Nueva York se opone a pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020

La ciudad y el estado de Nueva York plantarán sólida resistencia para evitar que el Censo 2020 incluya una pregunta sobre la ciudadanía, tal como lo anunciara el lunes el Departamento de Comercio.

Desde los más altos funcionarios electos como el gobernador Andrew Cuomo, el fiscal general del estado Eric T. Schneiderman, el alcalde Bill de Blasio, pasando por la defensora del pueblo Letitia James, así como organizaciones defensoras de inmigrantes como la Coalición de Inmigración de Nueva York, Make The Road New York y el sindicado 32BJ SEIU, emitieron sendas declaraciones rechazando la decisión del secretario de Comercio Wilbur Ross, por cuanto se antepone al principio de garantizar un censo justo y preciso.

“La decisión de la administración Trump de preguntar sobre la ciudadanía en el Censo de Estados Unidos es un acto político grosero que lanza otro misil en el corazón de Nueva York. No se equivoque: esta decisión es antiinmigrante y solo sirve para la agenda política de aquellos en el poder en Washington”, dijo el gobernador Cuomo.

Entre tanto, el fiscal general Eric T. Schneiderman anunció que encabezará una demanda multiestatal para rebatir la medida: “Un conteo justo y preciso de todas las personas en Estados Unidos es una de las obligaciones constitucionales más solemnes del gobierno federal”.

El fiscal general calificó de imprudente la decisión de la Administración Trump de abandonar repentinamente una práctica de casi 70 años, al exigir conocer el estatus de ciudadanía de cada habitante.

“Es una estocada al corazón de esta obligación sagrada y creará un ambiente de temor y desconfianza en las comunidades de inmigrantes que haría imposible tanto un censo preciso como una distribución equitativa de los fondos federales”, enfatizó.

En ese sentido Cuomo coincidió que de concretarse la criticada decisión, se minará la exactitud y la legitimidad de los datos del Censo, que determinan la representación en el Congreso y la distribución de miles de millones de dólares en ayuda federal.

El alcalde Bill de Blasio y la Asociación por una Mejor Nueva York advirtieron que la decisión tendrá un grave y negativo impacto en la ciudad de Nueva York.

“La ciudad de Nueva York se unirá a la demanda del fiscal feneral Schneiderman para detener esta medida sin precedentes La decisión del presidente Trump pone en peligro a nuestra ciudad de inmigrantes y amenaza el financiamiento federal para la infraestructura, el cuidado de la salud y la seguridad pública en Nueva York”, dijo De Blasio.

Según datos de la alcaldía, la ciudad de Nueva York, con una población de 8.6 millones de personas, es la ciudad más poblada y étnicamente diversa de los Estados Unidos. Se hablan doscientos idiomas en los cinco condados y más de 3 millones de residentes de la ciudad nacieron en otros países. Nueva York tiene las poblaciones más grandes de latinos, caribeños, asiáticos y africanos de cualquier ciudad estadounidense.

“Una pregunta sobre  de ciudadanía en el Censo es tóxica para los cuatro millones de inmigrantes de Nueva York, pero también para todos los neoyorquinos. Este ataque apenas disimulado podría costar a todos los neoyorquinos millones de dólares en ayuda federal y despojarnos de los asientos del Congreso en nuestra delegación”, dijo el director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Steven Choi.

Choi agregó que para contrarrestar los esfuerzos de Trump de politizar un proceso no partidista y con mandato constitucional, Nueva York necesita organizarse y asegurarse de que todos los neoyorquinos cuenten en 2020.

En la que se considera la reacción más contundente, una coalición de 29 organizaciones comunitarias, laborales y de defensa legal de Nueva York denunció la decisión del Departamento de Comercio .

“La decisión de la Oficina del Censo, si se permite, intimidará a inmigrantes y personas de color de clase trabajadora de todo el país para que no participen en el proceso censal que es crucial”, dijo la coalición.

“Nuestras comunidades dependen de datos precisos del Censo para garantizar que obtengan los recursos que se merecen. El conteo se usa para determinar la representación del Congreso y el financiamiento justo para las comunidades en esos distritos”, agregó la coalición de la que forman parte entre otras la Alliance for Quality Education, Common Cause/NY, Hispanic Federation, Immigrant Defense Project, Long Island Civic Engagement Table, Make the Road New York, Working Families Party y la New York State Civic Engagement Table.

