Administración Trump minimiza demanda por cambios en reglamentos sobre “carga pública”

El Departamento de Estado modificó su manual consular de tal manera que pueda negar visas a solicitantes en el exterior si sus familiares en EEUU reciben ciertos beneficios públicos
Administración Trump minimiza demanda por cambios en reglamentos sobre “carga pública”
El Departamento de Estado modifica sus reglas para otorgar visas.
Foto: Getty Images

WASHINGTON — El Departamento de Justicia intentó este jueves minimizar una demanda entablada por la ciudad de Baltimore (Maryland) contra cambios que hizo el Departamento de Estado en sus reglamentos sobre “carga pública” para solicitantes de visa en el exterior.

En lo que supone la primera demanda de su tipo, la ciudad de Baltimore quiere frenar los cambios que implementó en enero pasado el Departamento de Estado en su manual consular, y que en principio dificultan el acceso a la residencia permanente y otras visas para personas con familiares que reciben beneficios públicos.

Esos cambios en el “Manual de Asuntos Exteriores” son similares a los que sopesa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitantes de visa dentro del país. El plan del DHS también castigaría a personas que soliciten servicios de beneficencia pública, como cupones de comida, subsidios de vivienda y cobertura médica bajo “Medicaid”.

Bajo los cambios al manual, los funcionarios consulares en el exterior que determinan la concesión de visas de ingreso a EEUU podrán tomar en cuenta si los familiares del solicitante ya están recibiendo esa ayuda pública en este país.

Es decir, si el solicitante tiene familiares establecidos en EEUU y éstos reciben ciertos subsidios públicos, las autoridades consulares tendrán la libertad de negarles una visa.

Pero, al igual que con otras demandas contra el gobierno, el Departamento de Justicia afirmó hoy que la idea es promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes.

“Desde la fundación (del país), en general se ha esperado que quienes inmigran a este país sean autosuficientes. El problema de Baltimore es con el lenguaje de nuestras leyes de inmigración no con las políticas de la administración Trump”, afirmó en un correo electrónico enviado a la prensa un portavoz del Departamento de Justicia, Steven J. Stafford.

Consultado por este diario, Stafford no elaboró qué significa esa declaración ni cuáles son los pasos que tomará la Administración contra la demanda, que cita por nombre al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

El gobierno tiene 60 días para responder a la queja, que fue entablada con la ayuda del grupo cívico “Democracy Forward”.

La nueva demanda alega que el cambio en el manual consular viola la Constitución, y por lo tanto pide que el tribunal ordene el restablecimiento de una norma sobre “carga pública”, menos estricta, que data de 2007.

Al anunciar la demanda durante una rueda de prensa, Catalina Rodríguez Lima, directora de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos de Inmigrantes, dijo ayer que, pese a los esfuerzos de la Administración Trump, Baltimore luchará por mantener su tradición de dar la bienvenida y facilitar la integración de inmigrantes.

Según datos del Censo, para 2011, más de 45,000 extranjeros vivía en la ciudad portuaria de Baltimore, en el noreste de Maryland, y han contribuido a su crecimiento económico.

Según Rodríguez Lima, el 9% de los negocios en Baltimore está en manos de extranjeros, mientras que los hogares inmigrantes tienen en su conjunto un poder adquisitivo de $964 millones.

La alcaldía no precisó cifras de cuántas visas ha negado el Departamento de Estado siguiendo los nuevos reglamentos del manual consular.

Grupos cívicos como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el “Center for Law and Social Policy” (CLASP, por su sigla en inglés), han liderado la batalla contra los cambios en los reglamentos de “carga pública” que quiere imponer el DHS el próximo año.

Hasta el momento, la agencia ha recibido cerca de 100,000 comentarios públicos contra los cambios en la definición de “carga pública” que el DHS implementará una vez que revise los comentarios.

Según activistas, el asunto de la “carga pública” ha generado hasta esta mañana un total de 99,732 comentarios, en lo que supone la mayor participación del pública de todas las regulaciones propuestas por el DHS. Por ejemplo, el “Acuerdo Flores” de 1997, sobre el manejo de niños no acompañados y detenidos en la frontera sur, generó en su momento 99,676 comentarios.