El Supremo permite eliminar la acción judicial colectiva de los trabajadores

Con la unión se hace fuerza pero el Tribunal Supremo decidió el lunes que esta máxima no tiene por qué aplicarse en los conflictos que tengan los trabajadores que estén acosados, mal pagados o discriminados en sus empresas.

El lunes, la mayoría conservadora de los magistrados de esta Corte votó por primera vez que las empresas pueden usar cláusulas individuales de arbitraje para resolución de conflictos y ello impide que haya demandas conjuntas por parte de los trabajadores en caso de una presunta violación de legislación laboral federal. Robos de salarios, falta de pago de horas extras o demandas por acoso sexual son algunas de las causas que se llevarían ante un árbitro (cuya decisión es inapelable y confidencial normalmente), en vez de ante un tribunal. E individualmente por más que la situación afecte a un colectivo.

El magistrado nombrado por Donald Trump, Neil Gorsuch, leyó el criterio de la mayoría afirmando que la Ley Federal de Arbitraje está por encima de la Ley de Relaciones Laborales lo que se concreta en que los empleados contratados con la condición de que usen el arbitraje para solventar individualmente sus quejas legales carecen de derecho a la acción colectiva judicial.

Este tipo de condiciones de arbitraje no eran habituales hace apenas 20 años en las contrataciones pero se han extendido en empresas donde no hay una fuerte presencia sindical. El Economic Policy Institute (EPI) ha calculado que algo más del 56% de los trabajadores del sector privado sin representación sindical han tenido que firmar una cláusula de arbitraje individual para tener empleo. Muchos no son conscientes de ello.

De hecho, no ha sido uno sino tres los casos que se consolidaron ante el Supremo para solventar esta cuestión y fueron abiertos por trabajadores en Ernst & Young, Epic Systems y Murphy Oil USA que alegaron que se les habían pagado menos de lo debido.

Las empresas habían condicionado el empleo a la cláusula que impide la acción judicial conjunta. Los trabajadores aducen que litigar uno a uno elimina los beneficios de una sentencia a favor debido a los costos legales incluso en arbitraje con procedimientos establecidos por la empresa.

La Casa Blanca de Trump cambió la postura del Gobierno anterior y ante los magistrados se puso del lado de los argumentos de los empleadores.

La magistrada Ruth Bader Ginsburg estuvo encargada de dar voz al voto contrario a esta decisión que calificó como “atrozmente incorrecta”.

“Hay poder en los números”, explicó. Desde su punto de vista, el costo de la acción individual será disuasoria para los trabajadores en caso de que se reclamen pequeñas cantidades además se aumenta el riesgo de represalias y se facilita que se multipliquen los abusos ante el menor poder de los trabajadores. Las cláusulas de arbitraje tienen en muchas ocasiones límites a las indemnizaciones a pagar, por ejemplo, en casos de discriminación.

“Las acciones conjuntas de empleados han ayudado a combatir discriminaciones por razón de raza y género y son fundamentales para el cumplimento de estándares laborales como salarios y horas de trabajo”, explican desde el instituto de estudios EPI. Desde este centro de investigación se afirma que sin la posibilidad de agregar trabajadores será muy difícil si no imposible que los trabajadores puedan encontrar abogados que les representen y mucho menos en caso de los que tienen bajos ingresos.

Según Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, cinco magistrados del Tribunal Supremo decidieron “que es aceptable que las corporaciones retiren derechos a los trabajadores para que estos mantengan sus empleos”. Trumka calificó la decisión como “escandalosa y un error”.

“La Corte Suprema está enviando un claro mensaje que los derechos de las corporaciones importan más que los de la gente trabajadora”, se explicaba en un comunicado por parte del 32BJ SEIU.

Deborah Axt, de Make the Road New York, calificó la decisión de “inconsciente” y explicó que con ella “se permite que se engañe a los trabajadores con total impunidad”.

Sindicatos, organizaciones comunitarias y la propia magistrada Ginsburg, pidieron ayer al Congreso que intervenga para legislar frente a este veredicto.