Pregunta innecesaria

La Federación Hispana de su parte calificó de “espectacularmente desvergonzado” el hecho de que el Departamento de Justicia instara al Departamento de Comercio a cambiar las reglas del censo, y alegar que la pregunta de ciudadanía es un elemento necesario en sus esfuerzos por proteger los derechos de voto.

“Si algo ha caracterizado al presidente Trump y al punto de vista del titular del Departamento de Justicia Jeff Sessions sobre los derechos de voto, es su hostilidad a hacer que la votación sea más fácil, más accesible y más confiable”, dijo la entidad.

La Federación Hispana ratificó que trabajará con sus aliados en las comunidades de derechos civiles, empresariales, inmigrantes y académicos para, “oponerse a la inclusión de la pregunta de ciudadanía en el Censo de 2020 y proteger la integridad de una de las herramientas de investigación y gobierno más importantes de nuestra nación”.

El sindicato 32BJ SEIU se adhirió también a la corriente opositora de la decisión e hizo un llamado al Congreso a proteger la equidad y la integridad del Censo al tiempo de calificar la pregunta como “peligrosa” y no debe permitirse en el proceso del Censo 2020.

“La decisión del Secretario de Comercio de agregar una pregunta ampliamente criticada sobre el estado de ciudadanía en el Censo de los EE. UU. 2020 es otro ejemplo de las reformas de la administración Trump, impregnadas de valores supremacistas blancos, que tienen la intención de dividirnos y dañar a las comunidades de color”, declaró Héctor Figueroa, presidente de 32BJ SEIU.

Entre tanto la defensora del pueblo Letitia James  se sumó a la condena generalizada a la decisión de la Administración Trump.

“El presidente Trump dio un paso más para deshumanizar y desconocer a millones de personas que viven en este país. Exigir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo indudablemente resultará en un subregistro sustancial de la cantidad de individuos en Estados Unidos, impactando desde medidas de financiamiento vitales hasta una representación política precisa”.

James agregó que le corresponde a la ciudad de Nueva York y al Estado intensificar la educación y la conciencia sobre la importancia de esta herramienta democrática y apoyar a todas las comunidades que participan en el Censo.

El congresista demócrata Adriano Espaillat declaró sentirse “profundamente preocupado” por la decisión de la Administración Trump y la Oficina del Censo por cuanto se la tomó sin una revisión adecuada y como resultado socava la precisión y fiabilidad del próximo Censo.

“Hago un llamado al presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara para que se oponga formalmente. Pedirles a los encuestados su estado de ciudadanía es innecesario y perjudica la confiabilidad y exactitud del Censo reduciendo drásticamente la tasa de respuesta, particularmente entre las comunidades de minorías e inmigrantes que no serán contabilizados”, aseveró Espaillat que representa al distrito congresional 13 de Nueva York.

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross durante el anuncio dijo que, tras consultas con la Oficina del Censo, miembros del Congreso y las partes interesadas, determinó que la inclusión de la pregunta en los formularios del censo de 2020 “es necesaria para proveer información completa y precisa” sobre la población nacional.

Desde diciembre pasado grupos cívicos en todo el país advirtieron de que, en el clima político actual, los inmigrantes indocumentados en particular no querrán rellenar los formularios del censo por temor a que su información sea compartida con las autoridades de Inmigración.

Los resultados del censo, que se realiza cada diez años desde 1790, según estipula la Constitución, determinan el desembolso de fondos federales,  la demarcación de distritos electorales, y la representación ante el Congreso. Un conteo impreciso o a la baja perjudicaría a las poblaciones que el Departamento de Justicia dice querer proteger, según activistas.

Según Ross, ni la Oficina del Censo, que depende del Departamento de Comercio, ni los activistas pudieron “documentar que, de hecho, la tasa de respuesta declinaría” con la pregunta sobre ciudadanía.

Si, como aseguran los activistas, los inmigrantes indocumentados no participarían en el censo por temor al uso indebido de su información, eso no disminuiría la tasa de participación de personas que de todas maneras no lo harían, dijo Ross.

