Tribunal propina nuevo golpe a gobierno de Trump por “ciudades santuario”

El gobierno del presidente Donald Trump tuvo un nuevo revés legal, luego de que el Séptimo Tribunal de Circuito considerara que la actual administración se excedió al tratar de implementar nuevas condiciones a las “ciudades santuario”.

A través del Departamento de Justicia, que lidera Jeff Sessions, la Administración Trump ha buscado restringir recursos federales a condados y ciudades que tienen programas para proteger a inmigrantes indocumentados o rechazan cooperar con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos.

El tribunal federal en Chicago confirmó este jueves una medida cautelar contra el otorgamiento de fondos federales para subvenciones supeditados a la cooperación con la aplicación de inmigración.

Un panel de tres jueces -todos ellos designados por los republicanos, reportó Politico– dictaminó que había indicios de que la Administración Trump excedió su autoridad legal al tratar de implementar las nuevas condiciones sin la aprobación del Congreso.

El fallo se produjo en una demanda presentada por la ciudad de Chicago, Illinois, después de que el Departamento de Justicia impusiera las nuevas condiciones en julio de 2017 en un intento por alentar a los gobiernos estatales y locales a proporcionar más asistencia a las autoridades de inmigración, como ha presionado directamente el fiscal Sessions.

Un juez del panel designado por Reagan, Daniel Manion, dijo que limitaría la medida cautelar únicamente para proteger a Chicago, pero los otros dos jueces asignados al caso dijeron que la medida cautelar parecía estar justificada.

“Esta es otra decisión positiva en una serie de sentencias de inmigración durante el año pasado. El presidente Trump ha emitido varias veces órdenes y políticas sin el apoyo del Congreso, pero el gobierno federal sigue bloqueando estas políticas como inconstitucionales o por otros motivos jurídicos,” dijo la abogada de inmigración, Lauren Eagan.

Agregó que la sentencia es clara al indicar que el gobierno federal “no tiene autoridad legal” para obligar a los gobiernos estatales y locales a apoyar su agenda anti-inmigrante.

En noviembre pasado, el fiscal Session presumió que el 80 por ciento de los condados y ciudades que obtendrían parte de los casi $100 millones de dólares para contratar nuevos policías aceptaron ayudar al gobierno federal en sus operativos contra inmigrantes.

“El Departamento de Justicia anunció que el 80 por ciento de los beneficiarios del Programa de Contratación de Policías (COPS, por sus siglas en inglés) de este año han acordado cooperar con las autoridades federales de inmigración en sus instalaciones de detención“, expresó el funcionario en un comunicado. “Aplaudo su compromiso con el estado de derecho y la eliminación de los delitos violentos, incluidos los delitos violentos derivados de la inmigración ilegal”.