Activistas exigen que EEUU permita a niños separados quedarse en el país

WASHINGTON? La Administración Trump “fabricó” la crisis de la separación de familias y el caótico proceso de reunificación y, como mínimo, debe permitir que las familias afectadas por esta práctica en la frontera sur puedan permanecer en Estados Unidos, afirmaron este viernes activistas.

Documentos entregados anoche ante un tribunal federal en San Diego (California) demuestran que 572 niños aún permanecen en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), a la espera de ser reunificados con sus padres, muchos de los cuales ya fueron deportados.

Consultados hoy por este diario, activistas de la comunidad inmigrante coincidieron en que la Administración tuvo la intención de causar daño para disuadir la emigración ilegal de Centroamérica y, como gesto de reparación, debe permitir que las familias afectadas por la política de “tolerancia cero” puedan quedarse en este país.

“Acá se ha cometido un grave abuso contra estas familias. La Administración debe meterle al esfuerzo de reunificación el mismo esfuerzo que le ha puesto a la deportación de las familias, si no mayor”, dijo Eric Schwartz, presidente del grupo “Refugees International”, que publicó esta semana un informe sobre el trauma de la separación familiar.

Schwartz acaba de regresar de la frontera de Arizona, donde vio de primera mano los esfuerzos por ayudar a las familias separadas, y condenó la práctica del gobierno de querer restringir aún más el acceso al asilo.

“Nuestro gobierno está cometiendo estos abusos, y los líderes políticos y miembros del Congreso tienen que saber que la Historia no los juzgará bien; no podemos permitir que estos actos se realicen con impunidad”, advirtió.

Para Schwartz, un buen primer paso sería que el presidente Donald Trump “se pare frente al podio en la Casa Blanca e instruya al fiscal general, Jeff Sessions, a que permita que estas personas afectadas por la separación familiar se queden en EEUU, y que los padres que fueron deportados tengan esa misma oportunidad”.

Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN en Washington, secundó la idea de permitir el regreso de los padres deportados, “para que se reunifiquen con sus hijos y también obtengan tratamiento para una reintegración exitosa”.

“Encima del trauma que ya traían al escapar de la violencia en sus países de origen o países de tránsito, acá vinieron a sufrir el trauma provocado por el Estado. El Estado fragmentó a estas familias, y por lo tanto tiene que responder”, enfatizó.

“Como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que seguir luchando, echando mano de todos los mecanismos para proteger a las familias. Todos los acuerdos existentes se ganaron en las cortes  “, observó Núñez.

En la actualidad, líderes demócratas en ambas cámaras del Congreso promueven sendas iniciativas que exigen la pronta reunificación de todos los 2,551 niños que fueron separados de sus padres en la frontera, un cese temporal a su deportación, y asistencia legal en sus casos.

Del total de niños separados, 1,535 han sido reunificados con sus padres bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y otros 444 han salido de la custodia de ORR y entregados a padres detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las etapas iniciales de la reunificación exigida por Sabraw, o entregados a otros familiares, según el gobierno.

Mientras tanto, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) ha venido presionando a la Administración a que rinda cuentas sobre el caos en la frontera. Recientemente se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, pero aún no ha recibido respuesta a una solicitud para reunirse con Sessions, quien anunció la política de “tolerancia cero” en abril pasado.

Una guerra en varios “frentes”

Núñez recordó que la separación de familias es apenas uno de los “frentes” que la Administración mantiene abiertos contra la comunidad inmigrante, además de los abusos reportados en centros de detención,  la eliminación del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) y el desmantelamiento del programa de “acción diferida” de 2012 (DACA).

El asunto de inmigración –estancado en el Congreso ante fisuras ideológicas entre ambos partidos- se perfila como uno de gran envergadura para los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre, y previsiblemente para las elecciones presidenciales de 2020.

Núñez aseguró que, a corto plazo, grupos como el suyo continuarán su campaña de presión a través de las cortes y, a largo plazo, seguirán movilizando el voto latino para cambiar la configuración política del Congreso.

Trump afirmó en varias ocasiones esta semana que está dispuesto a provocar un cierre parcial del gobierno si el Congreso no aprueba los fondos para la construcción del muro fronterizo y otras medidas para combatir la inmigración ilegal.

Sin embargo, su plan migratorio, ya fue rechazado recientemente por ambas cámaras, y pocos aliados republicanos respaldan su estrategia actual.

Entretanto, el juez federal en San Diego, Dana Sabraw, prevé realizar hoy otra audiencia para evaluar el proceso de reunificación de las familias, sobre todo para los 431 padres ya deportados.

Sabraw preside el juicio en San Diego, que es producto de una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) contra la separación de familias.

Anoche, la Administración pareció responsabilizar a ACLU por la localización de los padres al interior del país o ya deportados, para facilitar el reencuentro con los niños, lo que generó críticas de que, en efecto, el gobierno nunca tuvo un plan claro.

ACLU también ha pedido formalmente que se suspenda la deportación de las familias mientras se resuelven sus casos de asilo.