En Semana Santa, peruana se refugió en una iglesia pero un alcalde demócrata quiere sacarla
El pastor de la iglesia protestante no descarta que el asunto llegue hasta el Tribunal Supremo
WASHINGTON—En plena Semana Santa, la peruana Gisella Collazo considera que tuvo un momento providencial al encontrar una iglesia “santuario” en Springfield (Massachusetts), pero corre de nuevo peligro de deportación porque un alcalde demócrata le ha declarado la guerra a la iglesia para sacarla.
Tras una cita con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 29 de enero, Collazo obtuvo una orden de deportación y debía regresar a Perú el martes pasado. Un día antes, siguiendo consejos de amigos, se refugió junto con sus dos hijos -nacidos en EEUU- en la iglesia protestante “South Congregational United Church”.
En entrevista telefónica con este diario desde la Iglesia, Collazo dijo hoy que el alcalde de Springfield, Domenic J. Sarno, es “cruel” al lanzar amenazas contra la iglesia para lograr su desalojo.
“Yo le pediría que se ponga la mano en el pecho, que se ponga en mi lugar y piense en qué haría si a él lo quisieran separar de sus hijos. Acá no se ha refugiado una persona criminal, yo no he robado nada, he trabajado y he pagado mis impuestos”, dijo Collazo, de 40 años.
“Esto está afectando a mis hijos, a mi esposo, pero yo los consuelo diciéndoles que esto se va a arreglar… terminé acá porque tenía el tiempo en mi contra. Mi esposo está muy pendiente de nosotros pero esto le está afectando su salud”, agregó Collazo, quien luce un grillete electrónico en su tobillo derecho.
La inmigrante peruana formó hogar en 2005 con Omar Collazo, ciudadano estadounidense y de origen puertorriqueño, con quien tuvo dos hijos nacidos en EEUU.
Sus hijos, ahora de 10 y 4 años, respectivamente, van a la escuela y en la tarde regresan con ella al pequeño apartamento en la parte posterior de la iglesia, que Collazo ha adornado con fotos de la familia y veladoras con imágenes de santos.
La separación les causaría ansiedad y “el lugar de los niños es con su mamá”, afirmó.
Collazo se ganaba la vida como cajera en Lima, pero emigró a EEUU en 2001, y con un permiso de trabajo en mano desde 2006, encontró empleo primero en el sector agrícola y después en mantenimiento. Por una serie de errores por parte de su anterior abogado, las autoridades de inmigración rechazaron su solicitud para la residencia permanente, explicó.
“Todos me dicen que tenga fe, y la tengo. Creo en Dios, y así como vi el anuncio de ayuda, creo que todo esto pasará y podré regresar a mi casa con mi familia”, subrayó Collazo.
El “alcalde Trump”
Pese a que es demócrata en una ciudad demócrata, Sarno se ha ganado el mote de “alcalde Trump”, por la dureza con que ha atacado a la comunidad inmigrante. En esta ocasión, ha decidido arremeter contra la iglesia, que en junio de 2017 se sumó al creciente movimiento “santuario” para proteger a inmigrantes en peligro de detención y deportación.
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El alcalde insistió en que la iglesia ha desoído advertencias de que está violando el código de vivienda y pidió que el gobierno federal tome medidas para situaciones como ésta porque, a su juicio, el país no puede seguir tolerando la inmigración ilegal.
Sarno pidió ayer a varias agencias de Springfield el despliegue de inspectores a la iglesia para determinar las violaciones a los códigos de vivienda. También presiona para iniciar una revisión y que la iglesia, como institución religiosa, pierda su estatus de exención de impuestos.
“Por favor vuelvan a inspeccionar la propiedad en cuestión por aspectos de vivienda ilegales. También inicien el proceso de revisión para retirarle su estatus de exención de impuestos”, dijo Sarno en el correo colocado en la página web de la alcaldía.
El mensaje electrónico, puntualizado con un “Dios los bendiga”, estuvo dirigido a la comisionada de Servicios Humanos, Helen Caulton-Harris; al presidente de la Junta de Evaluadores, Richie Allen; a los principales abogados del gobierno local, Ed Pikula y Lisa DeSousa, y a los evaluadores Patrick Greenhalgh y Matthew Fontaine.
El objetivo de Sarno, claro está, es obligar a la iglesia a sacar a Collazo, o afrontar multas locales y federales.
¿Intimidación de iglesias?
En declaraciones a este diario, el pastor de la iglesia, el reverendo Tom Gerstenlauer, dijo hoy que no descarta que el asunto pueda llegar hasta el Tribunal Supremo si Sarno emprende una batalla legal contra la iglesia.
“La Primera Enmienda de la Constitución nos da el derecho de practicar nuestra fe, y es lo que estamos haciendo al ayudar a Gisella. El alcalde o ignora nuestros derechos bajo la Primera Enmienda o pretende privarnos de esos derechos, pero me parece que se está pasando… ya veremos”, dijo Gerstenlauer.
“No importa cómo movilice a la maquinaria de la burocracia local, en el pasado ya ha dejado en claro sus intenciones y motivaciones… si su intención es frenar nuestro proyecto de santuario, eso contraviene nuestra libertad de culto, y creo que eso podría llegar hasta el Tribunal Supremo. No sería una inconveniencia para mi si nos encaminamos por ese sendero”, enfatizó el religioso.
Gerstenlauer no piensa gastar tiempo ni energías en tratar de descifrar lo que hace la Administración Trump y sus aliados en la lucha contra los inmigrantes indocumentados, pero insistió en que lo de Sarno es un “ataque absurdo”.
Gerstenlauer dijo que Sarno no ha contactado a la iglesia, pero el pastor respondió hoy a sus ataques en una carta abierta en un periódico local.
“Temo por el alma de ese alcalde”, manifestó.
La Coalición Ecuménica de Santuario de Springfield, perteneciente al “Pioneer Valley Project” de la “Red Nacional PICO”, se ha solidarizado con Collazo y ha movilizado a la comunidad inmigrante.
“Mujeres como Gisella terminan atrapadas en una red policial migratoria que contraviene un valor arraigado en nuestro país – el de acoger a quienes vienen acá en busca de una mejor vida”, dijo la hermana Denise Granger, de la organización “Sisters of St. Joseph of Springfield”.
“Nuestra humanidad común y nuestra creencia de que verdaderamente somos hermanos y hermanas en este pequeño y frágil planeta nos obliga a ofrecer un lugar seguro para Gisella mientras ella y su familia se desatan de regulaciones policiales migratorias cada vez más agresivas, duras, y caprichosas”, dijo Granger.
