Derechazo del Supremo a las organizaciones de trabajadores
El Tribunal afirma el derecho de no pagar al sindicato para trabajadores no afiliados
El Tribunal Supremo asestó el miércoles un duro golpe a la clase trabajadora al debilitar su representación y voz.
No es habitual que el Supremo revise y de la vuelta a una sentencia propia pero lo ha hecho para dar un derechazo a las organizaciones sindicales con el caso Janus vs. AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees).
El Alto Tribunal ha dado la espalda a una sentencia de 1977 para decidir que los trabajadores del sector público estatal, municipal y de condados que no son miembros de sindicatos no pueden ser forzados, en algunos estados, a pagar una tarifa a una organización laboral que les represente para cubrir los costos de negociación del contrato colectivo.
Aunque el precedente indicaba que estas comisiones solo estaban dirigidas a pagar por representación laboral y no política, el Tribunal ha determinado que la obligación de pagar por aquellos que no son miembros, por más que se beneficien de la protección sindical, viola sus derechos de libertad de expresión y asociación recogida por la Primera Enmienda de la Constitución.
Los sindicatos suelen apoyar las posiciones demócratas y en estos momentos están claramente alineados con posiciones pro inmigrantes. De hecho el Presidente, Donald Trump no tardó en tuitear que esta es una gran pérdida para las “arcas demócratas”.
Supreme Court rules in favor of non-union workers who are now, as an example, able to support a candidate of his or her choice without having those who control the Union deciding for them. Big loss for the coffers of the Democrats!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018
La sentencia permite que en mas de una veintena de estados trabajadores como maestros, policías, bomberos y personal administrativo, entre otros, no paguen esta tarifa llamada de “participación justa” por estar cubiertos por el contrato colectivo negociado por un sindicato al que no están afiliados y al que por lo tanto no pagan mensualidades como los miembros. Además, los sindicatos representan a los no miembros en caso de conflictos con el empleador, problemas que son caros de resolver en tribunales o mediación.
Sin estas tarifas muchos sindicatos perderán millones de dólares en unos momentos en los que la afiliación a la organización colectiva está históricamente baja aunque el año pasado subió ligeramente. Según recordaba ayer Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, “las familias trabajadoras saben que la mejor manera de tener un aumento, mejorar los beneficios y tener una voz en el trabajo es con un contrato negociado por la union”.
No obstante, esta decisión elimina el incentivo de pertenecer a una organización sindical, y por tanto a pagar esas mensualidades o dues, ya que permite que haya “free riders”, es decir quienes se benefician sin pagar. Los sindicatos de maestros, entre otros, pueden perder a miles de sus afiliados
Estas tarifas, que se las conocen como de “representación justa” no se cobran a trabajadores públicos federales o del sector privado en el que los sindicatos representan a los afiliados.
La decisión del Supremo está rubricada con cinco votos a favor de magistrados alineados con tesis republicanas y cuatro en contra. La juez Elena Kagan escribió el voto de disensión del de la mayoría defendido por Samuel Alito. Kagan dijo que se está “usando la Primera enmienda como un arma que deja que los jueces, ahora y en el futuro intervengan en políticas económicas y regulatorias”.
Women of color stand to lose the most from the #Janus outcome.
— Bonnie Castillo (@NNUBonnie) June 27, 2018
WOC face a double wage gap: a gender and a racial pay gap – #unions reduce both!
✊🏿 Black women in unions earn 37% more than non-union workers.
✊🏾Latinas in unions earn $242 more per week vs. non-union workers. pic.twitter.com/RLPaRFrISH
El Economic Policy Institute explicaba ayer que esta sentencia impacta directamente en 17 millones de trabajadores que trabajan para administraciones públicas “pero supone una amenaza para todos los trabajadores porque todos nos beneficiamos de tener sindicatos fuertes”.
Desde esta organización, y a juicio de muchos economistas, se argumenta que las políticas anti laborales han ido creciendo cuando se han debilitado los sindicatos y una prueba de ello es que ha coincidido la desigualdad de ingresos con la menor influencia de las organizaciones laborales. “Cuando la afiliación a las unions estaba en su máximo (33.4% en 1945) el porcentaje de los ingresos que iba al top 10 de la población era del 32.6%. En 2015, la afiliación era del 11.1% y el porcentaje de los ingresos a ese 10% más rico ha subido al 47.8%— el mayor incremento desde 1917”.
La menor fuerza de los contratos colectivos está coincidiendo con un estancamiento de los salarios porque hay menos poder para negociar. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, un trabajador que no es miembro de un sindicato gana el 80% que el sindicalizado.
🚨 LIVE: I'm reacting to the #Janus decision. Don't mourn, organize. #UnionStrong 🚨 https://t.co/lLlTikWLC3
— Richard Trumka (@RichardTrumka) June 27, 2018
Aunque Trumka prefiere hablar de la revitalización sindical también afirmaba que esta decisión es una “mancha política en el que supuestamente era el más honorable e independiente organismo en el mundo. Pero, y esto es más importante, dará poder a las élites corporativas para acabar con las aspiraciones de millones de trabajadores que piden juntos una vida mejor”.
El Gobernador de Nueva York, Andreu Cuomo dijo sin ambigüedad que la decisión “es un intento por romper los sindicatos” ,
Janus y los apoyos conservadores
Mark Janus es un especialista de apoyo infantil que trabaja para el estado de Illinois. No es miembro de Union pero pagaba una tarifa de representación justa de menos de $50 mensuales por estar cubierto por los servicios de esta organización laboral a la que denunció diciendo que no estaba de acuerdo con sus posiciones políticas y no quería pagar con quien discrepaba.
Como muchos casos Su caso ha estado apoyado por National Right to Work Legal Defense Foundation, una organización financiada por empresas y fundaciones como la de la familia Walton (los herederos del fundador de Walmart), según EPI y Liberty Justice Center, que tiene un apoyo financiero similar al que se une el Charles Koch Institute.
