Madres inmigrantes claman por respeto a la Administración Trump

NUEVA YORK.- Mientras todos celebraban el Día de la Madre, en Nueva York y a lo largo y ancho del país muchas madres padecían el calvario de vivir en la incertidumbre de la deportación, un clima que se ha ensañado con los más vulnerables a partir del advenimiento de la Administración Trump.

Este domingo, en medio de la pertinaz lluvia y las bajas temperaturas, defensores de inmigrantes y de los derechos civiles, junto a activistas comunitarios protagonizaron una marcha en Manhattan para exigir la libertad de Aura Hernández y todas las madres refugiadas en santuarios en Estados Unidos.

El lema de la marcha en Nueva York y a nivel nacional en este Día de las Madres fue, pedir al presidente Trump, frenar la ruptura familiar y decir no a la separación de familias.

Hernández, una madre indocumentada de Guatemala que ante su inminente deportación se refugió junto a sus dos hijos en la iglesia Fourth Universalist Society, hizo un llamado a los neoyorquinos a cerrar filas contra las políticas migratorias del presidente.

“Lo más grave es que el tiempo va pasando y veo que a las autoridades migratorias (ICE) esto no les importa. Hacen oídos sordos a nuestro sufrimiento, no tanto el de nosotros como adultos, sino lo que padecen los niños, quienes son los más afectados”, dijo Hernández en declaraciones a los medios, una vez que la marcha llegó hasta la iglesia.

Hernández ha estado viviendo en ese templo santuario desde marzo de 2018 con su hijo de 10 años, Daniel, y su hija de 16 meses.

“Mi hijo Daniel es el más afectado. Siempre está triste, nervioso. Me dice que tiene miedo de que al final no podamos salir de esta iglesia”, dijo la apesadumbrada madre, para quien si bien la iglesia le provee por ahora protección para no ser deportada, en la práctica es una prisión, porque no puede  salir ni vivir en libertad junto a su familia.

El mismo caso enfrenta la también guatemalteca Amanda Morales, quien lleva casi 9 meses refugiada en la iglesia Holyrood de Washington Heights.

El mismo drama a través del país

Para la guatemalteca Juana Luz Tobar Ortega de 46 años el Día de la Madre, fue un día más de soledad en la iglesia episcopal St. Barnabas en Greensboro, Carolina del Norte. Ella vive confinada en ese templo desde hace un año.

“Este es el baño, esta es mi ducha, aquí es mi cocina. Me gusta cocinar para mí y para la gente que me visita”, dijo la humilde mujer a un reportero a quien le hizo un recorrido por su refugio.

La suerte en esta celebración de las progenitoras no fue diferente para Rosa del Carmen Ortez-Cruz, una madre hondureña de 48 años, quien está refugiada desde hace un mes en  la iglesia de la Reconciliación, Chapel Hill, también en Carolina del Norte.

Ortez-Cruz tiene cuatro hijos, uno de 19 años que está en la universidad y tres niños más pequeños que ahora están con la familia de su padre en Greensboro. El más pequeño tiene 7 años.

“Cuando veo a alguien venir a traer a sus hijos aquí, me digo yo misma, qué bonito es poder traer a sus hijos aquí”, dijo la mujer que tiene muchas cicatrices de arma blanca en la espalda, el brazo y el estómago. Teme por su vida si regresa a Honduras. Su solicitud de asilo fue denegada y mientras tanto está en espera a su apelación en la iglesia de Chapel Hill, con la ayuda de varios voluntarios.

Lori Fernald Khamala encabeza el Programa de Derechos de Inmigrantes de Carolina del Norte en el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses y además coordina la iniciativa nacional “Sanctuary Everywhere”.

Khamala ratificó este domingo que le preocupa que ICE esté reteniendo a demasiadas comunidades como rehenes y destrozando familias.

Ambos casos fueron reportados por la radio pública WUNC 91.5.

El limbo de la reunificación familiar

Entre tanto, la ugandesa Deborah Jane, de 42 años, pidió asilo en Estados Unidos después de sufrir un ataque con ácido en su país natal en 2014. “Después de lo que pasó, supe que era hora de salir de Uganda”, dijo afligida Jane que, desde entonces, no ha podido ver a sus cuatro hijos.

“Tenían que venir en 2017 pero como el Gobierno de Trump decidió cancelar las reunificaciones familiares de refugiados, aún no he podido volver a estar con ellos”, relató Jane, quien tiene el 50 % del cuerpo quemado, en una conversación telefónica con periodistas.

“De haberlo sabido, no hubiera venido aquí”, lamentó la mujer de 42 años con motivo de la celebración del Día de la Madre.

La ugandesa que reside en Columbus, en el estado de Ohio, recuerda: “Este es mi caso y el de miles de madres que se encuentran en la misma situación”.

A finales de diciembre, un juez federal de Seattle, ordenó que se reanudaran las llegadas de familiares, pero cinco meses después Jane no ha recibido ninguna actualización de su caso.

Otra mujer que es condición similar es la mexicana Karina Ruiz, que vive con miedo de ser deportada y está cansada de tener que luchar cada día por seguir cerca de sus hijos, que viven con ella y su marido en la frontera que separa el estado de Arizona y México.

“El miedo a ser separada de mis hijos es real. Por eso tengo que venir cada dos por tres a Washington a presionar al Congreso para que nos dé una solución permanente”, apunta Ruiz, que es beneficiaria del programa migratorio de Acción Diferida (DACA) y directora de la Coalición Dream Act de Arizona.

DACA es un programa que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, que llegaron a Estados Unidos. siendo niños, permitiéndoles residir y trabajar legalmente.

Trump ordenó que DACA expirara en marzo, pero dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron posteriormente al Gobierno a mantener vivo el programa.

“Estamos en el limbo, y es una situación muy angustiante para nosotros y nuestras familias”, comenta la mexicana, que ha vivido casi 20 años en territorio estadounidense.

Además, las órdenes de Trump para incrementar el número de agentes migratorios impacta a las comunidades fronterizas y dificulta el día a día de Ruiz, sus familiares, amigos y vecinos.

La joven explica que ha visto a padres que han sido arrestados por las autoridades migratorias cuando se dirigían conduciendo al trabajo o recogían a sus hijos en la escuela, detenciones que han acabado en deportaciones a sus países de origen.

El caso de Aura Hernández, Amanda Morales, Juana Luz Tobar Ortega, Rosa del Carmen Ortez-Cruz, Deborah Jane y Karina Ruiz, son sólo seis de los cientos de miles de madres, según datos de varias organizaciones, que siguen esperando volver a ver a sus hijos o, simplemente, esperan no ser separadas de ellos.

Con información de EFE