Legisladores piden cese de deportación de cónyuges de militares
Un proyecto de ley protegería de la deportación a cónyuges de miembros del Ejército
WASHINGTON? Acompañada de líderes demócratas del Congreso y de sus dos hijas, la mexicana Alejandra Juárez, esposa de un veterano de guerra, imploró este jueves a la Administración Trump que frene su inminente deportación, al destacar el sacrificio de militares que ahora incluso han sido desplegados a cuidar la frontera sur.
Juárez, quien afronta la deportación a México el próximo 21 de junio, viajó con sus dos hijas menores a Washington desde Florida para pedir que el Congreso apruebe un proyecto de ley que protegería de la deportación a ella y a cónyuges y familiares de cerca de 12,000 soldados.
Sollozando frente a las cámaras, Juárez envió un mensaje directo al presidente Donald Trump: “mi esposo sacrificó tanto por este hermoso país y por todos los estadounidenses, ¿Es ése el mensaje que quiere enviar, que no le importan las familias militares?”
“El votó por usted, señor Donald Trump… estoy implorando en nombre de mi familia, porque si usted me envía (a México), ellos van a sufrir, ya están sufriendo porque saben que quizá no estaré aquí para criarlas”, dijo Juárez señalando a sus dos hijas, Pamela, de 16, y Estela, de 8, ambas nacidas en este país.
Parada de puntillas, Estela apenas pudo alcanzar el micrófono en el podio y, enjugándose las lágrimas, también pidió a Trump que le permita a su madre quedarse en EEUU.
Protección de “patriotas”
El legislador demócrata de Florida, Darren Soto, presentó el lunes pasado el “Act para Proteger a Cónyuges Patriotas”, y afirmó que es inaceptable que la Administración Trump permita la deportación y separación de familiares militares, cuando a los soldados se les exige sacrificar la vida misma.
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Si la Administración dice que su prioridad es deportar a criminales peligrosos, “entonces tiene que cumplir con esa prioridad, porque aparentemente no lo están haciendo”, señaló Soto.
“Nuestras familiares militares deberían ser las últimas en salir (del país), si acaso fuera el caso, y mi proyecto de ley les daría preferencia por el simple hecho de que sin sus sacrificios y esfuerzos, no podríamos defender este país, y el papel que juegan sus cónyuges es crítico en esa defensa”, subrayó Soto.
El proyecto de ley “H.R. 5593”, que por ahora sólo cuenta con el apoyo del Caucus Hispano del Congreso (CHC), permitiría enmendar parte del “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA), que en la actualidad sanciona el ingreso de personas que han entrado ilegalmente al país.
La medida permitiría que los cónyuges militares puedan ajustar su estatus migratorio, pero sólo aplicaría a cónyuges de miembros en activo o jubilados que salieron de las filas del Ejército con una baja honrosa.
Según un informe de septiembre pasado del grupo “American Families United” (AFU), un grupo no partidista que aboga por una reforma migratoria, al menos 350,000 ciudadanos estadounidenses tienen cónyuges extranjeros con “problemas migratorios significativos”, incluyendo cerca de 150,000 en California, 80,000 en Texas, y unos 50,000 en Nueva York.
Alrededor de 63,000 soldados estadounidenses están casados con inmigrantes, de los cuales 15,750 tienen algún problema migratorio. Pero de ese total, alrededor de 11,800 afrontan posibles trámites de deportación.
“Tenemos que resguardar la lealtad con nuestros militares, porque los soldados jamás deberían tener que escoger entre su familia y su patria. Estamos hablando de los derechos de ciudadanos estadounidenses y, en este caso, los derechos de la familia Juárez superan con creces la infracción que cometió Alejandra”, dijo a este diario Paul Donnelly, estratega legislativo de AFU.
