Desde Lula hasta Kuczynski: el escándalo Odebrecht llega a toda Latinoamérica
Kuczynski es el primer presidente que renuncia por sus vínculos con Odebrecht
Kuczynski renunció antes de ser destituido. Crédito: Getty
Todo indica que cuando explotó el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht varios de los políticos más importantes del continente temblaron.
En Perú, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo.
Pero además de Kuczynski, otros presidentes y expresidentes de la región también se han visto implicados en el caso, que el Departamento de Estado de EE.UU. calificó como “el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia”.
Este es un panorama de algunas figuras políticas relacionadas con el escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht.
Aunque la lista es larga, cabe aclarar que, al día de hoy, ninguno de ellos fue condenado formalmente en conexión con el escándalo.
La caída de Kuczynski
El presidente renunciante venía enfrentando una larga agonía iniciada por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción la constructora.
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En diciembre, Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki.
El caso lo llevó a enfrentar un proceso de vacancia en el Congreso por “incapacidad moral”, al que sobrevivió, aunque ya bastante malherido políticamente.
Los pagos, informaba el documento, eran por siete consultorías que la compañía realizó entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007, algunos de ellos cuando PPK era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, quien estuvo entre 2001 a 2006 en la presidencia.
Kuczynski, de 79 años, inicialmente negó haber recibido dinero de Odebrecht. Luego negó haber recibido algún pago ilegal pero admitió haber trabajado como asesor.
Otros exmandatarios en Perú…
Uno de los casos más destacados también ocurrió en Perú contra el expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pende una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber recibido un soborno de US$20 millones del gigante brasileño de la construcción.
El exmandatario niega las acusaciones.
“Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país”, le dijo Toledo a BBC Mundo en una corta entrevista publicada en mayo del año pasado.
Pero la onda expansiva de Odebrecht en Perú no acaba ahí.
Desde julio del año pasado, el expresidente Ollanta Humala (2011 y 2016) y su esposa, Nadine Heredia, cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el mismo caso Odebrecht.
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Tanto Humala como su mujer han negado cometer algún ilícito, pero se presentaron ante la Justicia peruana tras conocer el fallo judicial.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso, uno de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de US$3 millones de Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial de 2011, en la que Humala resultó vencedor.
Pero además, la fiscalía también investiga a Heredia por el presunto trato de favor a Odebretch en la licitación de otro proyecto: el Gasoducto Sur.
El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y la líder opositora Keiko Fujimori, también han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, en el caso de Humala.
Alan García, tuvo que salir públicamente a defenderse de informaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima.
Según la Fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó US$7 millones en sobornos para quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García.
Pero el exmandatario también niega haberse beneficiado.
“No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin moral ni patriotismo”, dijo a través de Twitter el 24 de enero pasado.
…Y en Brasil
El caso sacudió primero la escena política brasileña al más alto nivel, pues tanto el actual presidente, Michel Temer, como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, sus antecesores en el cargo, se han visto implicados.
El carismático expresidente Lula da Silva, que mantiene su inocencia, ya sufrió un revés en los estrados judiciales en julio, cuando fue condenado por otro caso de corrupción a 10 años de prisión.
Pero las sospechas también rondan a Dilma Rousseff -separada de la presidencia por un proceso no vinculado al escándalo Odebrecht-, quien ya fue llamada a declarar como testigo en el caso.
El actual presidente Michel Temer, por su parte, también es investigado por el caso Odebrecht.
Temer fue mencionado 43 veces en las “delaciones premiadas” de uno de los ejecutivos de la empresa constructora.
En las declaraciones, ofrecidas como parte de un acuerdo especial con la Fiscalía, el empresario en cuestión afirmó que la compañía había hecho contribuciones ilegales a las campañas de varios políticos brasileños, incluyendo Temer.
Pero el mandatario brasileño también niega todos los cargos en su contra.
