DHS cancela TPS para Honduras, con demora hasta enero de 2020

WASHINGTON? El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este viernes la cancelación del “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para cerca de 60,000 hondureños que han tenido ese alivio migratorio desde 1999, con una demora de 18 meses hasta enero de 2020, desoyendo las advertencias sobre el peligro que afrontarían en Honduras y el daño económico a EEUU.

Con este anuncio, el gobierno de Donald Trump pone a los “tepesianos” hondureños y sus familias ante el dilema de regresar a un país con extrema pobreza y una innegable violencia, o quedarse “sin papeles” en EEUU y expuestos siempre a una posible deportación.

Contrario a otras decisiones sobre el TPS, el DHS no hizo conferencia telefónica sino que anunció la cancelación en un comunicado, en el que señaló que las condiciones que originaron esa concesión humanitaria, tras el paso del huracán “Mitch” en 1998, han mejorado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, decidió cancelar el TPS tras una serie de consultas y recomendaciones en un proceso interagencial, dijo el DHS en un comunicado.

Nielsen determinó que “la interrupción de las condiciones de vida en Honduras tras el huracán Mitch ha disminuido al grado que no debe considerarse sustancial. Por lo tanto, como lo requiere el estatuto vigente, debemos terminar la designación del TPS”.

Los “tepesianos” hondureños tendrán 18 meses, hasta el 5 de enero de 2020, para planear su salida o buscar “alternativas”, además de que eso dará tiempo a una “transición ordenada” y a que las autoridades hondureñas preparen el regreso y reinserción de sus conciudadanos, agregó DHS.

La nota indicó que los hondureños afectados podrían recibir otras a protecciones bajo las leyes migratorias si reúnen los requisitos. Los que están amparados al TPS tendrán que re-inscribirse y solicitar permisos de trabajo para mantener su protección hasta enero de 2020, y el DHS emitirá instrucciones en su debido momento.

El anuncio no calmó las ansiedades de los hondureños amparados al TPS, que ahora tendrán que buscar la forma de ajustar su estatus migratorio para quedarse en EEUU, o prepararse para una “salida ordenada” del país.

Esa situación se agrava por el hecho de que tienen 53,500 niños nacidos en EEUU y tendrían que escoger entre llevárselos o dejarlos con terceros.

Sin más “comodines”

El TPS es un programa humanitario autorizado por el Congreso en 1990 para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países por desastres naturales, conflictos civiles, u otras circunstancias extraordinarias temporales.

Honduras entró en la lista de TPS el 5 de enero de 1999 debido a la estela de daños ambientales que dejó “Mitch” el año anterior. La última prórroga de dos años fue el 16 de mayo de 2016, y venció el pasado 5 de enero. Pero en noviembre de 2017, al no tomar una determinación final, la agencia dijo que continuaría evaluando la situación en Honduras y dio una prórroga hasta el próximo 5 de julio.

Por reglamento, el DHS tenía hasta el próximo domingo para hacer el anuncio, pero la agencia decidió hacerlo hoy viernes.

Oídos sordos

 La decisión del DHS no tomó por sorpresa a nadie, ya que, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el año pasado, su gobierno comenzó a desmantelar el TPS, que ha dado cobijo de la deportación y permisos de trabajo a poco más de 320,000 inmigrantes.

Ya lo hizo anteriormente para los “tepesianos” de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Liberia y Nepal.

Así, la Administración hizo caso omiso a la intensa campaña de presión que desde el año pasado llevaron a cabo líderes demócratas y algunos republicanos del Congreso, entre estos Mario Díaz Balart, activistas comunitarios, expertos académicos, economistas, y centenares de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas.

Esa campaña incluyó protestas frente a la Casa Blanca, marchas, foros comunitarios, plantones y actos de desobediencia civil en el Congreso. Nada funcionó, y ahora la pelota queda en el tejado del Congreso.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Luján Grisham, dijo que la situación creará una “crisis innecesaria” y supone “otro ataque contra la inmigración legal que separará a madres y padres de sus hijos nacidos en EEUU, robará $10,900 millones de dólares de la economía estadounidense en diez años y minará nuestro interés en una Centroamérica estable y segura”.

Luján Grisham se quejó de que la Administración se cerró a toda solicitud para extender el TPS, y urgió al Congreso a que apruebe el “Acta de Promesa Estadounidense” para legalizar a los “tepesianos”.

“Seguimos esperando que el Congreso encuentre una salida, algo para legalizar a los tepesianos, porque ellos han contribuido a este país, y sin el TPS van a ir derechito a su deportación”, dijo a este diario Francisco Portillo, representante de la organización hondureña “Francisco Morazán”, de Miami (Florida).

Portillo viajó recientemente a Washington a presionar por una prórroga de 18 meses para el TPS, y para que el Congreso negocie una solución legislativa permanente.