Ross argumentó que entre 1820 y 1950, casi todos los censos deceniales incluyeron una pregunta sobre la ciudadanía de los habitantes en alguna forma, y que tanto la ACS como la Encuesta Poblacional Actual (CPS) también la utilizan.

Activistas condenan decisión y prometen resistencia

La semana pasada, activistas de grupos cívicos habían advertido de posibles acciones legales si la Oficina del Censo prosigue con sus planes de preguntar sobre el estatus migratorio de los habitantes.

En declaraciones a este diario, Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), afirmó que la decisión es “una afrenta a la obligación constitucional del gobierno federal de realizar un conteo completo de toda la población de EEUU”.

“NALEO se sumará a centenares que creen en  una democracia justa para luchar contra esta decisión, y asegurar un Censo preciso y justo”, prometió Vargas, quien advirtió de “consecuencias catastróficas para los latinos y todos los estadounidenses”.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo que es urgente que el Congreso apruebe la iniciativa que presentó la semana pasada para impedir la inclusión de la pregunta en el Censo de 2020.

Vanita Gupta, presidenta de la Leadership Conference on Civil and Human Rights (LCCHR), condenó que, a su juicio, Ross cediera a las presiones del presidente Donald Trump y el fiscal general,  Jeff Sessions, e instó al Congreso a que revierta la errónea decisión.

“Trabajaremos con nuestra coalición, la comunidad empresarial y funcionarios locales y estatales bipartidistas y otros líderes cívicos para revertir esta desacertada decisión”, prometió Gupta.

Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, dijo que la decisión de Ross es un “claro intento por politizar el  proceso” y, escudándose detrás de la ley electoral, la Administración pretende usar la pregunta para discriminar contra las minorías y los inmigrantes.

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Táctica intimidatoria

El Director Ejecutivo de ACLU-NJ, Amol Sinha dijo: “Preguntar acerca de la inmigración en el Censo es una táctica de intimidación sin otro propósito que no solo enfriar la participación de los inmigrantes y vilipendiar aún más a las comunidades de inmigrantes. La recopilación de esta información sin saber cómo podría usarse es una perspectiva especialmente aterradora en el contexto de esta administración presidencial: una administración que denigra abiertamente a los inmigrantes, y que ha intensificado las deportaciones y detenciones, especialmente aquí en Nueva Jersey.

Costos del Censo

6 años toma a la Oficina del Censo planear el próximo, tiempo durante el cual se analizan las estadísticas del conteo anterior.

2016 se determinó que el Censo 2010 contó 325 millones de personas y 126 millones de hogares.

60% aumentó el gasto del Censo de 2007 a 2008. Esto es un ejemplo de lo costoso que es el proceso.

2014, sin embargo, el Congreso decretó que el costo del Censo 2020 no podía ser mayor al del Censo 2010, o más de $12,500 millones.

$5 mil millones en total cortó el Gobierno federal el presupuesto del próximo Censo 2020.

Lo que se pierde con un mal conteo

2 escaños en el Congreso le costó a Nueva York el mal conteo en los censos del 2000 y 2010.

$1.5 mil millones anuales le cuesta a Nueva York el mal conteo del Censo 2010.

El recorte de fondos federales para realizar el próximo Censo, significa que habrá menos personas tocando puertas y se hará más a online, lo que implicará, según expertos, que mucha gente no lo conteste. Ahora, con la nueva pregunta, muchos inmigrantes evitarán llenar el cuestionario. Este mal conteo en el 2020 tendrá seria implicaciones políticas y económicas.

Cómo y en qué se usan los datos del Censo

Los resultados permiten determinar la representación de poder político de las localidades y al gobierno federal hacer la distribuir fondos a los estados y poblados dependiendo de su población. Cada año Washington distribuye $600 mil millones en fondos para educación, Medicaid -y otros programas de salud- infraestructuras como autopistas, vivienda y fuerzas del orden, y esto se hace tomando en cuenta la cantidad de habitantes. Además, los resultados del Censo ayudan a los gobiernos municipales a preparar sus programas locales y saber cómo y dónde aplicarlos.