Administración desata guerra contra California y ecologistas con nuevo plan ambiental para vehículos
California y otros estados sopesan una nueva demanda contra la Administración
04/18/18/WILMINGTON/Smoke is seen from oil refineries in the Wilmington area. The Los Angeles-Long Beach region remains one of the most polluted in the country. (Photo by Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
WASHINGTON — La Administración Trump divulgó este jueves su anticipado plan para congelar ciertas normas ambientales en vehículos y camionetas, argumentando que ahorrará dinero a los consumidores, pero de inmediato provocó una inminente batalla legal de California y el movimiento ecologista.
El plan, que afectará a vehículos fabricados entre 2021 y 2016 una vez que entre en vigor, fue develado por la subdirectora de la Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), Heidi King, y el administrador interino de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA), Andrew Wheeler.
Wheeler argumentó en un comunicado que el plan ofrece normas ambientales “más realistas” y permitirá que un mayor número de estadounidenses puedan comprar “vehículos nuevos y más seguros, que contaminen menos”.
En concreto el plan pretende modificar ciertas normas de 2012 relacionadas con la eficiencia de combustible y la emisión de gases de efecto invernadero para modelos de vehículos y camionetas livianas fabricados entre 2021 y 2026, además de establecer nuevos estándares.
Un nuevo “asalto” contra California
El plan también restringe la autoridad de California de establecer sus propias normas sobre las emisiones de los tubos de escape de los vehículos –restricciones incluso más fuertes que las del gobierno federal-, como parte de sus esfuerzos por combatir el cambio climático.
Es un derecho establecido bajo el “Acta de Aire Limpio”(“Clean Air Act”), una ley federal aprobada por el Congreso en 1963 ?y enmendada en 1970 y 1990- con el objetivo de ahorrar dinero a las familias, fomentar la innovación en la industria automotriz, y reducir la contaminación en el sector de transporte, que es la principal fuente de emisión de sustancias tóxicas en la economía.
Otros doce estados, incluyendo Nueva York, Washington, Massachusetts y Pensilvania, además de la capital estadounidense, han seguido el ejemplo de California al establecer sus propias normas ambientales, y juntos conforman el 40% del mercado de automóviles nuevos.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, prometió hoy que el Departamento de Justicia estatal “usará toda herramienta legal a su alcance para defender las normas nacionales y reafirmar los hechos y la ciencia que las sustentan”, por considerar que el cambio climático es el asunto ambiental global más apremiante del momento.
Los fiscales generales de Massachusetts y Pensilvania, Maura Healy y Josh Shapiro, respectivamente, prevén sumarse a la nueva demanda de California contra la Administración.
Otros líderes demócratas temen que la batalla legal en ciernes fomentará un mosaico de leyes y regulaciones estatales sobre el medio ambiente – en un país ya fragmentado entre estados bajo control demócrata o republicano- y que, a largo plazo, perjudicará al sector automotriz y a las poblaciones.
“Como alguien que recuerda las alertas de smog de Los Angeles, no creo que alguien quiera regresar a aquellos días en los que el aire era tan denso y sucio que casi podías tocarlo. Esto no debe ser un asunto partidista; a todos nos interesa proteger el aire que respiramos, el agua que bebemos, y el planeta en que vivimos”, dijo la legisladora Linda Sánchez, vicepresidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC).
En señal de protesta, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein lideró un grupo de 32 demócratas en una resolución que reafirma el derecho legal de California para reducir las emisiones en los tubos de escape, y respalda el llamado “Programa de Una Nación. Una medida similar fue presentada en la Cámara de Representantes por el legislador californiano, Mark DeSalunier, y otros 60 demócratas.
Trump vs. los ecologistas
Para una nutrida coalición de grupos ecologistas, el plan es otro ataque del presidente Donald Trump en su estrategia de desmembrar las regulaciones ambientales instituidas por su antecesor, Barack Obama, para así borrar su legado.
Michael Brune, director ejecutivo del Sierra Club, cree que la propuesta se apoya en “mentiras y hechos alternativos”, y supone “uno de los ataques más significativos contra la limpieza del aire y la lucha contra el cambio climático de la historia, y Donald Trump deja claro una vez más que su lema es contaminarlo todo”.
“La administración Trump echó un jarro de agua fría a las comunidades que quieren respirar aire limpio y ahorrar dinero en la gasolinera, y lo hace solo para complacer a sus amigos en las corporaciones del país”, dijo Brune, cuya organización también sopesa una demanda.
Por su parte, Tiernan Sittenfeld, vicepresidenta senior para asuntos gubernamentales de la Liga de Votantes por la Conservación (LCV), dijo que la propuesta demuestra que, al igual que su antecesor, Scott Pruitt, Wheeler avanza “a toda máquina” a favor de “corporaciones contaminantes”.
“Las normas para vehículos limpios han ahorrado a los conductores más de $60,000 millones a la vez que ayudan a limpiar el aire y combatir el cambio climático. El desmantelar esta política que impulsa la innovación no es más que una transparente traición frente al sector petrolero, y lucharemos contra la Administración Trump a cada paso”, prometió Sittenfeld.
LCV ha advertido en las redes sociales de que las empresas petroleras serán las principales beneficiarias del plan.
El plan de Trump, aseguran sus detractores, será sinónimo de un mayor consumo de combustible, más smog y más contaminación por dióxido de carbono en las carreteras. La contaminación ambiental, según estudios, afecta principalmente a comunidades minoritarias y de bajos recursos, incluyendo a los latinos.
En efecto, el plan repliega las normas de pureza del aire que instituyó la Administración Obama tras una serie de consultas entre las agencias federales, fabricantes de automóviles, y la Junta de Recursos del Aire de California.
Las normas vigentes contaron en su momento con el apoyo de sindicatos y grupos ecologistas, porque el plan de Obama impuso límites en la contaminación causada por hidrocarburos, con la idea de ahorrar a los consumidores unos $1,700 millones en gastos de gasolina, y reducir el consumo de petróleo por hasta 4 millones de barriles a diario.
Apoyo popular a normas vigentes
Según una encuesta de marzo pasado, encargada por la Asociación del Pulmón Estadouidense (American Lung Association), cerca de siete de cada 10 estadounidenses apoyan que se mantengan sin cambios las normas ambientales en vigor.
No está claro qué efecto tendrá el plan en la venta de automóviles nuevos, que para junio pasado registró un total de 17,71 millones, un aumento del 0,39% sobre el volumen de 17,64 millones el mes anterior.
La propuesta fue divulgada en unos momentos en que la venta de vehículos eléctricos apenas arranca en el mercado y compite ferozmente con la venta de vehículos todoterreno que consumen más combustible.
La Administración iniciará un período de comentarios públicos una vez que el plan sea publicado en el diario oficial (“Federal Register”), y las partes interesadas podrán colocar sus opiniones en esta página oficial haciendo click aquí, bajo el expediente “EPA-HQ-OAR-2018-0283”.
La NHTSA y EPA realizarán tres audiencias públicas en la capital estadounidense, Detroit (Michigan), y Los Angeles (California), aunque por ahora no han precisado fechas y locales.
