“Georgia viola la ley federal al negar acceso a Dreamers”

MALDEF argumentó que el sistema universitario estatal de Georgia está violando la ley federal al negar acceso a Dreamers protegidos bajo DACA

El futuro de DACA está en manos de las cortes y el de los Dreamers, en las de los políticos. (Foto: archivo)

El futuro de DACA está en manos de las cortes y el de los Dreamers, en las de los políticos. (Foto: archivo) Crédito: Ethan Miller/Getty Images

WASHINGTON? El Onceavo Tribunal de Apelaciones en Georgia escuchó este martes los argumentos de tres Dreamers a los que les fue negado el ingreso al sistema universitario estatal debido a su estatus migratorio, en unos momentos en que el tema de la inmigración ha teñido los comicios en ese y otros estados de la nación.

La organización cívica MALDEF presentó los argumentos orales ante el Onceavo Circuito de Apelaciones en la demanda que entabló en 2016 en nombre de Elly Marisol Estrada, Salvador Alvarado, y Diana Umaña, tres Dreamers que fueron rechazados por varias instituciones dentro del sistema universitario de Georgia.

En su momento, la junta de regentes universitarios rechazó el ingreso de los tres Dreamers por su estatus bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que protege de la deportación a ciertos jóvenes indocumentados y les da permisos de trabajo.

El sistema universitario permite que toda persona con “presencia legal” en Estados Unidos pueda pagar la matrícula que cobra al resto de los estudiantes residentes en Georgia, en un proceso conocido en inglés como “in-state tuition”.

Sólo que la junta de regentes decidió que los Dreamers amparados al DACA no entran en esa categoría, y les ha negado acceso a las 31 universidades estatales e instituciones que conforman el sistema.

En mayo de 2017,  una corte de menor instancia apoyó el argumento de la junta de que existe una diferencia entre “presencia legal” y “estatus legal”,  y que DACA fue un programa instituido mediante una orden ejecutiva y no una ley federal. Es decir, para efectos de la ley, los Dreamers son “inmigrantes ilegales”.

En entrevista telefónica con este diario desde Atlanta, el abogado de MALDEF, Burth G. López, explicó hoy que el estado prácticamente se ha atribuido la potestad federal de definir la “presencia legal” y clasificar a los estudiantes “no ciudadanos”.

“Bajo la ley federal, los beneficiarios de programas de acción diferida, incluyendo DACA, tienen presencia legal en EEUU… cuando salió DACA, (las autoridades universitarias de Georgia) cambiaron su política y excluyeron DACA de su definición de presencia legal”, señaló.

“Están violando la ley federal, porque las leyes migratorias son muy cuidadosas en cómo clasifican a personas no ciudadanas… solo las autoridades del poder Ejecutivo pueden regular y determinar quiénes pueden estar en EEUU” con presencia legal, enfatizó el abogado, quien espera que la corte emita una decisión en los próximos dos meses.

Para López, los jóvenes con “presencia legal” bajo DACA tienen las mismas condiciones que el resto de los estudiantes, y las autoridades de Georgia no pueden

Si el tribunal de apelaciones falla a favor de MALDEF, el dictamen beneficiaría a Dreamers en estados que están bajo su jurisdicción, no sólo Georgia, explicó López.

Se calcula que hay alrededor de 21,600 con protección de DACA en Georgia.

En mayo de 2017, un tribunal de menor instancia le dio la razón a la junta de regentes, argumentando en parte que el sistema universitario estatal tiene “amplia discreción” en lo que respecta al cobro de matrículas.

Según MALDEF, ese tribunal se apoyó a su vez en un dictamen del Quinto Circuito de Apelaciones, presidido por el juez federal Andrew S. Hanen, que en 2015 bloqueó la expansión de DACA y la adopción de un programa similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DAPA”.

Hanen ahora también estudia una petición de una coalición de Texas y otros seis estados para frenar la reactivación de DACA para la renovación de permisos, ordenada por otros tres jueces federales.

Para estudiantes que no son considerados “legales”, o que son residentes de otros estados, la matrícula es poco más del triple.

Según un desglosado del sistema universitario estatal, la matrícula por un semestre para el año fiscal 2019 para estudiantes a tiempo completo en la Universidad de Georgia, por ejemplo, es de $4,776, pero para estudiantes extranjeros o que proceden de otros estados es de $14,063.

El tema de la inmigración está jugando un papel dominante de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre, en los que demócratas y republicanos se disputarán el control de ambas cámaras del Congreso y una veintena de gobernaciones.

En Georgia, la demócrata Stacey Abrams y el republicano Brian Kemp están en la contienda por gobernador del estado y han mantenido posturas diametralmente opuestos en torno al futuro de DACA.

Abrams apoya que los Dreamers asistan a las universidades públicas de Georgia, incluso con becas, porque considera que los jóvenes no son una “carga” y contribuirán a la economía estatal, además de que la educación es un derecho legal bajo la Constitución del estado.

Mientras, Kemp ha prometido que, si gana la contienda, no “premiará la conducta ilegal con dádivas, beneficios y becas” a costas del resto de los residentes del estado que trabajan duro para subsistir.

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