Congreso envía a Trump reforma de sistema de justicia criminal
Aunque no corrige el encarcelamiento masivo, la medida es un buen "primer paso" hacia mejoras en las sentencias para reos en cárceles federales, aseguran activistas
Histórico voto, antes de fin de semana, sobre la mayor reforma de justicia criminal. Crédito: (Archivo / Getty)
WASHINGTON— El Congreso aprobó este jueves de forma abrumadora una extensa reforma del sistema de justicia criminal en décadas y la envío al presidente Donald Trump para su promulgación, dando una “segunda oportunidad” a reos condenados por delitos de droga menores.
Con 358 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la medida denominada en inglés como “First Step Act”, dos días después de que el Senado le pusiera su sello con una votación de 87-12.
Trump felicitó al Congreso por aprobar la medida y aseguró que la labor bipartidista, como la demostrada en esta legislación, puede mejorar la seguridad en EEUU.
Congress just passed the Criminal Justice Reform Bill known as the #FirstStepAct. Congratulations! This is a great bi-partisan achievement for everybody. When both parties work together we can keep our Country safer. A wonderful thing for the U.S.A.!!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
La legislación bipartidista, negociada con la ayuda del yerno y principal asesor político de Trump, Jared Kushner, moderniza y reforma las leyes que dictan las sentencias para los 181,000 reos en cárceles federales, y les permite agilizar su puesta en libertad por buena conducta.
Es una pequeña fracción de una población carcelaria de 2,1 millones, una de las más grandes del mundo.
Aunque la medida no afecta la lucha contra las drogas ni hace cambios en la política de encarcelamiento masivo en las cárceles locales y estatales, sus partidarios aseguran que es un “buen primer paso” y corrige algunas de las injusticias más flagrantes en el sistema de justicia criminal.
La medida, por ejemplo, también flexibiliza las leyes contra la reincidencia criminal, conocidas en inglés como “three-strikes”, que desde 1994 permitían imponer la cadena perpetua a reos condenados por un delito violento y que ya habían sido condenados por otros dos delitos graves.
Así, los jueces tendrán la flexibilidad de imponer una sentencia de 25 años y no cadena perpetua en ciertos casos, incluyendo de personas condenadas por delitos de drogas, aunque la ley mantiene en pie las sentencias mínimas obligatorias para otras condenas.
La medida también pretende mejor las condiciones en las cárceles federales, prohíbe el uso de esposas en prisioneras parturientas, y exige el traslado de reos a cárceles más cercanas a sus familias.
Pero, bajo esta medida, los inmigrantes indocumentados o las personas condenadas por delitos graves, no serían elegibles para ganar “créditos” que les permitan reducir sus sentencias por buena conducta o por participar en programas de rehabilitación.
El saliente presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, afirmó que estas reformas “no sólo reducirán la reincidencia criminal y mejorarán la seguridad comunitaria sino que ayudarán a las personas a llevar vidas con propósitos”.
“Hoy es un día alentador para incontables familias que están listas para un nuevo comienzo”, enfatizó.
Por su parte, el presidente electo del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, destacó que la legislación, no obstante, reducirá el impacto de ciertas sentencias mínimas obligatorias y se aplicará de forma retroactiva para reducir la sentencia a personas condenadas por posesión de cocaína “crack”.
“Continuaremos trabajando en el Congreso para supervisar la implementación de estas reformas, así como del nuevo sistema que permite a algunos prisioneros federales ganarse un ingreso temprano” a programas de custodia previa a su libertad, agregó Nadler.
La medida también ganó el respaldo de grupos cívicos que durante años han impulsado una reforma del sistema penal en EEUU, entre éstos el Centro Brennan para la Justicia, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), y “Familias contra Sentencias Mínimas Obligatorias” (FAMM), y otros grupos en todo el espectro político.