El futuro impredecible de los Juárez
Alejandra era apenas una adolescente, de la edad de su hija mayor, cuando intentó cruzar ilegalmente hacia EEUU en mayo de 1998, mintió de que era ciudadana de EEUU, fue arrestada y, sin saberlo, firmó un documento en inglés en el que rechazaba todo derecho futuro a una visa.
Alejandra cruzó nuevamente a los pocos días y vivió desde entonces “en la sombra”, hasta que fue detenida en 2013 por una infracción de tránsito.
Bajo la Administración Obama, Alejandra era considerada una baja prioridad de deportación, en parte porque no tenía antecedentes criminales, y cada año se reportaba fielmente con los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
En febrero pasado, ICE le advirtió que afrontaría una posible deportación. Al parecer, el documento que firmó en 1998 le complicó el caso y, según Alejandra, tiene fecha de deportación el próximo 21 de junio.
Otros sacrificios fuera del campo de batalla
Los cónyuges militares no toman las armas ni van al campo de batalla pero sí cumplen una labor fundamental en la estabilidad de sus hogares y la crianza de sus hijos ante la ausencia de soldados desplegados en guerras, señaló Soto, quien representa al distrito 9 de Florida.
El esposo de Juárez, Cuauhtemoc “Temo” Juárez, un exsargento de infantería de los Marines, prestó servicio militar en múltiples despliegues en el exterior, incluyendo Jordania e Irak, antes de jubilarse.
Durante su ausencia, “Temo” se perdió los primeros pasitos de su hija mayor, y otros hitos en la vida de sus pequeñas, dijo Alejandra.
En declaraciones a este diario, Juárez denunció la “injusticia” que afronta su familia.
“Quiero decirle al presidente Donald Trump que por favor tome en consideración mi situación, soy una esposa de un militar, de un ciudadano americano y mis hijas son ciudadanas americanas. Creo que moralmente él tiene la obligación de ayudarnos”, dijo Juárez.
“Ahora mismo en la frontera están nuestros militares, cuidando la frontera, que no entre gente mala, pero al mismo tiempo las familias militares… 11,000 personas de familiares militares y ciudadanos americanos están siendo deportados”, afirmó.
Juárez también criticó que el senador republicano de Florida, Marco Rubio, le ha dado la espalda tras un único contacto con su familia.
Pero la oficina de Rubio dijo a este diario que “hemos estado en contacto con la señora Juárez para ayudarla en la medida que sea posible”.
Según Soto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está revisando el caso de los Juárez tras una carta que éste envió a la agencia en marzo pasado, en la que calificó de “inaceptable” que el gobierno esté separando a familias que contribuyen a la seguridad nacional.
Desde el año pasado, el director interino de ICE, Tom Homan, ha dejado en claro que, aunque la prioridad de la Administración son los “criminales peligrosos”, todo inmigrante indocumentado está expuesto a la deportación.
En declaraciones a este diario, la oficina de ICE en Miami (Florida), explicó que en 1998 Juárez fue deportada de forma expedita una primera vez e intentó un segundo cruce ilegal, alegando ser ciudadana de EEUU. En agosto de 2013, cuando fue arrestada “por infracciones migratorias”, la agencia le restableció una orden de deportación, pero en 2015 y 2016 le suspendió la orden.
“En estos momentos, Juárez tiene que cumplir con la orden de deportación final”, afirmó ICE.
Más adelante, otro funcionario de ICE explicó que, cualquier acción respecto a la deportación de militares o personas con vínculos familiares debe ser autorizada por los altos mandos locales de la agencia tras una evaluación con los abogados.
Así, los cónyuges de militares pueden solicitar permiso para permanecer en EEUU mientras tramitan su “tarjeta verde”, pero eso implica que el DHS recurra a su discreción procesal y cancele una orden de deportación pendiente.
El mes pasado, el DHS eliminó los trámites de deportación contra la hondureña Elia Crawford, esposa de un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército, y los activistas esperan que, al igual que en ese caso, la publicidad generada sobre la situación de los Juárez también ayude.