El gobierno de Trump aparentemente restó importancia a que Honduras no está en condiciones ni para un goteo de inmigrantes deportados, ante la pobreza, una tasa de desempleo del 56 %, escasez de vivienda adecuada, pésima infraestructura, inseguridad alimentaria y una grave situación de violencia.

En 2017, la tasa de homicidio en Honduras bajó en más del 25% a 42,8 por cada 100,000 habitantes, que el gobierno de Tegucigalpa atribuyó a su “mano dura” contra los narcotraficantes y las pandillas.  Sin embargo, miembros hondureños de la caravana de inmigrantes que llegaron a la frontera sur el fin de semana pasado han sonado las alarmas sobre el clima de inseguridad en el país centroamericano.

La operación de restas del DHS

Con estadísticas a mano, cada grupo o activista destacó las enormes contribuciones de la comunidad de 57,000 “tepesianos” hondureños al tejido social y económico de EEUU y a la prosperidad de sus países mediante las remesas.

Hay alrededor de 46,700 “tepesianos” hondureños en la fuerza laboral de EEUU, y sin estos la economía nacional perdería $31,300 millones de dólares en la próxima década.

En 2015, los hondureños enviaron remesas a Honduras por $3,300 millones de dólares –o el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país– contribuyendo de esa forma al sustento de sus familias, según un informe del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP).

El año pasado, la cifra de remesas a Honduras totalizó $4,400 millones de dólares, o 18% de su PIB, de acuerdo con datos del banco central del país.

Repartición de palos

Al condenar a los “tepesianos” hondureños a un futuro incierto, la Administración Trump también estaría castigando a las economías de estados con alta presencia de esta comunidad, a juzgar por datos del CAP.

La mayoría está concentrada en estados como Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Maryland, en ese orden, y cada uno sufriría enormes pérdidas anuales.

Florida, donde viven 7,800, perdería $340 millones de dólares, mientras que California, que tiene a 5,900, perdería $307,3 millones de dólares, y Nueva York, con 4,600, perdería $271,3 millones de dólares, según CAP.

Por su parte, el “Centro de Recursos Legales para Inmigrantes” (ILRC, en inglés), los “tepesianos” de El Salvador, Honduras, y Haití , en su conjunto, contribuirían en la próxima década cerca de $164,000 millones de dólares a la economía.

En estados como California, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland, donde están concentrados, los beneficiarios del TPS añaden entre $1,200 millones de dólares y $2,700 millones de dólares a sus economías al año. Es la cantidad que perderían si los “tepesianos” son deportados.

Además, sin este grupo de inmigrantes, el Seguro Social y Medicare dejarían de recibir $6,900 millones de dólares, según ILRC.

Sin tierras, trabajo o futuro

Ya desde antes del anuncio oficial, líderes del Congreso y activistas de grupos cívicos en todo el país condenaron la decisión del DHS, calificándola de “cruel” e “inhumana”, porque Honduras no tienen las condiciones sociales o económicas para recibirlos si son deportados. También instaron al Congreso a aprobar una vía hacia la legalización y ciudadanía de los “tepesianos” centroamericanos.

Vicki Gass, asesora política de “Oxfam”, dijo que la decisión “destruirá la vida de decenas de miles de personas que han trabajado sin descanso para enriquecer nuestra sociedad y contribuir a nuestra economía”.

“Honduras es uno de los países más violentos del mundo; es inhumano e inadmisible deportarlos a la fuerza a un país donde sus vidas correrán peligro”, dijo Gass.

Los “tepesianos” hondureños llevan más de dos décadas en EEUU criando a niños nacidos en EEUU en hogares que les pertenecen y contribuyendo a la economía en la que han echado profundas raíces, indicó esta semana Nicole Svajlenka, analista política del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, en inglés).

A la luz de sus contribuciones en EEUU y Honduras, la cancelación del TPS es una “decisión cruel” que, al igual que en el caso de otros “tepesianos”, los devolverá a las sombras, advirtió.

Omar Banegas, un “tepesiano” hondureño” en Miami (Florida) resumió lo que significará su vida sin TPS: “esto me condena a una vida de miedo”.

“Después de décadas de buscarle un propósito a mi vida a través de la música y mi iglesia local, no es justo que tenga que empezar mi vida de nuevo”, dijo Banegas, de 29 años, quien toca en la banda “Ritmo Latino 305”.

Banegas emigró a EEUU con apenas un año de edad para tratar una enfermedad en un ojo que casi lo deja ciego y sabe que en Honduras no tendrá las mismas oportunidades ni acceso a servicios médicos.

“En Honduras no podré salir de noche. ¿Por qué me condena EEUU a ese destino después de todo lo que he hecho para hacer de mi comunidad un mejor lugar”, preguntó Banegas.

Es la frustrante pregunta que se hacen los “tepesianos” que tienen sus días contados en EEUU y esperan que el Congreso oiga sus súplicas.