A todos nos duele Puerto Rico

“Me duele Puerto Rico”, me confesó hace poco un buen amigo boricua. Y no es para menos. La isla a duras penas se recupera de la peor catástrofe de su historia en medio de la desidia del gobierno federal, mientras los buitres del capitalismo dan vueltas sobre el alma de la isla.

Puerto Rico también me inspira profunda admiración por un pueblo que ante devastadoras circunstancias se niega a doblar la rodilla. Y esto lo volvimos a ver durante el paro nacional del primero de mayo que movilizó a cientos de miles de personas contra las draconianas medidas de austeridad del gobierno local y la Junta de Supervisión Fiscal, la entidad dependiente del Congreso Federal para gestionar los $70 mil millones de dólares de deuda de la isla.

“Los capitalistas del desastre, la administración Trump e incluso líderes locales quieren obligar al pueblo puertorriqueño a vender los bienes públicos para cumplir con injustas obligaciones de deuda a bancos internacionales”, dijo José Menéndez, presidente del Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club. “No vamos a permitir que los huracanes María e Irma se usen como excusa para robar los bienes más valiosos del pueblo de Puerto Rico”.

Uno de esos bienes es el sector energético, el cual es de especial relevancia ya que se tardó siete meses en restablecer la energía eléctrica en la isla tras el peor apagón de la historia de Estados Unidos, causado por el embate de los huracanes María e Irma. En febrero, el Gobernador Ricardo Rosselló propuso la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) —un monopolio público declarado en bancarrota— y el debilitamiento de la Comisión de Energía, encargada de monitorear a AEE.

El 99% de la electricidad de Puerto Rico viene de combustibles fósiles, lo cual hace que la cuenta de la luz sea el doble de cara que el promedio de Estados Unidos.

La isla tiene una oportunidad histórica de construir una red basada en la energía limpia —como las microrredes de energía solar— que la convertiría en un líder nacional en el desarrollo de tecnologías limpias y descentralizadas.

Pero para lograr esto, y para reconstruir la isla, el gobierno federal tiene que entregar los $90 mil millones de dólares que se estima que costará la reconstrucción.

La Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, califica la respuesta federal a la mayor catástrofe en la historia de Puerto Rico como “una violación de nuestros derechos humanos”. No solo se trata de dinero. También hay que tratar a nuestras hermanas y hermanos puertorriqueños como ciudadanos de primera clase.

Porque a todos nos duele Puerto Rico.

Javier Sierra es columnista del Sierra Club. Sígalo en Twitter @Javier_SC