Editorial: ¿Cuál carga pública?
La actual administración insiste en castigar a los inmigrantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE
La narrativa nacionalista dice que los inmigrantes son una carga pública que consume los recursos de los ciudadanos. La realidad es más compleja, la conclusión es distinta, pero la administración Trump hace mucho que dejó de interesarse en las cifras verdaderas.
Este celo antiinmigrante considera hoy la posibilidad de que los padres indocumentados de un niño estadounidense no puedan hacer sus papeles si el menor recibe los beneficios que le corresponden por haber nacido en este país.
El Departamento de Seguridad Interna estudia ampliar la definición de “ayuda pública” que perjudica a los inmigrantes que solicitan visas, residencia legal o un extranjero con una visa de trabajo expirada.
Desde la década de los noventa, está prohibido que los indocumentados reciban fondos de ayuda pública. La ley prohíbe que las autoridades consideren el beneficio que no es dinero en efectivo, en la elegibilidad migratoria.
Sin embargo, lo que no se consigue cambiando la ley, se logra con nuevas interpretaciones internas.
Se está considerando incluir los “beneficios educativos” de Head Start para los niños, el programa de salud infantil (CHIP), subsidios para compra de cobertura médica (Obamacare), cupones de comida, asistencia para mujeres, infantes y niños (WIC), beneficios de vivienda como la Sección 8, asistencia para gastos de energía (LIHEAP), cupones de tránsito y el reembolso impositivo al ingreso bajo (EITC).
Hay una perversidad manifiesta cuando se obliga al padre a tener que elegir entre la posibilidad de poder hacer sus papeles algún día o enrolar a su hijo en un seguro médico. Que un padre tenga que sacrificar su futuro para que su hija tenga una oportunidad de una vida mejor comenzando con Head Start.
Esto se basa en una profunda deshonestidad en la administración Trump sobre el costo que representan los indocumentados al erario.
En septiembre pasado la Casa Blanca pidió un reporte demostrando la necesidad económica de reducir el número de refugiados. El Departamento de Salud y Recursos le envió un informe diciendo que el balance de estos inmigrantes es $63,000 más para el gobierno en la última década. El reporte fue rechazado.
Este caso no fue único. Cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) hizo uno de sus documentos detallando la nuevas política migratoria, se utilizó sólo el lado de costos del libro contable, ignorando olímpicamente el de ingresos.
La medición correcta tiene que incluir las contribuciones al Seguro Social que no se cobrarán nunca, los impuestos generados cuando inmigrantes consumen y el movimiento económico que generan, entre otros. Hay aportes que parecen intangibles pero son muy concretos.
Los indocumentados dejan un saldo positivo global. Esos cinco millones de hijos nacidos en Estados Unidos no son anclas que salvan o hunden. Ellos son parte del futuro de esta nación, y por eso merecen un trato mejor.
