“Los ciudadanos no deberíamos elegir entre nuestros matrimonios y nuestro país”

Para Randall Emery y miles de estadounidenses como él, las estrictas leyes de inmigración heredadas de anteriores gobiernos y la agresiva aplicación de las mismas en el gobierno de Trump no son solo un problema que concierne a extranjeros o inmigrantes.

“Estamos hablando de los derechos de ciudadanos de Estados Unidos que no deberíamos tener que elegir entre nuestros matrimonios y nuestro país”, dijo Emery, quien ahora vive en Canadá con su esposa de origen colombiano.

Emery es co fundador de una organización llamada “American Familias United” (AFU) formada especialmente por motivación de los cónyuges estadounidenses de extranjeros que han tenido problemas para lograr su residencia, aún estando casados con un ciudadano.

La organización no es nueva: fue iniciada en 2006 para luchar por cambios en las leyes que faciliten la legalización de personas casadas con ciudadano y evitar el rompimiento de las familias.

La situación de este grupo se hace más aguda con la renovada agresividad del gobierno de Trump en el tema migratorio, y el asunto se hace más irónico si se toma en cuenta que, como dice una petición “online” del grupo: “Trump es uno de nosotros” (Trump está casado con Melania, quien nació en Eslovenia).

Según estimados de la propia AFU -y aseguran que es un estimado conservador- al menos 350,000 ciudadanos están casados con esposos o esposas extranjeros que tienen problemas con la ley de inmigración.  El número podría ser más de medio millón, alegan.

“El grupo más olvidado del debate migratorio”

“Los ciudadanos estadounidenses son el grupo más olvidado en el debate migratorio“,  dijo Kim Anderson, otra líder de AFU. “Al mismo tiempo, somos el único grupo que se supone que puede patrocinar a un extranjero sin límite de visas”.

Las leyes migratorias hace mucho tiempo que desfavorecen a este grupo, haciendo muy difícil la legalización de personas indocumentadas aunque se casen con ciudadanos.

Los ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a sus cónyuges para la residencia legal y no hay límite en el número de visas para estos casos, pero la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) especialmente después de las reformas de 1996, pone una serie de condiciones que hacen imposible el ajuste a muchos de estos familiares.

Por ejemplo, la ley exige que, para obtener la residencia, el extranjero sea “legalmente admitido”, pero si un indocumentado sale del país para realizar su entrevista con la intención de entrar legalmente, queda atrapado por las “barras” de 3 o 10 años, dependiendo del tiempo que haya estado sin papeles en Estados Unidos.

Hay otras formas de ser “inadmisible”, aún teniendo un esposo o esposa ciudadano, como cometiendo un delito de los clasificados como “felonías agravadas” (prácticamente cualquier delito con una sentencia, aunque sea suspendida, de un año o más), o si fue deportado previamente y regresó.

Las cosas mejoraron un poco en los años de Obama, cuando no se priorizaron las deportaciones de personas sin antecedentes penales y se cerraron casos no prioritarios. Pero el advenimiento de Trump cambió las cosas de nuevo.

“Todo esto causa una gran dificultad y ansiedad para miles de ciudadanos estadounidenses”, afirma Emery. “Hay mucha gente que ha tenido que salir del país a lo largo de los años para acompañar a sus esposos o esposas que no pueden regresar a Estados Unidos. Es muy descorazonador que no tengamos los derechos que nos corresponden como ciudadanos debido a leyes sin sentido”.

La organización AFU es completamente autofinanciada por los afectados, afirma Emery. Los miembros activos que participan consuetudinariamente son alrededor de 600, pero entre sus objetivos está el de promover proyectos de ley para cambiar las leyes migratorias, afirmó.

“Nos encantaría tener apoyo de fundaciones, como lo tienen muchas organizaciones pro inmigrantes, pero hasta ahora no hemos tenido esa suerte“, afirmó Emery, quien es ciudadano dual de Canadá y Estados Unidos.

Buscan ampliar la ley para facilitar perdones (waivers)

Desde 2013, American Families United ha buscado el avance de un proyecto de ley bipartidista, The American Families United Act, copatrocinado por el congresista Steve Pearce (R-NM) y el congresista Beto O’Rourke (D-TX) que “reestablecería los derechos de los ciudadanos”, según reza el website de AFU.

El proyecto de ley facilitaría los “waivers” o perdones a migrantes “inadmisibles” en Estados Unidos como los que entraron antes de los 16 años y tienen un grado universitario, los que mintieron en su ciudadanía cuando eran menores de 18 años o cuando el castigo resultara en separación familiar con graves consecuencias para el inmigrantes o para un ciudadano o residente legal.

Hasta ahora, la medida no ha progresado en el Congreso, pero fue reintroducida de nuevo en febrero pasado en la actual sesión legislativa.

Los cónyuges no son, por supuesto, los únicos familiares ciudadanos afectados por las leyes migratorias. Según datos del Censo y estimados de diversas organizaciones, 5.1 millones de menores son hijos de indocumentados y el 79% son ciudadanos estadounidenses.

AFU está circulando una petición dirigida al presidente y al Congreso de Estados Unidos en la que piden, no “derechos para los inmigrantes, sino para los ciudadanos estadounidenses”.

“No estamos hablando de asesinos violentos o criminales de carrera. De hecho, no estamos hablando de los derechos de los inmigrantes. Le pedimos que defienda los derechos de inmigración de los ciudadanos estadounidenses“, reza la petición “online” que tiene unas 2000 firmas.

Entretanto, la agresividad del actual gobierno está causando la deportación y “auto-deportación” de familias enteras.

“Cuando uno pasa un poco de tiempo con estas familias te das cuenta del dolor que sufren”, dijo recientemente Lynn Tramonte, activista y directora de America´s Voice en Ohio. “No tenemos por qué separar a estas familias, elegimos, como país, hacerlo. Necesitamos un sistema mejor que tome en cuenta a las familias y a las personas completas en su rol como cuidadores, contribuyentes y miembros valiosos de una familia”. 

Las leyes ponen muchos límites, dijo Emery. “A menudo, los propios jueces no tienen autorización para tomar en cuenta el efecto de sus decisiones y eso tiene que cambiar”

(Esta nota es parte de una serie sobre ciudadanos afectados por la política migratoria de Estados Unidos)