El crimen intenta reclutar a 1 de cada 10 jóvenes de Ecatepec, Estado de México

MÉXICO – El municipio de Ecatepec, en el Estado de México es un caso paradigmático de las formas de violencia que viven las juventudes en México, refieren integrantes de la organización civil Cauce Ciudadano.

La ausencia del Estado en la vida de los jóvenes, además de las inadecuadas políticas públicas, complican el contexto de violencia y de criminalización en el que viven. No obstante, señalaron los activistas, vivir en un entorno violento no condena a las juventudes a ser víctimas o victimarios. Pero si incide en su comportamiento; y en ese sentido, el problema es la actitud y las acciones que los jóvenes adoptan de cara a la violencia.

Según Carlos Cruz, presidente y fundador de Cauce Ciudadano, la organización calcula que al menos 75 mil jóvenes de Ecatepec participan, en mayor o menor medida, de alguno de los 23 delitos ligados a la delincuencia que están establecidos en la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, ”ya sea porque cuidan una casas de seguridad, porque llevan armas de un lugar a otro, porque trafican con una persona, o enganchan a una chica para después llevarlas a temas de trata…”.

Ecatepec es un municipio en el que el 93.6 por ciento de sus habitantes se siente inseguro, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Un lugar que cuenta con la presencia las células del crimen organizado como la Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Los Zetas, Cártel del Golfo y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Según datos de Cauce Ciudadano y la Universidad de Stanford, 48 por ciento de mil 387 jóvenes entrevistados en Ecatepec reportó la presencia de pandillas en su colonia. Además, el 28 por ciento dijo que en su demarcación extorsionan; y un 22 por ciento dice que es “fácil o muy fácil” conseguir drogas inhalantes -en el caso de la mariguana, el porcentaje fue de 20 puntos-.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), asimismo, ubican a Ecatepec en el sitio 18 de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, entre los municipios a nivel nacional. Y según el Instituto Nacional de las Mujeres y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Genero y el Empoderamiento de las Mujeres, es la localidad más violenta para las mujeres de los últimos años.

Los datos de la asociación civil y de la universidad estadounidense reflejan que el 12 por ciento de los jóvenes han recibido ofertas para formar parte del crimen organizado. También refieren que el 21 por ciento de las juventudes ha utilizado armas blancas para pelear o defenderse y que, un 21 y 20 por ciento, están de acuerdo, de manera respectiva, con las frases “el que no transa no avanza” y “las reglas se hicieron para romperse”.

Pero también, la pobreza azota al municipio que concentra el mayor número de habitantes en el país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 6.7 por ciento de su población es vulnerable a ser pobre por ingreso. Por otro lado, sólo el 19.6 por ciento de sus habitantes no es pobre y no es vulnerable a serlo.

Según datos de Cauce y Stanford, 22 por ciento de los jóvenes entrevistados reconoció que su familia recibe apoyos del programa Oportunidades.

“Pertenecer a una familia [o entorno] violenta no determina comportamientos violentos. El desarrollo de ideas personales puede favorecer la autonomía, la independencia de las y los adolescentes y evitar que los comportamientos violentos se reproduzcan”, refirió Miguel Agustín López Moreno, coordinador de proyectos sociocomunitarios de Cauce Ciudadano.

Por eso, los esfuerzos encaminados a “tejer una narrativa distinta” deben de estar dirigidos a generar en las juventudes una “resiliencia” o actitud frente a la violencia, a partir del desarrollo de sus capacidades personales, en un entorno de participación comunitaria, en el que ellos se vuelvan agentes de cambio social para “superar y absorber” las experiencias negativas, abundó López Moreno.

En la opinión de Carlos Cruz, “lo que necesitamos en este momento es un programa de acción del Estado. Y en una acción responsable del Estado sobre lo que ha hecho con los adolescentes y con los jóvenes”, es necesario reconocer “que la realidad es que dejaron un mundo hecho pedazos y en un Estado hecho pedazos”.

Según el fundador de Cauce Ciudadano, el error de las autoridades es que sus modelos de intervención “se están construyendo sobre el rompimiento de los factores de riesgo” -acabar con el tráfico de drogas, de armas, entre otros-, en lugar de buscar “las conductas protectoras que los chavos tienen”.

Es decir, las opciones de solución por las que optan las juventudes: si se unen a grupos para evitar la violencia -pandillas, crimen organizado, amigos, etcétera-; si consideran la violencia como una solución a sus problemas; entre otros.

Para desmantelar el entorno de violencia entre las juventudes, los activistas indicaron que “el Estado debe garantizar el principio pro persona (protección, participación y desarrollo)” que alimente de manera positiva las resiliencias individuales y comunitarias, “sumado a un conjunto de acciones fundamentales” que no han sido aplicadas.