Para las campañas
En Colombia, por su parte, fueron las declaraciones del exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido US$4,6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht- las que salpicaron la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014.
Aunque el exsenador no entregó pruebas documentadas de la financiación, en marzo de este año el jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Prieto, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para el pago de dos millones de afiches de promoción proselitista.
Pero Prieto aclaró que el mandatario no tenía “conocimiento de estos ingresos”.
Además, esta semana, la propia Fiscalía informó que la firma brasileña sí había hecho aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga.
“Los hechos le permiten concluir certeramente (a la Fiscalía) que con relación con las campañas presidenciales 2014 – 2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, creado por la compañía brasilera”, se lee en la copia enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de la investigación.
El CNE colombiano ya estaba investigando alegaciones de que Odebrecht también había contribuido de forma ilegal con la campaña de Zuluaga.
Zuluaga había negado cualquier conocimiento de pagos ilegales hechos por la empresa de construcción a su asesor de campaña, el brasileño Eduardo ‘Duda’ Mendonça.
Pero la situación obligó al expresidente Álvaro Uribe a demandar una investigación interna en su partido Centro Democrático.
También en Panamá
El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá.
Las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, por ejemplo, ya habían sido destacadas por la embajadora de EE.UU., Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks.
El 12 de junio Martinelli fue capturado en Miami y, el pasado 7 de julio, el gobierno de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza, a la espera de tramitar su extradición a Panamá.
El gobierno panameño había emitido una orden de captura en contra del exmandatario por otros casos de corrupción y escuchas ilegales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de ese país también había admitido, en agosto de 2016, una solicitud de asistencia judicial por parte del gobierno de Suiza para determinar si el expresidente Ricardo Martinelli había recibido sobornos de la empresa brasileña.
Entre los 17 imputados identificados por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá figuran los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, así como su hermano Mario.
De hecho, en abril de 2017, un apartamento de la familia Martinelli en Miami había sido embargado por la Justicia estadounidense, en una medida relacionada con el caso Odebrecht.
Y el diario brasileño Estadao informó que uno de los delatores de Odebrecht identificó a uno de los hijos de Martinelli como el receptor de US$6 millones de los US$59 millones pagados como sobornos en el país.
Ninguna de las acusaciones, sin embargo, ha sido probada.
Martinelli no es, por lo demás, el único exmandatario panameño mencionado en el escándalo.
La fiscalía de Panamá confirmó a principios de 2017 que también había solicitado información sobre las cuentas del expresidente Martín Torrijos para tratar de determinar posibles coimas de Odebrecht.
Torrijos también ha negado cualquier vinculación y prometió colaborar con las autoridades.
Y la lista de políticos panameños vinculados al escándalo no se agota con él, pues según medios locales la posible entrada de dinero de Odebrecth en la campaña del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, también está siendo investigada.
Asesores bajo sospecha
La empresa Odebrecht parece haberse involucrado en numerosos procesos electorales de la región a menudo por vía de las asesorías de “Duda” Mendonça y su colega Joao Santana.
En El Salvador, por ejemplo, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes también es objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Santana.
La Fiscalía salvadoreña dijo tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente al asesor brasileño con US$1,5 millones.
Pero el exmandatario salvadoreño, quien fue condenado por enriquecimiento ilícito y se encuentra exiliado en Nicaragua desde 2016, también desestimó los cargos.
A la espera
Las acusaciones en contra de otros funcionarios también pueden terminar salpicando de manera indirecta a otros mandatarios latinoamericanos, como ha sucedido con el presidente argentino Mauricio Macri.
Hasta el momento, las investigaciones en Argentina habían apuntado principalmente a importantes figuras de la era Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.
Pero el caso también ha salpicado al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.
A Arribas se le acusó de haber recibido US$750.000 de Odebrecht, lo que él siempre negó. El 23 de junio del a;o pasdo, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en contra de Arribas.
Y el mandatario argentino siempre salió a defender públicamente a su amigo, declarándose convencido de su inocencia.
