delitos del fuero común (secuestros, robos, entre otros)  porque le sale más barato llamar a los soldados que invertir en sus cuerpos de seguridad local.

“La LSN deja claro que sólo se puede llamar a las Fuerzas Armadas en caso  de terrorismo, desastres naturales o amenazas a la seguridad nacional como el narcotráfico’’, detalló Gil.  “A la par sancionará a los estados con la retención de fondos públicos si no capacita a sus policías’’.

3. Intervienen otras instituciones como contrapeso

El presidente de la República deberá notificar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones. Eso no ocurre hasta ahora, sólo se envían las tropas y ya.

“Elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad’’, dijo la diputada Paloma Guillén.

CONTRAS

  1. La estrategia de sacar a los militares a las calles ha fracasado

Los opositores afirman que la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad ha fracasado, aunque no mencionan  factores como la falta de funcionalidad de los ministerios públicos que representan el 98% dc la impunidad en el país.  “Esta ley está sustentada en una violación permanente a varios artículos constitucionales y está metiendo en un embrollo a las fuerzas armadas porque arrastra al Ejército para lo que no está formado’’.

2. Faltó  consulta a la ciudadanía

La organización civil #Colectivo Seguridad sin Guerra entregó al Senado de la Republica más de 120,000 firmas de ciudadanos preocupados e inconformes por la LSI. María Elena Moreira, de la organización México Unido contra la Delincuencia,  una de las firmantes hizo un llamado al Senado de la República “ a no aprobarla y en cambio, abrir el diálogo nacional a favor de las instituciones de seguridad pública y justicia; civiles, profesionales y sujetas a la rendición de cuentas”.

3. Se ignoró las recomendaciones internacionales

Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la ONU como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización Amnistía Internacional se han opuesto a que haya militares en las calles y, en cambio, abogan a favor de una policía civil que en otros países ha funcionado. Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derecho Humanos y Democracia, pidió a los senadores “leer y escuchar‘‘ las recomendaciones internacionales.

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