La seguridad y la justicia en México en tiempos de AMLO

MÉXICO.- Descabellada o coherente. Arbitraria o acorde a los tiempos. La estrategia de seguridad del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún causa polémica entre la opinión pública porque para algunos responde a un reclamo social y, para otros, chocará tarde o temprano con la realidad.

Ejemplo de esta contradicción fueron las declaraciones recientes de Alfonso Durazo, quien será el próximo encargado de la seguridad pública, para reconocer que el Ejército no será retirado de inmediato, sino paso a paso, una promesa idéntica a la que realizó hace seis años el presidente Enrique Peña y que nunca cumplió porque nunca llegó a capacitarse a las policías civiles.

“Ni siquera se sabe quién será el secretario de la Defensa Nacional”, advirtió Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas.

López Obrador dijo en campaña que combatirá las causas de la inseguridad y el narcotráfico redefiniendo a la policía, apostando a la educación, cambiando el perfil del Ejército, con discursos de paz y amnistía, pero no respondió a una pregunta esencial: ¿los narcotraficantes estarían dispuestos a ceder sus millonarias ganancias?

“Si el nuevo gobierno no fortalece a los militares durante el primer año, el próximo sexenio se puede volver más que violento: caótico”, comentó Ibarrola.

Desde la otra ala de la seguridad pública, AMLO insistió en su más reciente reunión con su gabinete -el mismo con el que se reunirá todos los días a las 6:00 de la mañana en cuanto tome en sus manos al gobierno en diciembre próximo- que volverá a reconstruir a la Secretaria de Seguridad Pública independiente de la Secretaría de gobernación, y creará una Guardia Nacional, pero no dejó claro cómo va a reestructurar a esos organismos, ni qué tareas tendrían que realizar.

Por otro lado, preocupa a medio plazo la desaparición del Centro de Inteligencia Nacional (Cisen), su rechazo a ser custodiado por el Estado Mayor Presidencial o su convicción de viajar en el avión oficial destinado para el transporte del Ejecutivo.

“El virtual presidente electo pone en riesgo su integridad física, la de su familia y la de sus allegados”, advirtió la analista en temas de seguridad, Ana María Salazar. “Ahora todos, incluyendo sus seguidores y posibles enemigos, saben que pueden acercarse a él. Esto es un riesgo a la seguridad nacional y, por ende, a la estabilidad y la gobernabilidad del país”.

En materia de justicia, la consultora en temas de comunicación Zimat destacó en un estudio divulgado en la Cámara de Diputados, que aunque AMLO no separará a las fiscalías de su poder (una demanda constante) sí tiene planes innovadores como llevar a votación ciudadana universal a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o involucrar a la academia, gremios profesionistas y a la sociedad civil.