Dichas acciones son: una política nacional de prevención con enfoque de salud pública; el desmantelamiento patrimonial y financiero de la delincuencia organizada (política, empresarial y criminal); y un sistema nacional de desmovilización -de las juventudes en entornos de violencia- que permita generar alternativas para las y los jóvenes que participan de la violencia.

El problema por parte de las autoridades, señaló López Moreno, no sólo radica en la falta de políticas públicas adecuadas, sino en “el uso faccioso” que le han dado a la problemática, desde hace varias décadas, en el que es “preferible que los jóvenes sean criminales en el discurso, a que sean rebeldes. Porque cuando son criminales y son asesinados, es más fácil que no tenga un costo político o social”.

Al respecto, Carlos Cruz indicó que la criminalización de jóvenes como Marco Antonio Sánchez -quien fue aprehendido y desaparecido (por unos días) por policías municipales de Tlalnepantla en la noche del 27 de enero de este año- “es la criminalización de todos los jóvenes en México”.

Y precisamente “el delito de portación de cara” -o criminalización de los jóvenes por su aspecto o lugar de vivienda- abona a las violencias que aquejan a la población joven en nuestro país, explicó.

Según las cifras de su organización, 11 por ciento de los jóvenes entrevistados en Ecatepec fueron detenidos por la policía en algún momento, siendo que en el cuatro por ciento de los casos hubo amenazas por parte de la autoridad. Un ocho por ciento, en cambio, dijo haber sido golpeado por policías al menos una vez.

Estas son parte de las conclusiones y reflexiones desprendidas de un estudio realizado por Cauce Ciudadano y la Universidad de Stanford, en el que analistas y activistas abordan los factores de riesgo y de protección que influyen en la victimización y violencia de las juventudes.

En su desarrollo, el documento contó con la participaron mil 387 jóvenes de entre 12 y 15 años de edad, todos estudiantes de secundaria en 10 escuelas ubicadas en Ecatepec de Morelos.

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN

Hay tres ámbitos de desarrollo que el estudio analiza en materia de factores de riesgo y de protección para los jóvenes mexicanos: el personal, el comunitario y el contextual.

Por el lado de los riesgos, algunos datos ejemplares refieren que los jóvenes en Ecatepec enfrentan conflictos alarmantes.

En el ámbito personal, una quinta parte de los jóvenes entrevistados reconoció discutir con sus padres y un 20 por ciento dijo haber perdido a un amigo en un crimen violento.

En lo comunitario, el 58 por ciento de los jóvenes admitió tener compañeros que agreden a otros, mientras que un 41 por ciento comentó que sus amigos gustan de pelear.

Y en lo contextual, el 71 por ciento dijo saber de asaltos en su colonia; además que el 69 por ciento aseguró haber escuchado disparos. También, un 15 por ciento reconoció haber sentido miedo de perder la vida en una situación de riesgo.

Por el lado de la protección, destaca en el ámbito personal que el 93 por ciento se siente valorado por sus profesores y que el 89 por ciento se siente seguro en la escuela.

“La escuela es otro de los factores protectores más importantes en la vida de los(as) adolescentes. Los(as) adolescentes no sólo pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, sino que este es el espacio en el que se establecen relaciones con otros(as) adolescentes y los(as) maestros. La escuela también es el principal camino para adquirir habilidades cognitivas que los(as) orienten a la universidad y, eventualmente, al mercado laboral”, menciona el estudio.

En lo comunitario, destaca que el 33 por ciento considera que su grupo de amigos significa protección -lo que es importante ya que las relaciones sociales pueden sustituir la “protección” que suelen obtener por parte del crimen organizado-.

Y en lo contextual, que el 79 por ciento reconoce soluciones a los problemas sin uso de violencia.

En este balance, el informe de Cauce Ciudadano menciona que “cuando la violencia es un comportamiento generalizado, tiende a normalizarse, por lo que la presión social para inhibir la agresión o la negociación de conflicto decrecen”.

Por eso es indispensable trabajar desde el individuo y su ámbito de vida, para reforzar habilidades sociales -como el autocontrol de emociones, por ejemplo-.

“Las personas que incurren en actitudes o conductas violentas pueden cambiar su forma de ser y actuar mediante la participación en acciones comunitarias [que incluye la aprehensión de valores]. La experiencia de cauce ha demostrado que las personas jóvenes de alto riesgo pueden disminuir sus actos violentos, como protagonistas transformadores, en actividades de la comunidad”, concluye el documento.